Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

“El gobernador me ordenó limpiar”: Arriola

Tomás Tenorio Galindo

I. Que el gobernador Ángel Aguirre Rivero haya ordenado ayer mismo medidas de “reparación del daño”, casi al mismo tiempo que se formalizaron cargos contra dos agentes ministeriales por el asesinato de los dos estudiantes normalistas, sugiere la aparición de prisa gubernamental por cerrar así el caso, con dos policías detenidos, sin responsabilizar a nadie más, a ningún funcionario aunque le sea imputable alguna de las tantas violaciones graves de derechos humanos documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe preliminar.
No hay motivos para dudar de la culpabilidad de los agentes acusados, aunque hayan sido desesperadamente defendidos por el ex procurador, pero sí muchos para dudar de que sean responsables únicos. Quizás el gobernador Ángel Aguirre Rivero crea que arrojando a la opinión pública el encarcelamiento de ambos agentes atajará las demandas de justicia plena, pero se equivoca. No participaron solamente dos policías en la represión de los estudiantes, sino más de un centenar entre estatales y federales; y ninguno se mandaba solo, por lo que indudablemente, como lo anticipó la CNDH, la investigación y la repartición de responsabilidades deberá apuntar a otros policías y a todos los mandos y autoridades involucrados.
II. La ambigüedad que emborrona el informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el asesinato de dos estudiantes normalistas dejó una gran confusión que está siendo utilizada por el grupo que se halla en el poder en Guerrero para evadir su responsabilidad en el crimen y para minar la credibilidad del organismo ante la presentación del informe final, que forzosamente tendría que contener un contenido más imperativo y señalar con nombres y cargos a los responsables de las acciones represivas del 12 de diciembre.
Se comprende que el carácter preliminar del informe dado a conocer hace ocho días por la CNDH le haya impedido ser más categórica en el establecimiento de responsabilidades, pero lo cierto es que ese hecho le imprimió al documento notorias insuficiencias. Entre ellas hay por lo menos una que no se justifica de ningún modo, y es el interrogatorio al general Ramón Miguel Arriola, ex subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Arriola es un protagonista clave para desenredar la madeja que deliberadamente enredaron los policías ministeriales, estatales y federales que dispararon contra los estudiantes. No solamente era el responsable del operativo del desalojo de los normalistas, sino que después de ocurrido el doble asesinato, inadvertidamente proporcionó el testimonio más claro, preciso e incontrovertible sobre el origen del sangriento episodio al declarar a los reporteros que “el gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”.
La frase del general Arriola, registrada en grabadoras y recogida y publicada por los medios de información, remite inequívocamente a una decisión gubernamental para reprimir a los estudiantes. El gobernador Ángel Aguirre Rivero ha dicho en varias ocasiones que es falso lo que dijo el ex funcionario policiaco y que él no dio la orden de disparar contra los estudiantes. Pero Aguirre Rivero no ha precisado en ningún momento cuál fue la orden que dio ni a quién, y ha pretendido hacer creer que no dio ninguna orden, posibilidad que debe descartarse dado el arrogante control que ejerce en su gobierno, donde no se mueve una hoja sin que él lo ordene o lo consienta (control que se extiende al Congreso local, al Poder Judicial, a su grupo político, al PRD…, como puede comprobar cualquiera leyendo los periódicos y como se pudo ver por la forma en que la semana pasada dispuso el fin de las marchas de apoyo a su gobierno). A regañadientes, el mismo Aguirre reconoció que quien dio la orden al entonces procurador de enviar policías ministeriales al desalojo fue el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, el funcionario de la mayor confianza del gobernador. Pero ¿acaso Salgado Gómez no le pidió instrucciones a Aguirre? De acuerdo con la información suministrada por el general Arriola y la lógica y usos de los mecanismos verticales del gobierno, Aguirre no sólo debió hablar con Salgado Gómez, mientras éste se hallaba en Acapulco, sino probablemente también con el propio Arriola, que lidiaba con los normalistas en la Autopista del Sol. “Yo no le di ninguna orden al general Arriola”, dijo el gobernador el 14 de diciembre, pero eso no necesariamente significa que Arriola haya mentido, pues Aguirre pudo haber transmitido sus órdenes a través de Salgado Gómez, quien a su vez pudo haberle dicho que esas eran las órdenes del gobernador.
Pues bien: con toda la importancia que posee la declaración del general Arriola, éste no figura de ninguna manera en el informe preliminar de la CNDH, y sería frustrante que tampoco apareciera en el informe definitivo. Mejor dicho, si el general Arriola no es un capítulo del futuro informe, la resolución de la CNDH simplemente quedaría coja. El presidente de la CNDH comparó el asesinato de los normalistas con el asesinato de los 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995, pero el informe que dio a conocer no guarda proporción con el tratamiento que la propia CNDH y la Suprema Corte de Justicia dieron entonces a aquel acontecimiento. El paralelismo es concluyente, y por eso mismo puede esperarse de la CNDH una resolución de esa altura.
III. La captura oficial de los presuntos homicidas de los jóvenes tampoco borra el comportamiento de grupúsculo en el poder adoptado por el gobierno de Aguirre Rivero desde el instante en que se produjo el doble homicidio. Lejos de mostrar la institucionalidad que el caso requería, tanto el gobernador como sus subordinados dejaron de lado la aplicación de justicia y se impusieron el objetivo de protegerse unos a otros y permanecer en el poder a costa de la verdad. Quién sabe si ahora mismo, al mandar a prisión a los dos primeros inculpados, esté haciendo lo mismo.

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