Tlachinollan

Desde el corazón comunitario de las resistencias

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

El viernes 25 y el sábado 26 de julio,  más de tres mil indígenas me phaa, na savi y nahuas de 13 municipios de la Montaña y dos de la Costa Chica de Guerrero bajaron de sus comunidades cargando a sus pequeños hijos e hijas, trayendo en sus morrales solicitudes, reportes y también totopos y agua, para participar en el foro “Desde el corazón comunitario de las resistencias”.
Vimos llegar a decenas de comisarios y delegados municipales; comisariados de bienes comunales y ejidales, así como principales de las comunidades. Varios de ellos entraron con mucha solemnidad acompañados con sus bandas de música conformadas en su mayoría por niños. Fue un gran detalle recibir de algunas autoridades tradicionales, café molido, duraznos y peras, como “el presente” que acostumbran entregar cuando llegan como visitantes  a las fiestas de los pueblos anfitriones. Esta “correspondencia” es por la comida, la bebida, la música, el baile y la palabra que se comparten, en un ambiente lúdico marcado por la fraternidad intracomunal.
El seminario Tonantzin Guadalupe, ubicado en los terrenos de la comunidad nahua de Atlamajalcingo del Río, a 5 kilómetros de la ciudad de Tlapa, fue el marco esplendoroso para compartir las batallas que están dando dentro de sus territorios los pueblos indígenas de Guerrero y de otros estados, contra los megaproyectos impulsados por el gobierno federal que ha denigrado sus responsabilidades constitucionales al  asumir su rol como agente de ventas de las empresas trasnacionales.
En los temas de megaproyectos, empresas mineras y defensa del territorio participaron  autoridades agrarias de la Montaña Alta que se han unido para impedir que en sus territorios se imponga por decreto  una reserva de la biosfera; la asamblea de pueblos indígenas del Itsmo en defensa de la tierra y el territorio de Oaxaca, lucha contra la instalación de empresas eólicas; el comité Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo resiste contra la construcción de la presa el Zapotillo en los Altos de Jalisco; el Consejo regional Wixárika en defensa de Wirikuta defiende con gran tenacidad sus territorios ante la embestida del gobierno que pretende entregarlos en concesión a las empresas extranjeras, así como el gran ejemplo de la comunidad me’ phaa Júba Wajiín o San Miguel el Progreso, del municipio de Malinaltepec, que recientemente ganó un amparo contra el gobierno federal por la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras. Todas estas luchas locales y regionales contra el monstruo de las trasnacionales han demostrado que la mejor defensa de los territorios ancestrales es la organización comunitaria, que se erige como el muro infranqueable contra los invasores. La defensa efectiva se construye comunitariamente, en la resistencia cotidiana, en la construcción de redes de solidaridad para hacer visibles los embates, las acciones ilegales y el uso indebido de la ley por parte de las autoridades que buscan doblegar a la población opositora y encarcelar  a sus líderes.
Los testimonios de Cleotilde  hermana de Nestora Salgado, de Agustina García de Jesús esposa de Arturo Campos, de Ausencia Honorato Vázquez esposa de Gonzalo Molina causaron indignación entre los asistentes por la forma  abusiva y deliberada con la que han actuado las autoridades del estado, de tratarlos como delincuentes de alta peligrosidad y de encerrarlos en penales federales ubicados fuera del estado. Para la gente que los conoce sabe que no son delincuentes, por el contrario son personas que entregaron su tiempo y su trabajo para defender a su pueblo contra los abusos del poder y contra  la misma violencia propiciada por actores estatales y no estatales. Las esposas y demás familiares en medio de las precariedades económicas, han resistido a pesar de las amenazas y de todos los obstáculos que les han interpuesto para que no puedan ver ni platicar con ellos y ella y para que se torne imposible una defensa adecuada. El fin perverso es causar daños físicos, psicológicos y económicos a los detenidos, y por ende, a todos sus familiares, como escarmiento a la población que se atreve a organizarse y a defender los derechos de los demás, a contrapelo del gobierno.
Agustina, madre de seis hijos, quien vive en Ayutla vendiendo tortillas y que a base de burlas y mucho sufrimientos aprendió hablar el español, se ha sobrepuesto ante el duro golpe propiciado por el gobierno. De porte sencillo y cargando a su bebé más pequeño , tomó el micrófono con mucha seguridad para alzar su voz y decir que está  luchando no sólo por alcanzar la libertad de su esposo Arturo, sino para sostener a sus pequeños hijos. Ella no se arredra, por el contrario, está decidida a todo y esto mismo lo transmite con la fuerza de sus palabras y con el gran ánimo que tiene para sacar adelante a sus niñas y niños. Llegó a Tlapa para darnos fuerza y  mostrarnos del temple que debe tener todo defensor o defensora para enfrentar  la ferocidad de los gobernantes quienes sin ningún respeto atacan a los indígenas que luchan por su pueblo, para acabar con sus sueños de justicia.
Estos momentos de aprendizajes profundos y de experiencias densas que nos obligan como comunidades y organizaciones sociales y civiles a tomar posturas más claras frente a los actos arbitrarios de las autoridades, marcan los rumbos de nuestras luchas y de la construcción de proyectos alternativos, pensados en la lógica del bienestar comunitario y de la justicia para los de abajo.
