Hace 20 años y ahora, no reconoce el gobierno la defensa de los derechos humanos: Tlachinollan

*Agentes de seguridad se dedicaban a denostar su trabajo y tachaban al organismo de comparsa de los grupos armados, dice el director Abel Barrera en su informe por el 20 aniversario. El caso de las indígenas me’phaa violadas por militares Inés Fernández y Valentina Rosendo, de los defensores del medio ambiente, y de los presos de conciencia, entre sus actividades destacadas

Carmen González Benicio

Tlapa

En la lectura del 20 informe anual de actividades del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se hizo un recuento del caminar de la institución en la región ante la desacreditación, acoso y hostigamiento de las autoridades que “desconocen el término derechos humanos”.
Además de las enseñanzas que les han dejado las comunidades indígenas que confiaron en los defensores de Tlachinollan al solicitar su acompañamiento ante los atropellos realizados por diversas autoridades policiacas, militares, civiles, judiciales, agrarias, educativas, entre otras.
Las actividades por el 20 aniversario de Tlachinollan realizadas el 26 y 27 de julio, concluyeron con la lectura del informe La Montaña de Guerrero: destellos de justicia y esperanza, del cual leyó parte el director, Abel Barrera Hernández la noche del sábado en el auditorio municipal.
En la cena de cierre estuvieron integrantes del Consejo Consultivo de la organización, como el obispo Dagoberto Sosa Arriaga, quien ofició una misa a los integrantes; ex colaboradores como Mario Patrón, Alejandra Marín; representantes de organizaciones y ciudadanos en general.
En su lectura, Barrera Hernández retomó el primer apartado del informe denominado Los rostros de la justicia y la esperanza: 20 años de Tlachinollan, donde mencionó que la esperanza nació de la indignación, porque las autoridades simplemente no protegen los derechos básicos de quienes menos tienen como los indígenas na savi, nahuas, me´phaa, ñomnda y mestizos.
Recordó el caso de Liborio y Antonio, dos indígenas na savi que fueron golpeados, vejados, encarcelados por policías judiciales en Tlapa, sin que alguien hiciera algo y ellos no sabían cómo actuar hasta que entendieron que sólo la fuerza de la comunidad puede enfrentar y vencer a los poderosos que se obstinan en desaparecer y destruir a los pueblos que preservan el patrimonio.
Expresó que la iglesia ayudó a la conformación de la asociación civil y encargó promover y defender los derechos humanos de la población indígena y poco a poco empezaron a documentar los casos de tortura, detenciones arbitrarias, masacres, ejecuciones extrajudiciales.
Pero “hablar de derechos humanos al alcalde, al gobernador, al Ministerio Público, al juez, a la policía ministerial generaba una respuesta que oscilaba entre la risa y el desdén”, dijo.
Ante eso, recordó, que los agentes de seguridad se dedicaron a denostar su trabajo  y los tacharon de ser comparsas de los grupos armados y que la misma Iglesia católica alentaba la lucha armada, por lo que se vivía en el sur del país en Chiapas en 1994 y así llegaba la información al ámbito federal por lo que “desde el pasado y ahora, nos perciben con el estigma de instigadores con agenda oculta y nunca como defensores y defensoras de derechos humanos”.
Otro de los aspectos de Tlachinollan, comentó, fue aprender a caminar con los pueblos y acceder a los saberes que mantienen bajo reserva y son parte de sus armas jurídicas que no siempre se ajustan al derecho positivo, como el caso de la comunidad de Tenango Tepexi, del municipio de Tlapa, que solicitó su acompañamiento en un asunto agrario.
También recordó que tuvieron que aprender a defender a la población con armas sobre un escritorio por parte del Estado, que vulneraba los derechos de los agraviados y a los cuales defendieron desde su identidad étnica, como el caso de dos indígenas na savi que fueron acusadas de traficar con enervantes y además extorsionadas por las autoridades.
Los casos que tuvieron contra los abusos del Ejército en la región que sin motivos hostigaba, acusaba y detenía a los indígenas torturándolos para que aceptaran ser o saber de los grupos guerrilleros porque “para la Sedena todo esfuerzo organizativo de los pueblos indígenas en La Montaña olía a guerrilla: la lucha social pacífica no era percibida como legítima”.
Resaltó la valerosa denuncia de los abusos castrenses hecha por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a quienes por más de 12 años ha acompañado Tlachinollan tras ser violadas por militares, pero que sufrieron el descrédito del Ministerio Público, por lo que tuvieron que ir a las cortes internacionales en las que logaron que el Estado tuviera que pedirles perdón; y aún está pendiente la implementación cabal de las resoluciones.
Su labor comprende la defensa de los presos y presas de conciencia del sistema guerrerense y el acompañamiento a las alternativas comunitarias de justicia como los defensores del medio ambiente, de la OPIM, la CETEG, de los integrantes de la CRAC como Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suástegui, entre otros.
Habló de su fortalecimiento con la creación de su área educativa especializada en la defensa del territorio y el ejercicio de los derechos en el ámbito comunitario y la planeación territorial participativa, la construcción de formas de vida desde abajo, con modelos de autogestión.
Dijo que en ese contexto, los derechos humanos siguen siendo vigentes en las luchas de quienes recurren a las herramientas  disponibles para enfrentar a los poderosos que intentan imponer grandes mega proyectos del falso desarrollo y por eso surge la defensa comunitaria del derecho al territorio.
Agregó que ante la negación de los derechos políticos se eleva la defensa de participación comunitaria en asambleas; que ante la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, surgen defensoras que denuncian la violencia institucional castrense y de otra índole y que ante la negación de los derechos sociales nacen luchas por la salud, la educación, el agua, sus recursos, en que los ciudadanos ejercen su autonomía.
Los capítulos que conforman el informe son San Miguel el Progreso-Juba Wagin: en defensa de la vida y el territorio; Para que llueva maíz: La experiencia organizativa del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña; La Policía Comunitaria: entre la justicia y la persecución; Justicia luminosa: La culminación de la lucha tenaz de Inés Fernández y Valentina Rosendo; Defensoras y defensores en Guerrero: Bajo la línea de fuego; La diáspora de los pueblos de La montaña de Guerrero y Numeralia: junio de 2013 a mayo de 2014.