* Moisés Alcaraz Jiménez *

Equidad electoral y voto limpio

El Consejo Local del IFE y el gobernador René Juárez Cisneros firmaron este miércoles un convenio mediante el cual el Ejecutivo se compromete a no publicitar obras y programas sociales del gobierno durante los 20 días previos a la jornada electoral del 6 de julio.

Se trata de un convenio único en su tipo en el país que se acordó desde antes que el Consejo General del IFE aprobara hacer un llamado al Ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados en los mismos términos del acuerdo que se firmó aquí. Algunos gobernadores decidieron de manera unilateral y sin que mediara acuerdo alguno con las autoridades electorales, suspender la difusión de sus obras y otras acciones de gobierno que pudieran confundirse con la promoción del voto para sus candidatos y partidos.

En Acapulco, el presidente municipal, Alberto López Rosas, notificó la semana pasada al Consejo Local del IFE, que por convicción propia suspenderá a partir del 15 de este mes la propaganda de las obras y programas que realiza la administración municipal. Sería muy positivo para la democracia en Guerrero que el resto de presidentes municipales siguieran ese ejemplo, para favorecer un proceso electoral y unos comicios el 6 de julio próximo mas limpios y transparentes.

Se trata de un documento que ambas partes firmaron de buena fe y de común acuerdo, sin que para ello exista alguna norma jurídica que los obligue a hacerlo, más que el interés mutuo de fomentar una contienda más equitativa y libre de injerencias que contaminen el proceso.

Podría pensarse que teniendo un marco jurídico electoral sólido, reconocido como uno de los instrumentos fundamentales que han contribuido al avance democrático del país y que permitió la alternancia pacífica en el gobierno, no hay razón para firmar ese tipo de acuerdo. Bastaría que todos los actores políticos respetaran esa legislación y se sometieran a ella para garantizar la tranquilidad, la equidad y la limpieza de las contiendas.

Sin embargo, no es así. En un entorno altamente cambiante y cuando nuestro nuevo régimen político aún está en proceso de consolidación, cualquier legislación electoral resulta obsoleta en poco tiempo y requiere de una permanente revisión y actualización. Ese contexto hace surgir la necesidad de construir acuerdos y consensos adicionales a las normas jurídicas, a fin de hacer frente a situaciones emergentes que produce la dinámica de los procesos electorales y  que las leyes actuales no contemplan.

Tal es el caso de la promoción de obras o programas de gobierno que en tiempos electorales adquieren un sentido evidentemente proselitista, no obstante que se afirme lo contrario; o las giras supuestamente de trabajo que realizan los mandatarios y que encubren claros fines de promoción del voto hacia sus correligionarios. En tiempos electorales todos los gobernantes intensifican la propaganda de sus obras, el más claro ejemplo lo es actualmente el propio presidente de la República, y no existe ninguna ley que se los impida, generando con ello procesos desiguales e inequitativos.

Si se considera que la propaganda de cualquier gobierno en tiempos electorales tiene como principal propósito promover el voto para los candidatos de sus partidos, y por ello las autoridades electorales hacen sus ya tradicionales llamados a suspender esa difusión, estaríamos hablando inclusive de que esos gobiernos están incurriendo en un claro delito electoral, que es prácticamente imposible de probar con la legislación vigente.

Es por ello que acuerdos como el firmado el pasado miércoles, que aparentemente no tienen sentido porque para eso están las leyes en la materia, adquieren una gran relevancia. No sólo corresponde a las partes firmantes vigilar su cumplimiento. La sociedad en general y los partidos políticos en particular, en especial los propios candidatos, deben vigilar su plena observancia, pues se trata de subsanar vacíos en la ley y evitar que esas lagunas jurídicas alteren la voluntad popular.

Además de este asunto, existen otras insuficiencias legales que permiten realizar todo tipo de actos que si bien la actual legislación no sanciona, no por ello dejan de constituir verdaderos atentados a la democracia. Entre ellos se encuentran las ya famosas precampañas, que son tierra de nadie y no existe ninguna regulación al respecto. Las muy limitadas atribuciones de los órganos electorales para fiscalizar el gasto de los partidos, es otro aspecto que requiere ser atendido.

Son varios los asuntos que obligan a una revisión a fondo de las legislaciones electorales federal y estatales. Mientras ello no suceda, son bienvenidas las acciones que los actores políticos y sociales, sectores gubernamentales y los órganos electorales realicen dentro del marco legal para mejorar nuestras elecciones, como ya lo hizo aquí en Guerrero el Congreso local al integrar una comisión para vigilar que no se apliquen los recursos públicos con fines electorales, lo está haciendo en todo el país la Sedesol con mesas receptoras para recibir quejas sobre el mal uso de los programas sociales y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales impulsa otras actividades que seguramente contribuirán a este esfuerzo común para garantizar la equidad electoral y el voto libre, limpio y secreto.