Dan lectura a dictamen contra bloqueos de vías que propuso un diputado del PRD

 * Pese a la oposición de la bancada amarilla, el resto de las fracciones sostiene a la priísta Pavía Miller como propuesta para oficial mayor

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Con la negativa de firmarlo por parte de los dos diputados del PRD integrantes de la Comisión de Justicia, en la sesión de ayer del Congreso local se le dio primera lectura al dictamen por el que se reforma la Constitución Local para la regulación de las marchas propuesto por el diputado perredista Mariano Dimayuga.

En la misma sesión se rectificó el procedimiento legislativo para el nombramiento del oficial mayor, aunque se sostuvo la propuesta de la consejera electoral y defensora jurídica del voto del PRI, Guadalupe Pavía Miller.

Además se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el PAN por el que se exhorta a los ayuntamientos a que tomen medidas preventivas de inspección, control y vigilancia  en materia de protección civil.

El pasado 9 de abril el diputado del PRD, Mariano Dimayuga Terrazas, presentó al Congreso local una iniciativa para reformar los artículos 200 y 202 del código Penal del Estado de Guerrero para quedar así: Artículo 200, para los efectos de este Código, son vías de comunicación las de tránsito destinados al uso público, incluyendo los tramos que se hallen dentro de los limites de las poblaciones.

Y el artículo 202: “Al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le interpondrá prisión de uno a ocho años y de cincuenta a cuatrocientos días de multa”.

De acuerdo con el dictamen que se le dio primera lectura y que se prevé causará un debate entre perredistas, se expresa que “actualmente la sociedad en el estado de Guerrero ha sido por mucho tiempo presa fácil de bloqueadores de las principales vías de comunicación que conforman el territorio estatal, siempre con el pretexto de que ejercitan la llamada Libertad de Expresión”.

“Que si bien es cierto, la Libertad de Expresión constituye un decreto constitucional plasmado como garantía individual que se encuentra en la parte dogmática de la Carta Magna, no menos cierto es que podemos ejercitar ese derecho, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceros, ya que sería un contrasentido porque cometeríamos un ejercicio indebido de nuestro propio derecho, ejercicio indebido que día con día los manifestantes utilizan para amedrentar y presionar el ente público, rompiendo con ello el Estado de Derecho que debe prevalecer en toda sociedad que se encuentre regulada por normas de convivencia civilizada” precisa.

Agrega que: “los bloqueadores de las principales arterias que se encuentran dentro de las ciudades de nuestro territorio estatal, han atentado contra los intereses de la sociedad guerrerense, propiciando el caos vehicular, obstaculizando la prestación pública de los servicios de transporte, ocasionando con ello que muchas personas no puedan legar a tiempo a sus destinos, más aún que los servicios de emergencia no puedan llegar a prestar a tiempo el auxilio necesario para quien lo requiere. Paralizando en fin, la actividad económica”.

Pero señala que el bien jurídico tutelado en la descripción legal que el legislador plasmó como una conducta ilícita, bajo el delito de Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte, es permitir el libre tránsito de las personas, pero actualmente es necesario la reforma al Código Penal vigente en el estado.

Puntualiza que “en virtud de que como se encuentra el tipo penal del mencionado delito resulta inaplicable a la realidad existente, ya que los bloqueadores materializan su conducta delictiva en los tramos que se hallan dentro de las poblaciones, dando pauta a que los jueces penales a la hora de dictar una sentencia definitiva interpretan que la conducta realizada no se adecua al tipo penal plasmando el aforismo jurídico que  –al no existir delito, no existe delincuencia– por lo que se pretende que la reforma del multicitado ordinal, reduzca al margen de interpretación y así puedan ser castigados de manera ejemplar aquellos que realicen esta conducta tipificada como delito”.

Explica que “la reforma planteada al artículo 200 del código penal se refiere a incluir los tramos que se hallan dentro de los limites de las poblaciones, con la finalidad de que a partir de que sea aprobado este proyecto de decreto, las conductas que producen los agentes activos del delito se adecuen al tipo penal”.

Indica que “la reforma planteada al articulo 202 de la ley castigará con mayor severidad, la conducta realizada en el supuesto que marca la ley penal, por lo que se propone que de tres meses a tres años y de hasta cincuenta días de multa”, como resulta previsto actualmente, se reforme a ser de “uno a ocho años y de cincuenta a cuatrocientos días de multa”. “En virtud de que el juzgador tendrá un mayor rango de parámetro para aplicar la sanción correspondiente, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en concreto”.

Y señala: “actualmente la sociedad en el estado de Guerrero ha sido por mucho tiempo presa fácil de bloqueadores de la principales vías de comunicación que conforman el territorio estatal siempre con el pretexto de que ejercitan la llamada libertad de expresión”.

