Eduardo Pérez Haro

Reforma por acuerdo

Para Olimpia Flores

No habrá reforma estructural para el campo. Habrá acuerdo nacional para el campo. O para no emular al régimen panista, entonces encabezado por el tristemente célebre Vicente Fox, es posible que ahora se llame Acuerdo para la Reforma del Campo, por aquello de ponerle el sello de las reformas del peñanietismo, pero como se llame es lo de menos, lo lamentable es que el campo tendrá que conformarse con algunos remozamientos que ya estaban previstos y los campesinos con algún listado de ayudas que difícilmente llegarán a sus manos.
Entre el epílogo de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, la nueva discusión sobre las deudas de Pemex (Fobapemex), la Ley de ingresos, el Programa de Egresos de la Federación para el 2015 y los reacomodos para las elecciones como asunto preponderante, se cerró el espacio para una reforma de mayores alcances para el campo. Políticamente no hay condiciones para que el régimen se dispense esa “jugada”.
Al presidente y sus consejeros les hubiera gustado aprovechar la reforma para el campo para darle la “puntilla” al asunto agrario que al parecer no se “redondeo” en la reforma de 1992 pues la venta de los terrenos ejidales y de la comunidad quedaron atrapados en un procedimiento mediado por la anuencia de la asamblea del caso y lo convirtió en un algo “complicado y tardado”.
Mas las intenciones de Peña Nieto no son más que las de eliminar este obstáculo pues nadie puede obviar que los derechos de expropiación por razones de utilidad pública y de enajenación de las tierras están desde la Constitución de 1917 y la reforma que se hiciera al Artículo 27 en 1992. Se trata de modificar leyes y reglamentos no para poder expropiar o vender sino para hacerlo rápido.
El presidente “le midió el agua a los camotes” y desde el pasado 5 de marzo, estando con algunas organizaciones campesinas en Isla Navidad, Colima, se comprometió a echar pa´delante la reforma para el campo sin tocar el tema agrario, más no se comprometió a no intentarlo por otra vía y así fue que en el marco de la Ley de Hidrocarburos se colocó el punto bajo el concepto de “ocupación temporal” con lo que a las organizaciones campesinas “les salió más caro el remedio que la enfermedad”.
El asunto es que no siendo la cuestión agraria contenido fundamental de la reforma para el campo y teniendo cargada la agenda por los temas de la energía, el presupuesto y las elecciones, lo mejor sería desechar la pretensión de tal proyecto y sólo darle mantenimiento al sector. Desde el 20 de junio el legendario líder del Barzón y vocero del Frente Amplio Campesino (FAC), Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que las diversas agrupaciones campesinas del país iniciarían un diálogo para un nuevo acuerdo nacional para el campo con el gobierno federal.
El mismo Ramírez Cuéllar había sido parte de la mesa que hace poco más de una década se había sentado en las negociaciones para el acuerdo nacional para el campo que entonces se suscribió con el gobierno de Vicente Fox siendo secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y cuyos términos ya no importa recordar porque al decir de los hechos recientes que apuntan hacia un “nuevo acuerdo” habrá servido para varias cosas menos para llevar al campo mexicano a mejor circunstancia.
El presiente Peña Nieto pierde otra oportunidad. México también pierde y no se diga los campesinos… de poco o nada les servirá el nuevo acuerdo, no existe ningún elemento, factor o circunstancia para suponer que pueda ser mejor que el de 2003. Con el próximo acuerdo la reforma para el campo, no sólo bajó su rango en el medallero de las reformas estructurales que de suyo lejos están de haberse colocado como las reformas para la transformación estructural de México al haberse circunscrito al acomodo de un par (energía y telecomunicaciones) de circuitos de negocios para el gran capital nacional y extranjero que no tienen ninguna responsabilidad ni compromiso con los grandes problemas nacionales.
Las reformas estructurales dentro de algunos años podrán jalar importantes inversiones directas en esas áreas de negocios pero no traerán empleo acorde a las exigencias del rezago acumulado, ni alcanzarán a revolucionar las insuficiencias de la industria nacional y los servicios y mucho menos llegarán al campo que no sea desplazando a la gente de sus propiedades. (Nuestra afirmación ha sido fundada en varios artículos publicados en el 2013). Qué bueno hubiera sido que el presidente se hubiese mostrado diferente al no ser sólo un hombre de negocios sino un hombre de Estado, pero no. La ideología del neoliberalismo ha mostrado su enorme filo y capacidad para permear no sólo la conciencia de las multitudes sino la de los hombres de la clase política que ya usan el lenguaje y la escala de valores del uso común de los “hombres exitosos” como se les suele aludir y adular a los que son capaces de enriquecerse y entre más mejor o “más exitosos”.
