Esperan panistas revertir la petición de desafuero contra ediles de Zapotitlán

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El procedimiento legislativo para el desafuero del alcalde, el síndico y un regidor de Zapotitlán Tablas por la muerte de cinco indígenas en Escalerilla Laguna el 11 de mayo, está “viciado” denunció ayer el abogado defensor y dirigente estatal del PAN, Rogelio Parra Silva y responsabilizó a lo integrantes de la Comisión Instructora del Congreso del Estado de no apegarse a la ley.

El mismo abogado dio a conocer en entrevista vía telefónica desde Acapulco que esperará hasta que la Comisión Instructora emita y se le apruebe el dictamen sobre la solicitud de desafuero que hiciera en contra de los ediles panistas: el alcalde Silvino Mosso, el síndico Jesús Pérez Vázquez y el regidor Ernesto Melo Candia, para solicitar un amparo ante el Tribunal Unitario de Circuito para protegerlos contra cualquier acto penal o administrativo en su contra.

El abogado Rogelio Parra dio a conocer que hasta el momento la Comisión Instructora no ha entrado a revisar la solicitud de revocación de mandato solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por medio del Ministerio Público de Tlapa.

Y es que el pasado 27 de mayo se turnó a la Comisión Instructora en funciones de Examen Previo la solicitud de revocación de mandato hecha por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), contra el alcalde de Zapotitlán Tablas, el síndico y el regidor panistas, Silvino Mosso, Jesús Vázquez Pérez y Ernesto Melo Candia.

En esa misma sesión se presentó la  solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde, síndico y regidor panistas, promovida por el líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), el comisario de Escalerilla Laguna y el delegado municipal de San Marcos, Bruno García Aguilar, Cándido Aguilar Espinobarros y Ernesto Silva Sánchez.

A decir del abogado Rogelio Parra, la Comisión Instructora que preside el diputado priísta Constantino García Cisneros, notificó al alcalde Silvino Mosso que tenía que comparecer ante esa instancia y tenía cinco días para presentar las pruebas de descargo.

El mismo abogado dijo que el procedimiento está “viciado” debido a que la Comisión Instructora primero debió notificar al alcalde, síndico y regidor panistas, que habían sido objeto de una solicitud de revocación de mandato en su contra y no se hizo, provocándose la primera “irregularidad” del procedimiento.

La segunda fue el hecho de que la Comisión Instructora notificó a los ediles panistas que tenían cinco días a partir de que se radicó la solicitud de revocación de mandato para presentar sus pruebas de descargo.

El abogado argumenta que de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre, los primeros cinco días se les da a los denunciantes para presentar sus pruebas en contra, en este caso al líder de la LARSEZ, el comisario de Escalerilla Laguna y el delegado municipal de San Marcos, Bruno García Aguilar, Cándido Aguilar Espinobarros y Ernesto Silva Sánchez, respectivamente.

Por estas “irregularidades” dijo creer que lograrán revertir la solicitud de revocación de mandato contra los tres.

Mientras que el coordinador parlamentario del PAN, Max Tejeda, dijo en entrevista realizada durante el desayuno que la Comisión de Gobierno ofreció a reporteros, que “posiblemente cometió un error” al firmar el informe de las Comisiones Unidas que presentaron al pleno el pasado 27 de mayo.

En el informe que firmaron los diputados Max Tejeda y David Tapia Bravo asumen que: “Deducido de los testimonios recabados y de la comparecencia de Silvino Mosso Porfirio, señalan directamente al  presidente municipal como generador de los hechos del 11 de mayo que lo sitúan a él, al síndico procurador y al regidor Ernesto Melo Candia, en el lugar de los hechos”.

“Y con el conocimiento pleno de la coyuntura y rispidez de las relaciones  entre los  grupos de la LARSEZ y Antorcha Campesina enterado por haberlo observado y aceptado, de la presencia de numerosas personas, aproximadamente 80 de la LARSEZ y 200 de Antorcha Campesina y previamente sabedor, por así haberlo manifestado, de las conductas radicales de ambos grupos que han concluido en acciones excesivas, así como la indiferencia por el resultado de los hechos al manifestar que se enteraron con posterioridad de la existencia de muertos y heridos”.

El diputado Max Tejeda acepta haber incurrido en un error al firmar ese informe y por eso dijo que el CEN enviará este jueves a uno de sus miembros a platicar sobre el caso “y armar una estrategia” para la defensa de los ediles.