Pero que la libertad de expresión “constituye un decreto constitucional que podemos ejercitar y hacer valer, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceras personas, pero en el ejercicio de esta libertad, se ha venido cometiendo un ejercicio indebido de nuestro propio derecho, ejercicio que los manifestantes utilizan para amedrentar y presionar al gobierno local, municipal, afectando y sobrepasando (las) normas de convivencia civilizada”.

Y especifican que la reforma “no viola en ninguna  manera, las garantías individuales de los ciudadanos, ni tampoco limita el ejercicio de sus derechos como lo es la libertad de expresión a través de la manifestación, sino al contrario, obliga a respetar los reglamentos existentes que rigen el procedimiento de tal derecho”.

Este dictamen sigue su curso legislativo en la sesión del próximo mañana jueves donde se le dará segunda lectura.

Se sostiene la priísta Guadalupe Pavía como oficial mayor

Esta vez los diputados del PRI, PAN, PRS, PT y Convergencia (el del PVEM no estuvo y no firmó el dictamen de la Comisión de Gobierno) rectificaron el procedimiento legislativo, luego de que la sesión del pasado jueves 5 no alcanzaron las dos terceras partes de la votación para la designación de la consejera electoral y defensora jurídica del PRI, Guadalupe Pavía Miller como oficial mayor, ante la votación en contra de los diputados del PRD.

Aquel jueves 5, los diputados del PRD argumentaron que Guadalupe Pavía, si bien reunía el perfil para ocupar el cargo, no podría asumirlo por la falta de certeza y credibilidad en su actuar porque al ser consejera debió velar por el espeto a los principios de la ley electoral, pero en cambio decidió apoyar la defensa jurídica del PRI en las pasadas elecciones del 6 de octubre.

Pasada esa tormenta, esta vez la Comisión de Gobierno presentó dos dictámenes –como lo debió haber hecho la sesión del pasado jueves 5–, uno para votar la aceptación de la renuncia del Oficial Mayor Luis Camacho Mancilla –quien argumentó haber terminado su ciclo en el cargo que ocupaba desde 1996– y un segundo, sobre la propuesta al pleno del nombramiento de Guadalupe Pavía.

A ambos dictámenes se les dio primera lectura y seguirán su curso legislativo; mañana jueves también recibirá segunda lectura o puede ocurrir que se le dispense, y se someta a discusión y a su aprobación según sea el caso.

El diputado del PAN, David Tapia Bravo presentó un punto de acuerdo que le fue aprobado por unanimidad por que se exhorta a los ayuntamientos de los municipios integrantes del Guerrero, para que en sesión de cabildo instruyan al organismo municipal de protección civil correspondiente para que realicen la inspección control y vigilancia de los mercados y centrales de abastos.

Esto es lo relacionado a su ubicación, las condiciones de las estructuras, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas y de cualquier situación que pueden producir riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre.

El punto de cuerdo del diputado panista indica que los trabajos que desarrollen los organismos municipales de protección civil, los ayuntamientos deberán instrumentar las medidas y acciones necesarias para prevenir los riesgos y enfrentar las contingencias provocadas por fenómenos naturales.

Por eso el exhorto al Sistema Estatal de Protección Civil para que vigile por los organismos municipales de protección civil.

Señala que “debido a que los mercados municipales, en algunas ocasiones por la falta de prevención, se constituyen en situaciones de alto riesgo, provocadas por causas de origen natural, artificial o humanos; es imperativo que se instrumenten acciones, políticas y procedimiento tendientes a disminuir o eliminar riesgos, así como para evitar desastres y mitigar su impacto destructivo sobre la vida, la salud y bienes de las personas, la planta productiva, los servidores públicos y el medio ambiente”.

Recuerda que “ante los siniestros ocurridos por la falta de prevención en la materia de protección civil, en los mercados municipales y centrales de abastos, como el acontecido el pasado 23 de mayo, en el mercado municipal Baltasar R. Leyva Mancilla de Chilpancingo, y que según el dictamen de protección civil de la instancia del gobierno municipal, la causa se debió a situaciones que previamente se pudieron evitar”.

En la misma sesión se turnó a la Comisión Instructora la solicitud de juicio político contra el cabildo de Acapulco, que presentó el líder de El Barzón en Guerrero, Javier Taja Mestre también candidato a diputado federal pro el PVEM en el distrito 10 de Acapulco.

Otras solicitudes de juicio político turnadas a esa Comisión fueron contra los alcaldes de  Pilcaya, Eduardo Neri y Chilapa.

Y se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 y 89 constitucional federal sobre el derecho a iniciativa en materia de Seguridad Nacional.