Piden ONG que se esclarezca el asesinato de 22 jóvenes en Tlataya, Edomex, por el Ejército

Observadores de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU visitó la bodega en donde los jóvenes fueron ejecutados

Fernando Hernández

Chilpancingo

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigieron al gobierno Federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) que aclare las versiones en torno al supuesto fusilamiento de 22 jóvenes, algunos de ellos originarios de la Tierra Caliente, ocurrido tras una incursión militar en la comunidad de San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, a unos 20 minutos de Arcelia.
Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no había fijado una postura de la masacre en la que fueron abatidos por el Ejército 21 jóvenes y una muchacha en San Pedro Limón el 30 de junio.
Según información de medios nacionales, un grupo de observadores de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó la bodega de San Pedro Limón en donde los jóvenes fueron ejecutados.
En un reportaje de la agencia de noticias Associated Press (AP) que fue retomado por periódicos como el The Washington Post se manifestó que testigos de la incursión militar dijeron que los jóvenes habrían sido fusilados por los soldados, y que de acuerdo a versiones extraoficiales del gobierno del Estado de México las víctimas eran del estado de Guerrero.
El miércoles el alcalde priista de Arcelia confirmó que algunos de los jóvenes ejecutados eran originarios de comunidades de ese municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, así como de pueblos del municipio de San Miguel Totolapan.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que cerró en el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”.
“El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales. Las organizaciones que suscribimos hemos enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la PGJEM, sobre los hechos, e insistimos en que esta información debe de ser de carácter público”, exigen las organizaciones.
En el comunicado conjunto exhortan “al gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la Sedena”.
Según el periódico Reforma Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco y Luvianos son algunos de los municipios del Estado de México donde la violencia no cesa.
Estos municipios mexiquenses forman parte de El Triángulo de la Brecha, zona colindante con Guerrero y Michoacán, donde según autoridades federales existe una disputa por el control de las plazas por parte de los cárteles, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.