Llaman a Aguirre a que no atice la confrontación en la CRAC con su asistencia a un acto de Eliseo

En San Luis Acatlán comenzaron los preparativos para la inauguración de la nueva Casa de Justicia que opera hace un mes de manera paralela a la casa matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y según versiones de los vecinos que fueron invitados al acto este lunes, el gobernador Angel Aguirre Rivero entregaría la obra oficialmente al dirigente Eliseo Villar Castillo.
El consejero de la CRAC, Sabás Espinobarro Aburto pidió al gobernador que rectifique su decisión, porque con esa acción estaría atizando la confrontación interna en la organización comunitaria.
En una denuncia telefónica, recordó que Villar Castillo fue desconocido en abril con otros coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia matriz, por el fraude de más de 700 mil pesos por una supuesta compra de armas al jefe de la delincuencia organizada en la región, Iván Soriano Leal.
Desde entonces, Villar se instaló en una obra en construcción de la CRAC en San Luis Acatlán, que se edificaba con recursos del gobierno estatal, y comenzó a operar como una casa de justicia paralela.
El consejero de la CRAC desde su constitución en octubre de 1995 -también fundador de la organización La Luz de La Montaña y el Fondo Regional de Santa Cruz del Rincón en San Luis Acatlán-, señaló que si el gobernador o un representante del gobierno estatal entrega la obra gestionada para los pueblos originarios “la situación se complicará bastante”.
Añadió que vendría a atizar un enfrentamiento entre los grupos confrontados de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, que se ha evitado a pesar de las provocaciones de Villar Castillo; “no hemos caído en eso desde hace tiempo, la gente ha aguantado, pero va a llegar el momento en que los pueblos pongan un hasta aquí”.
Sin embargo, aceptó que Villar alardea del respaldo que tiene del gobernador, a través de su asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, y consideró que pudieron ofrecerle el apoyo para “candidatearlo a la alcaldía de Marquelia”, a cambio de fomentar la división.
Si el gobernador le entrega la obra que se negoció a nombre de los pueblos, exigió que lo haga a título personal. Consideró que el ejecutivo debe estar muy presionado por el presidente Enrique Peña Nieto, y éste a su vez por los empresarios mineros que tienen concesiones en la región, para apoderarse del territorio comunitario.
Insistió en que la intención del estado es tomar el control de la CRAC y como no lo logró, recurrió al desprestigió de la institución de seguridad, justicia y reeducación, a través de Villar y su equipo.
Recordó que el plan ABC en un mitin de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el 11 de abril de 2013 de Chilpancingo, donde Villar dio un ultimátum al gobernador para que atendiera las demandas del magisterio movilizado, fue el comienzo de esa estrategia.
Después, cuando Villar fue detenido por la portación de arma de fuego en una diligencia en Acapulco, que motivó el desarme de policías municipales y ministeriales en San Luis Acatlán, que no tuvo consecuencias legales, confirma que es el operador de Aguirre Rivero.
Asimismo, señaló que ese mismo año desconoció la Casa de Justicia de El Paraíso, particularmente a grupos de la Policía Comunitaria de Olinalá, Tixtla, Ayutla y Huamuxtitlán, para facilitar la detención y encarcelamiento de sus integrantes, algunos de los cuales siguen en prisión, tres en penales federales de máxima seguridad: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos.  (Lourdes Chávez / Chilpancingo).