No ha exonerado a ex funcionarios del gobierno zeferinista por el caso del helicóptero, asegura la Contraloría

*Señala como responsables de la compra fraudulenta a José Antonio Bajos y Margarita Díaz Hernández. Precisa el gobierno que el daño al erario del estado fue por 37 millones 94 mil 274 pesos

El gobierno del estado informó que la Contraloría General del estado emitirá una nueva resolución sobre la compra fraudulenta que hizo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) del helicóptero tipo Bell UH-1H Super Huey.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado precisó que “no ha exonerado de ninguna manera a los principales responsables, el ex subsecretario de Administración y Finanzas, José Antonio Bajos Valverde, y la ex directora general de Adquisiciones y Servicios Generales, Margarita Díaz Hernández”.
El pasado viernes se conoció que el gobierno del estado había exonerado al gobierno de Zeferino Torreblanca por la compra fraudulenta de un helicóptero, porque de acuerdo con la información que se conoció la Contraloría General del estado no pudo establecer quién fue el responsable de la adquisición irregular  de la aeronave y archivó el expediente.
En el boletín difundido ayer, el gobierno del estado dedicó cinco párrafos a señalar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Zeferino Torreblanca en la adquisición del helicóptero.
“La compra de esta unidad mantuvo entre otras?irregularidades, que no se encontraba en condiciones de vuelo debido a diversas fallas que no fueron reportadas ni corregidas de acuerdo a manual del fabricante”, señala.
Explica que “además, no se hizo valer en contra del proveedor la cláusula penal contenida en el contrato de compra número SFA/DGASG/RE/15/09”.
Asimismo, “la compra del helicóptero de referencia no fue autorizada por el Comité de Adquisiciones del gobierno del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil??274 pesos, sino por la cantidad de 19 millones 208 mil 590 pesos”.
“Las irregularidades técnicas antes citadas se encuentran validadas por dictamen emitido por perito especializado en materia de aeronáutica de la Procuraduría General de la República (PGR)”, agrega.
“Por lo anterior??se generó un daño al erario del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos”, precisa el gobierno.
En el texto se informa que 10 de mayo del 2012 la Contraloría General del Estado emitió una resolución administrativa y presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado “por los delitos de?ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y negociaciones ilícitas en agravio de la sociedad”.
Para evadir la acción de la justicia, los acusados, el ex subsecretario de Administración y Finanzas, José Antonio Bajos Valverde, y la ex directora general de Adquisiciones y Servicios Generales, Margarita Díaz Hernández, se ampararon en contra de la orden de aprehensión emitida por el juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo.
“En el juicio de amparo número 503/2013-III, el juez de Distrito correspondiente otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos; y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el 12 de noviembre del 2013, el juez Primero del ramo penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Bravo, negó la orden de aprehensión solicitada por la autoridad investigadora”, precisa el boletín.
Explica que los funcionarios zeferinistas presentaron una demanda ante la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/083/2014 contra la resolución administrativa que emitió la Contraloría General del Estado, y el 21 de febrero del 2013, el tribunal emitió una sentencia que ordenó a la Contraloría “emitir otra nueva resolución”.
La Contraloría General del Estado se inconformó ante la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo e “interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del citado Tribunal, el cual en el expediente TCA/SS/2117/2014 y TCA/SS/2012/2014 acumulado, emitió resolución de fecha 10 de julio del 2014, confirmando la sentencia por la Sala regional ya mencionada, y en estricto cumplimiento a lo ordenado, este Órgano Estatal de Control está procesando una nueva resolución”. (Redacción / Acapulco).