Xavier Carreto A.

Los hombres de paja

La historia de sometimiento y subordinación que ha caracterizado al poder Legislativo frente al Ejecutivo en nuestro país, en el ámbito federal inició su declive a partir de la quincuagésima séptima legislatura, es decir, a partir de septiembre de 1997, en la segunda parte del último sexenio priísta. Sin embargo, hay todavía algunas entidades federativas, entre ellas la nuestra, en donde el titular del poder Ejecutivo sigue tomando las decisiones más importantes sin que nuestros diputados locales sean tomados en cuenta, siguen siendo un poder legislativo que, en términos prácticos, no existe.

Todo esto a pesar de que los ciudadanos guerrerenses sufragamos, el 6 de octubre del 2002, por tener un poder Legislativo que le hiciera contrapeso al poder Ejecutivo, pues la composición de la quincuagésima séptima Legislatura, en funciones desde el 15 de noviembre del año pasado, es, suponíamos, de mayoría opositora al partido que gobierna el estado, pues la coalición PRI-PVEM cuenta con 21 de los 46 diputados que integran nuestro Congreso. No obstante, en los hechos, el deseo de los ciudadanos guerrerenses por tener diputados comprometidos con sus intereses tendrá que esperar, al menos otros tres años más.

El Congreso local continúa sometido como en los mejores tiempos de la era priísta, o sea la gran mayoría de las decisiones que se toman siguen siendo a favor de este partido y del gobernador, aunque ya no tenga mayoría, parece que ni falta hace. Los ejemplos que ilustran este expresión empiezan porque la Comisión de Gobierno, la instancia más importante en la toma de decisiones, es presidida por el diputado priísta Carlos Sánchez Barrios, incondicional del Ejecutivo. Asimismo, otras de las principales Comisiones como las de Programación y Cuenta Pública; la de Fiscalización y Vigilancia; la de Hacienda son encabezadas por legisladores del PRI. Los principales funcionarios del Congreso también están al servicio del PRI y no de la pluralidad representada en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, es oportuno comentar que ahora las propuestas que vienen del Ejecutivo son llevadas al pleno de las sesiones ordinarias del Congreso por diputados opositores. Es el caso del punto de acuerdo para solicitar la destitución del ex delegado de la Profepa que presentó el ingeniero Heriberto Noriega del Partido de la Revolución del Sur; la propuesta para que la licenciada Guadalupe Pavía, defensora del voto del PRI, sustituyera en la Oficialía Mayor al licenciado Luis Camacho fue llevada por el profesor Félix Bautista, del artido Convergencia; la defensa al cuestionamiento que hicieron los diputados perredista a este nombramiento la hizo el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio de la Mora, pues parece que a los diputados del tricolor les da pena hacerlo.

Dada esta realidad de nuestro Congreso local, la mayoría de los ciudadanos nos preguntamos porqué los diputados de los partidos de oposición siguen actuando en contra de los intereses del pueblo de Guerrero. ¿Qué los mueve? ¿Porqué lo hacen? ¿Qué ganan? Muchos lo suponíamos que era por las prebendas que reciben del gobierno estatal, pero ahora que la diputada Gloria Sierra ha hecho público que a cambio de su sometimiento nuestros representantes populares reciben cuantiosas cantidades extras de sueldos, nos queda claro que los diputados actúan en función de sus intereses, no importándoles que la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo no sea transparente y no se tenga la certeza de que los recursos públicos fueron aplicados de manera honesta; tampoco les preocupa que los programas de gobierno sean eficientemente ejecutados, menos legislar en beneficio de la sociedad.

Por eso resulta plausible la declaración del presidente de Convergencia y candidato a diputado federal por el décimo distrito, Luis Walton de pedirles cuentas a los diputados Cuauhtémoc García Amor y Félix Bautista Matías. Igualmente debe reconocerse el interés del presidente del Partido de la Revolución Democrática, Martín Mora Aguirre, para que los 17 legisladores de esta organización expliquen a cambio de qué han recibido estos ingresos adicionales, que la diputada Adela Román, coordinadora de la fracción, dice desconocer. Ahora nos gustaría escuchar al presidente de la delegación estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero que también les solicitara a los cuatro diputados de su grupo parlamentario, particularmente a su coordinador, información sobre este bochornoso asunto. Sería bueno que Héctor Apreza, dirigente estatal priísta, preguntara a los 20 legisladores de su partido, ahora que el PRI piensa primero en nosotros y está a nuestro lado, por este desagradable hecho que los guerrerenses ya no queremos ver. Lo mismo le pediríamos al diputado federal Félix Castellanos, presidente estatal del Partido del Trabajo hiciera con su representante en el Congreso Fredy García. En cuanto a los diputados del PVEM y del PRS, Marco Antonio de la Mora y Heriberto Noriega, por ser ellos los dirigentes estatales de sus respectivos partidos, le aclaren a los miembros de sus organizaciones el porqué de sus abultadas cuentas bancarias.

Los dirigentes de los partidos políticos, hoy que están solicitando nuevamente el voto a los electores, tienen la obligación moral de responder a los ciudadanos de estas actitudes asumidas, por quienes han obtenido un cargo de elección popular representando a sus respectivas organizaciones, contrarias al interés popular. Que no se les olvide a nuestros diputados locales que este cargo dura tres años y la vergüenza por ejercerlo de manera indecorosa les durará el resto de sus existencias. Les pedimos que no se sigan comportando como hombres de paja, sino que asuman su responsabilidad como auténticos representantes populares.