Megaproyectos sin consultas obliga a los pueblos a organizarse, señalan en foro por el 20 aniversario de Tlachinollan

*Participan indígenas de Oaxaca, Michoacán y Puebla quienes dan testimonio de su resistencia contra los proyectos mineros

Carmen González Benicio

Tlaquilzinapa, Tlapa

En el foro Desde el corazón comunitario de las resistencias que se realizó en el marco del 20 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,  Tlachinollan se habló de los megaproyectos y la resistencia de los pueblos, la minería y los sistemas normativos de las comunidades.
A la cancha del seminario Tonantzin, ubicado en la comunidad de Tlaquilzinapa llegaron indígenas nahuas, me’phaa, na savi, ñomda y otros provenientes de los pueblos de la región y de estados como Oaxaca y Michoacán. Asistieron más de 700 personas.
El aniversario de Tlachinollan inició con la mesa de Megaproyectos y resistencia de los pueblos en la que participaron como moderadora, Maribel González  quien dijo que “los megaproyectos se dan sin consultar a los pueblos afectando sus recursos naturales lo que los obligaba a organizarse”.
Por su parte, Pedro López Orozco, de la comunidad de Álvaro Obregón, Oaxaca y perteneciente a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio contó su resistencia a la instalación de los parque eólicos que “afectan a las aves, los peces y la vida de los indígenas que habitan cerca”, dijo, porque no los consultaron y se están acabando sus recursos.
Afirmó que no permitirán que la empresa Mareña Renovables siga instalando más parques eólicos porque no dejan nada. Llamó a que “no caigan en los partidos políticos que sólo dividen”.
Gabriel Espinoza del Comité Salvemos Temacapulín de los Altos de Jalisco habló de su firmeza contra la implementación de la presa en su territorio, la cual acabará con territorio y pese a que no los reconocen como indígenas, sus orígenes están ahí y se rigen por usos y costumbres, señaló.
Dijeron que su oposición es porque se inundarán más de 100 comunidades y tierras de cultivo lo cual  sólo se beneficiarán las ciudades como Guanajuato, León, Fresnillo y las empresas que pretenden administrar el agua durante 25 años.
Comentó que les prometieron indemnizaciones sin que éstas lleguen y ahora que se pretende parar el proyecto no se puede pese a que han interpuesto amparos, los cuales no se han respetado.
Agregó que están en resistencia y están implementando campañas “para volver a la raíz” porque no es posible que las grandes ciudades se coman a los pueblos pequeños.
Otra de las participantes, María de Jesús García, manifestó la importancia de las mujeres en los movimientos y llamó a no caer ante los interesés de las empresas transnacionales.
En esta mesa, en una de las participaciones, se pidió la libertad de los policías comunitarios que surgieron por la inseguridad y por los altos índices delincuenciales que existenten. Dijeron que están cansados de levantones, secuestros, extorsiones y robos de ganado por lo que solicitaron el apoyo para la libertad de Arturo Campos, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y demás compañeros. En el mismo tenor se pronunció Matilde Salgado García, hermana de Nestora, “sigamos luchando por los presos políticos, vamos a seguir en la lucha, para que nuestros compañeros salgan pronto”.

La minería y la resistencia de los pueblos indígenas

En la segunda mesa, se abordó el tema de la minería, moderada por Miguel Ángel Mijangos quien dio paso a Gonzalo Gálvez de REMA quien habló de que los tratados de libre comercio que se abrieron en el país afectaron a la población al quitarle los subsidios al campo lo que hizo que la producción bajara y los campesinos migraran.
Dijo que esos tratados comerciales permitieron que las empresas transnacionales y los megaproyectos se asentaran en los territorios de los pueblos con productos transgénicos, parques eólicos y aeropuertos.
Alertó que se viene un tratado comercial más agresivo, que el Tratado de Libre Comercio de 1994, el  Transpacífico, por lo que ahora el gobierno federal modificará las leyes con las reformas y con esto acabar con las resistencias que existen en los territorios de los ejidatarios y comuneros quienes ahora “venderán su tierra para que se exploten sus recursos en beneficio público”.