Con este ánimo marchamos este sábado 26 de junio para hacer visibles los rostros de los pueblos indígenas que han sido vituperados y pisoteados en sus derechos y en su dignidad. Marchamos para exigir la libertad de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, dirigentes de la Policía Comunitaria de Olinalá, Tixtla y El Paraíso municipio de Ayutla, y por la libertad de Marco Antonio Suástegui dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), preso, al igual que Nestora en Tepic Nayarit.  Fue también una marcha para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que respeten los territorios sagrados de los pueblos originarios y se abstengan de autorizar de manera ilegal la entrada de empresas nacionales y extranjeras a sus núcleos comunales, como lo hicieron con San Miguel el Progreso y otras comunidades más.
Fue la marcha de la dignidad de los pueblos de la Montaña, donde participaron  autoridades comunitarias, principales,  sabias y sabios. La marcha de las mujeres que resisten y sobreviven como artesanas y jornaleras agrícolas; la marcha de los jóvenes que están recreando nuevas formas de organización comunitaria para defender su lengua, su música, su territorio, su vida comunitaria, así como sus normas y su forma de hacer justicia.  Son los jóvenes que luchan como Samuel Rámirez Gálvez de Zitlaltepec, quien a sus 18 años fue encarcelado el 6 de octubre de 2013  por el delito de portación de armas, cuando participaba como policía comunitario en un operativo contra elementos de la delincuencia en Cochoapa el Grande.
Fue la marcha de las comunidades damnificadas de la Montaña, que desde septiembre de 2013 con las tormentas Ingrid y Manuel se organizaron para desenmascarar  el trato inequitativo y discriminatorio del gobierno del presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien no ha tenido ojos ni oídos para ver y escuchar los rostros y las voces  de las familias afectadas. Ellas hasta la fecha siguen sumergidas en el fango del olvido y del engaño. A los pueblos indígenas los funcionarios federales, estatales y municipales los siguen tratando con la punta del pie, como si trataran con seres indigentes e ignorantes, que no tienen capacidad para participar en los espacios gubernamentales. A las autoridades comunitarias se les niega el derecho a participar en las reuniones donde los funcionarios públicos toman decisiones sobre temas que  atañen a sus comunidades. Los excluyen y les niegan todo tipo de información. No hay transparencia en el manejo de los recursos públicos ni en la asignación de obras para las empresas que tienen un trato despótico con la población damnificada. Les imponen los diseños de sus viviendas y les exigen que se subordinen a las órdenes de los representantes de las empresas constructoras. Las obras son de mala calidad y no permiten que la población opine sobre el desempeño de los trabajos que se realizan en sus comunidades. Estos son los daños colaterales cometidos por los funcionarios públicos y las empresas constructoras que están causando más afectaciones de las que ya tienen las familias damnificadas.
El estruendo de más de 185 comunidades damnificadas en las calles de Tlapa, cuyos habitantes vieron como un gran caudal de hombres y mujeres de la Montaña que cubría las principales calles para llegar al Palacio Municipal y demandar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que cumpla con la tercera entrega de maíz, frijol, arroz y sal que por razones burocráticas y visiones tergiversadas han postergado los pagos a Diconsa y sin ningún empacho han dejado pasar los días sin tomar en serio los planteamientos del Consejo de Damnificados de la Montaña. Esto mismo sucede con los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que en varias reuniones con el Consejo se comprometieron a tomar en cuenta la información proporcionada por las comunidades damnificadas sobre las viviendas destruidas por las tormentas, para cotejarlas con su base de datos y poder incluir las que no censaron. No hay forma de cómo acceder a esta información. Todo se maneja con total hermetismo, y la postura siempre sobrada de los funcionarios, es ignorar a la gente sencilla que les solicita información.
El mismo Consejo ha valorado la necesidad de plantear directamente al gobernador esta situación anómala, porque se está incumpliendo el compromiso asumido en Casa Guerrero en febrero pasado, de dotar de manera extraordinaria maíz frijol y arroz, durante seis meses a las 185 comunidades que conforman el Consejo. En el trayecto de la marcha se buscó establecer comunicación con varios funcionarios para que hicieran llegar este planteamiento al gobernador, pero no prosperó ningún intento. Mientras tanto el Consejo no cejará en su lucha y continuará buscando por todo los medios que sea escuchado y atendido por el Ejecutivo estatal.
En este Foro, el representante  en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, escuchó el clamor de los pueblos, sus razones profundas y sus luchas históricas. Se comprometió a ser el portador ante la misma ONU y ante las diferentes instancias del gobierno mexicano para pedir que se atiendan los justos planteamientos de los pueblos indígenas de Guerrero y de México.