No hay duda hay fortunas que prosperan pero México no está en vías del desarrollo (dicho sea de paso, el FMI ya le bajó el pronóstico de crecimiento al PIB del mundo, de Estados Unidos y de México de 3.0 a 2.4 %; Videgaray-Peña insistirán en el 2.7%), y eso debe señalarse como responsabilidad del presidente, también lo es de la clase política y del empresariado –que cada vez más tienden a mezclarse y confundirse- y sin duda lo es también de la sociedad nacional que sobrevive aturdida e irreflexiva en sus padecencias y su individualismo. México se rezaga, se revuelve en las redes del atraso. Volvamos a decirlo, el presidente Peña Nieto pierde otra oportunidad dando vuelo a su versión tropical de antiguo neoliberalismo.
Bastaría ver bien la agricultura de Estados Unidos, o la de Sudáfrica, la de la India o Argentina, la de Rusia, China o Brasil o sencillamente la de Perú o de Ecuador, para darnos cuenta la manera en que la agricultura y las demás actividades del sector rural pueden ayudar al engranaje de la economía urbana para el desarrollo. Pero el presidente no lo ve, sus consejeros no lo ven y desafortunadamente tampoco lo ven las organizaciones campesinas, ciertamente las sociedades de base, incluida la sociedad rural, están distraídas en la batalla del día a día y tampoco lo ven. Esta es la consecuencia del atraso y en ello no hay por qué quitar mérito al pensamiento neoliberal y sus operadores, con especial reconocimiento a los principales medios de comunicación.
Bajo la estratagema de la “ocupación temporal”, el presidente se reserva la compra, expropiación, despojo o intromisión en las tierras que sean necesarias al desarrollo de las energías, principalmente hidrocarburos pero no sólo, también minerías e inmobiliarias, sin perder la continuidad de los grandes negocios agroalimentarios que podrán seguirse de la mano con los grandes productores y grandes empresas agroalimentarias y agroindustriales. Las organizaciones campesinas que representan en su mayoría a pequeños productores minifundistas tanto del ejido y la comunidad como de la pequeña propiedad deberán conformarse con ajustes institucionales que ya estaban previstos y que se guían más por criterios de austeridad en el gasto que por objetivos de fomento al desarrollo, los que afortunadamente para el régimen podrán acordarse con un poco más de “apoyos”. Nadie se atreverá a pensar que le restarán dinero a la seguridad pública para dárselos a los campesinos, máxime cuando la economía no crece conforme a las expectativas, será sólo un pequeño ajuste al interior del presupuesto tradicional.
A cuatro semanas de haberse sentado en la mesa de negociaciones las organizaciones campesinas movilizaron a sus huestes y tras plantarse en las afueras del Palacio de Cobián en las calles de Bucareli, alrededor de 40 mil campesinos, hombres y mujeres, concluyeron en la plancha del Zócalo dando lectura a los 12 puntos del documento llamado El campo es de todos. Movimiento en defensa del territorio y del derecho a la alimentación, en el que se consignan los que podrán ser los puntos sustantivos del acuerdo que, como el propio texto lo advierte, firmarán el próximo 8 de agosto con el presidente Enrique Peña Nieto y que llaman decreto para constituir el “Sistema de la Reforma para el Campo Mexicano y la Nueva Política Agroalimentaria y Nutricional”.
Emulan al otrora pacto posrevolucionario entonces definido entre el gobierno y la CNC, ahora disminuida a una oficina burocrática del régimen y perfilada hacia propósitos electorales, distantes de movimiento social alguno, las organizaciones no tienen mayor margen que el de plegarse a formas neocorporativas esperando su agosto. En los contenidos del acuerdo por firmar no hay más… si acaso algo de recurso$, que no es malo pero nunca algo que se aproxime a medidas dirigidas a resarcir desigualdades y desequilibrios del sector rural y de este en la economía nacional.
Fomento a la productividad de la agricultura y la economía campesina y familiar; Financiamiento a la pequeña y mediana agricultura familiar, Empresa Pública para participar en el Mercado de Acopio y Comercialización (¿?), Sistema Nacional de Salvaguardas para enfrentar el Cambio Climático y, claro, mesa de diálogo para ver y hablar de la cuestión agraria… Algo así como corregir las leyes secundarias de la reforma energética recientemente aprobadas (¿?). Nada nuevo salvo la idea de recuperar la intervención del Estado en el acopio y comercialización algo que habrá que ver cómo viene pero no suena a una medida acorde a los tiempos actuales, lo demás son reordenamientos burocráticos para líneas de ejercicio del gasto que ya existen sólo que están expuestas con denominaciones y dedicatorias para los campesinos pero no son cambios de concepción ni de políticas y en sentido estricto ni de programas sólo de nombres y hombres.
Las organizaciones campesinas nunca entraron a discutir las áreas de negocios del sector rural o dicho en otras palabras, las áreas de interés del régimen, y por tanto no trazaron una vía de acceso al desarrollo, ni provocaron una discusión de fondo.

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