Agregó que toda la infraestructura que anunció el presidente Enrique Peña Nieto son obras asociadas a los grandes proyectos, avalados en el paquete de reformas recién aprobadas que permitirán la extracción de semillas, gas, agua, petróleo, siembra de soya y maíz  transgénico, entre otros recursos y se apropiarán de grandes extensiones de territorio a través de la minería o las hidroeléctricas.
Informó que en el país hay 94 millones de hectáreas concesionadas, casi la mitad del territorio con 45 mil concesiones mineras las cuales fueron repartidas en el 2013, de éstas 22 son para el estado de Guerrero.
Dijo que “el modelo caminaba a ritmos  acelerados, en el país ya se habla de la fractura hidráulica para extraer gas, como parte de las políticas de Peña Nieto sin tomar en cuenta el grado de contaminación y las afectaciones a los pobladores”.
Enfatizó que  las reformas son un reto fuerte para las comunidades que están en resistencia por lo que deben buscar estrategias comunes para poder actuar cuando el Estado criminalice la lucha social y a la par generar estrategias de seguridad para organizarse, resistir y generar alianzas para proteger el territorio y la tierra ante los embates de las reformas federales. “Si  Tlachinollan pudo resistir 20 años entonces se pueden 20 más”, concluyó.
En el foro participó el pueblo wixárikas que comparte espacios con los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, el cual enfrenta actualmente a las mineras que pretenden acabar con su identidad y territorio ancestral al destruir los espacios donde están sus altares, sus lugares sagrados, donde se concentran sus energías, sus dioses del agua, de la lluvia y el sol, los venados y su planta simbólica, el peyote. Por lo que “nuestra lucha espiritual es para que se mantenga con vida lo que dejaron nuestros ancestros ante el despojo, las invasiones con las carreteras, la tala y las minas”, exclamó.
Dijo que en ese territorio hay 68 concesiones mineras que ocupan más del 80 por ciento del territorio y el Estado mexicano confunde a la sociedad minimizando la cosmovisión de los pueblos reduciéndolos a un espacio pequeño.
Los wixárikas cuestionaron la falta de consulta que violenta su espacio natural y su planta sagrada por lo que consideraron conveniente que haya una representación de la ONU, porque pese a que se les concedió el amparo ante las 72 concesiones mineras, no desistido la intención de las mineras de entrar a sus pueblos, pese a que ya existe poca agua.
Señalaron que continúan organizándose para hacer valer sus derechos por la vía legal. Su territorio es ya es una reserva natural y piden que por lo tanto la UNESCO lo considere un patrimonio cultural de la humanidad para su protección, ya que el Estado busca confrontarlos y corromperlos ofreciendo empleos y dinero en una zona donde no hay trabajo, aprovechándose de la pobreza de sus habitantes.
Al respecto el moderador Miguel Ángel Mijangos dijo que la acción correcta para alejar los megaproyectos de los pueblos sería  la cancelación de los mismos, porque se usan otros términos sólo para que se baje la guardia, advirtió.
En el foro participaron los indígenas nahuas de Cuetzalan, de la sierra de Puebla, quienes dijeron que los gobiernos los meten en la confrontación y su forma de resistir a las empresas transnacionales ha sido con la producción de productos locales.
Agregaron que su resistencia es ante un proyecto denominado “Bosques de niebla” que sin permiso llegó a la zona de recargas de los mantos freáticos con prestanombres,  como el ex gobernador Mario Marín y la Cdi, sin dar parte a los 18 mil habitantes y a la misma autoridad municipal.
Mencionaron que la forma de enfrentar ese proyecto fue con la realización de un ordenamiento territorial por lo que hicieron una serie de talleres de como era, que había y el futuro de su pueblo y eso presentaron a los habitantes y a las empresas como Pemex, que aceptó retirarse, pero desconocen si las mineras harán lo mismo, por lo tanto persiste el riesgo de que otras comunidades puedan ceder. “Se debe luchar porque las concesiones son a 50 años”.
Lucero Juárez Rosas agregó que les preocupan los lotes mineros porque están en los mantos freáticos y el bosque “todo se acabará pendemos de un hilo pequeño que es el ordenamiento que establece que nos deben consultar, nos preguntan si queremos desarrollo y corremos a las empresas, sí pero no por encima de la vida, con proyectos de muerte”. Agregó que no saben cómo defenderse si el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tiene su “Ley bala” si se manifiestan.
Sobre el tema de la minería participó la comunidad me’phaa de San Miguel el Progreso, que presentó un video que recoge el porqué de su oposición a la minería a cielo abierto, ya que traerá enfermedades, contaminará el agua y la tierra que les da de comer.
Mencionaron que ganaron el amparo contra las concesiones mineras, el pasado 6 de enero de 2014, pero  el gobierno federal no quiere ceder  porque la Secretaría de Economía no está de acuerdo y se inconformó al decir que la comunidad no tiene derecho porque no es indígena y que no se le tiene que consultar porque son facultades de Ejecutivo.
Agregaron que por eso pedirán que el caso se vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación  donde pedirán que se analice la Ley minera y se le declare inconstitucional lo que respaldará las inconformidades en otros estados “ya que es una para todos”.
El comisario municipal dijo que buscan defender el agua, sus árboles, todo lo que está en su territorio, después ya no podremos agarrar ni el quelite, dijo.
En la Montaña 17 comunidades levantaron actas de asamblea de rechazo a las mineras y el caso de San Miguel el Progreso sería más del 80 por ciento de su territorio concesionado, pero “afortunadamente se frenó hasta que haya una consulta a los pueblos”.

Los sistemas normativos de los pueblos indígenas

Vidulfo Rosales Sierra habló de los esfuerzos autonómicos construidos desde los pueblos, donde  radica la riqueza que dio pie a la tercera mesa, donde participaron el Sistema de Justicia Comunitaria Policía Ciudadana y Popular (SSJC-PCP), de los municipios de Olinalá y Cualác quienes buscan cambiar las cosas desde abajo con la concientización de las personas y con la soberanía, dijeron.
Señalaron que ellos educan a la gente para evitar que siga reproduciendo conductas negativas y que su sistema ha crecido hasta la ciudad de Tlapa donde instalaron su policía en la colonia Zapata.
Se presentó un video con la experiencia de la SSJC-PCP en el que detallaron su propuesta de seguridad por la vía pacífica, sin armas.
Estuvieron los familiares del joven na savi de Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc que se encuentra detenido tras participar en la persecución de una persona en Cochoapa el Grande y es acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
Estuvieron también integrantes de la CRAC de la casa de San Luis Acatlán quienes contaron la historia de su fundación y su sistema de justicia y seguridad.
Se hablaron de errores que cometió la CRAC y que la llevaron a la situación que atraviesa y uno fue que permitieron la llegada de los recursos económicos del gobierno estatal y la otra, que se permitiera la incorporación de comunidades sin tomar en cuenta su reglamento interno que dice que para ser parte hay que estar en las reuniones durante dos años.
Hoy continuarán con las mesas, después se hará una marcha al centro de Tlapa, la comida y la misa a las 8 de la noche para cerrar con la lectura del informe de actividades a las nueve de la noche.