Cumplir los acuerdos, exigen los pueblos de la Montaña afectados por las lluvias

*Concluyó el foro con el que el Centro Tlachinollan celebró su veinte aniversario con un llamado a la organización de los pueblos para enfrentar las consecuencias de las reformas del gobierno federal

Carmen González Benicio

Tlaquilzinapa, Tlapa

En el segundo día de la celebración del 20 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se exigió a los gobiernos estatal y federal atender a los pueblos de la región pues a 10 meses de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid siguen sin respuestas.
También se exigió la liberación de los presos políticos de la CRAC y el Cecop.
Además se dijo que es necesario reorganizarse para enfrentar los embates del gobierno federal a través de las reformas, las cuales atentan contra los pueblos indígenas en sus recursos naturales y su territorio con los proyectos mineros, de gas y las presas.
En el segundo día del foro “Desde el corazón comunitario de las resistencias”, se realizó la mesa de autogestión y desarrollo comunitario por el consejo de comunidades damnificadas de La Montaña.
Se presentó un video que recogió esas experiencias y los representantes del consejo mencionaron que se hicieron varias reuniones que resultaron cansadas para los participantes ante la falta de respuestas, por lo que, finalmente, se planteó un pliego petitorio a las autoridades federales solicitándole maíz, frijol y obras, pero tampoco tuvieron respuesta.
Recordaron su insistencia con reuniones, marchas y plantones para exigir la mirada de las autoridades a los pueblos de La Montaña ante la destrucción de las carreteras, escuelas, centros de salud y las afectaciones a sus cultivos y huertos, sin que les hicieran caso, por lo que tuvieron que salir de la región y hacer conferencias de prensa para ser escuchados.
Dijeron que finalmente fueron atendidos por el gobierno a través de entrevistas con funcionarios como la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, el subsecretario Javier Guerrero y titulares de las dependencias federales y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes aún muestran resistencia en los apoyos para las 16 mil familias distribuidas en 13 municipios de la región, porque no les han cumplido los acuerdos.
Comentaron que el Consejo de Damnificados acordó con los gobiernos que reforestaría sus terrenos, repararía sus carreteras y el apoyo de una tonelada y media de maíz por familia y 26 kilos de  frijol y arroz por medio año, pero es la fecha que sólo han recibido dos remesas, y les faltan las del mes de mayo, junio y julio, pese a que el acuerdo era que serían entregados cada mes.
Mencionaron su inconformidad con la firma de unas tarjetas que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les dio al entregarles los granos básicos, que decían que con ello se beneficiaba a 20 municipios, “cuando nosotros en el consejo sólo somos 13 y eso nos dio a entender que el gobierno siempre nos usa y nos da atole con el dedo”.
El consejo rechazó la politización de los recursos obtenidos porque fue parte de su lucha en busca del bien social que emprendieron tras las lluvias del mes de septiembre sin el apoyo de algún presidente municipal o partido político, por lo que lamentaron que las autoridades buscaran desacreditarlos.
En el segundo panel de “Los pueblos indígenas entre el despojo y la defensa de los derechos colectivos”, y en el cierre del foro participaron el  representante en México  de la alta comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Javier Hernández, quien dijo que el Centro Tlachinollan cobra vida con la participación de las comunidades y con el trabajo que hace a diario.
Dijo a los asistentes que tomaran en cuenta que, primero, hay tratados internacionales, normas y leyes que obligan a los Estados a respetar derechos de los pueblos indígenas, por lo que no se debían cansar de repetir que es un derecho la consulta libre, previa e informada y que está en manos de los pueblos entender cómo lo aplican en la defensa del agua, el territorio y que ese derecho no es de estar en sillas sino de movilizarse.
Comentó que los pueblos tienen en su manos el buen vivir, el derecho de vida, por lo que deben tener objetivos ambiciosos y saber el tipo de modelo de desarrollo sobre el cual se quiere vivir en los próximos 50 o 100 años, porque “se crea a veces la falsa intención de que los pueblos no quieren desarrollo, porque no aceptan cosas, por eso ustedes deben plantear su forma de cómo quieren vivir”.
Dijo que las luchas se nutren de símbolos.Entre los asistentes estaba Inés Fernández y su familia. En su intervención Sergio Sarmiento, de la UNAM y fundador de Tlachinollan y parte del Consejo Consultivo, dijo que la idea de crear el Centro de Derechos Huamanos de la Montaña inició en 1993, cuando él y otros buscaron a un loco en la Montaña, Abel Barrera, para iniciar con una propuesta ingenua, de aventura en un tiempo difícil en el país por el movimiento zapatista.
Dijo que en sus inicios las autoridades locales ni sabían el concepto de derechos humanos, las policías tampoco, “pero nosotros seguimos empeñados en hacer un centro de derechos humanos” y al iniciar en el cuarto de hotel empezó a llegar la gente a inconformarse de lunes a domingo.
Agregó que en ese tiempo le apostaron a la organización comunitaria y hoy, a 20 años, Tlachinollan lo ha conseguido y es reconocido no sólo en la Montaña sino internacionalmente, pero no fue fácil y que ahora busca sobrevivir ante los gobiernos priistas y los gobiernos llamados de izquierda.
Remarcó que la presencia de la gente es el fruto de la organización comunitaria y rearticulación de los pueblos, lo cual no es bien vista por los gobiernos que pretenden acabar con esos procesos, porque “no crean que a Abel no le han dicho vuélvete presidente municipal, diputado y hasta gobernador, creo”.
Dijo que los procesos sociales de Guerrero viven momentos difíciles, y se debe decir que se han dividido por el gobierno estatal  de forma deliberada, como el caso de la CRAC.
Comentó que no hay una nueva Constitución, sólo se reformó y ahora no se sabe dónde quedan los pueblos indígenas en estos momentos, pues hay momentos difíciles en los movimientos sociales que nacieron desde abajo y están sometidos a presiones.
Agregó que es preciso alzar la voz para ser escuchados y Tlachinollan lo ha hecho, se ha adaptado, restructurado a los cambios en derechos humanos.
Consideró necesario continuar y consolidar los vínculos de Tlachinollan con otras organizaciones y las comunidades porque si las comunidades crecen, Tlachinollan se fortalece, “una muestra es la convocatoria de hoy”.
Dijo que  la marcha es para exigir, no sólo pedir, “hay que proyectarse en el futuro, no sólo somos sujetos peticionarios, debemos abrir nuevos caminos, no sólo pedir al gobierno, tenemos la capacidad de decir qué queremos ser, que hay una manera de vivir diferentes”.
Agregó que los retos que se vienen en el país son grandes y viene un ataque frontal del capitalismo contra las comunidades rurales.
Por su parte, Joaquín Flores Félix llamó a la unidad en los pueblos y dijo que Tlachinollan es la escuela de varios líderes que ahora están en otros movimientos, donde “no hay ciudadanos sumisos, que llevan regalos a sus dirigentes, sino rebeldes, los que responden, los que gritan y siguen dando lata a los gobernantes y que seguían en la región a pesar de la ignominia y los malos comentarios.
El  dirigente de la CETEG estatal, Ramos Reyes, fundador del proyecto, dijo que los derechos hay que arrebatarlos, gritarlos si el gobierno no los quiere dar, y que la Montaña no está sola y va a enseñar a los políticos cómo se hace justicia desde abajo.