* Xavier Carreto A. *

 Socavar a la autoridad municipal

 Una práctica reiterada del gobierno estatal es socavar a la autoridad municipal legítimamente constituida que no emane de las filas del Partido Revolucionario Institucional. El apoyo a grupos afines al partido del Ejecutivo, en municipios en donde gobierna la oposición es algo que hemos podido observar los guerrerenses de este gobierno priísta.

Uno de los casos más agudos fue el del ayuntamiento apoyado por la coalición PRD, PAN, PT y PRT que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo, por la creación previa de una delegación del gobierno del estado en Acapulco y un sinnúmero de agresiones a lo largo de su periodo de tres años.

No menos grave es lo que ha sucedido con los gobiernos perredistas de Teloloapan, en donde con el respaldo de la administración estatal Pedro Pablo Uriostegui ha hecho de las suyas, sin que hasta la fecha haya sido detenido.

El retraso en la entrega de las participaciones y aportaciones provenientes del gobierno federal ha sido otra forma de restarle importancia a los gobiernos municipales perredistas y panistas. Esta situación llevó al gobierno municipal del ex presidente Torreblanca a interponer una controversia constitucional en contra del gobierno estatal que ha ganado y por lo cual este último tendrá que cubrirle al ayuntamiento de Acapulco, por concepto de intereses, la cantidad de 20 millones de pesos.

Todavía está presente entre los ciudadanos que vivimos en esta entidad la protesta de los ediles perredistas en la residencia del gobernador por la inequitativa distribución del fertilizante, al ser mayormente beneficiados los ayuntamientos del PRI.

Por eso no es de extrañarse que en el caso del municipio de Zapotitlán Tablas, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PJEG) haya solicitado al Congreso local iniciar el juicio de procedencia para pedir el desafuero del alcalde, el síndico y un regidor del ayuntamiento panista, cuando aún no están concluidas las indagatorias de los condenables hechos sangrientos en la comunidad de Escalerilla Laguna de esa municipalidad.

Para los ciudadanos guerrerenses es una historia conocida que los grupos de choque de filiación priísta denominados Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y Antorcha Campesina, son apoyados y utilizados por el gobierno estatal por medio de la Dirección de Gobernación, para respaldar sus intereses partidistas y a los caciques de la región.

Zapotitlán Tablas, municipio enclavado en la región de La Montaña guerrerense, es un territorio con grandes rezagos sociales, donde impera la pobreza extrema y el analfabetismo que hace difícil la convivencia armónica entre los grupos indígenas que lo habitan. Asimismo, es larga la pugna que por el poder han protagonizado los grupos de la LARSEZ y Antorcha Campesina.

En este contexto, el pasado 1 de diciembre comenzó el gobierno panista encabezado por el profesor Silvino Mosso Porfirio, quien derrotó en las urnas a la candidata del PRI, Eufemia Contreras Tapia, perteneciente a la LARSEZ, lamentablemente fallecida en reciente accidente automovilístico cuando se dirigía a la capital del estado.

Un dato importante en este caso es la elección de comisarios municipales, y quienes resultaron electos fueron invitados para tomarles la protesta el 26 de enero.

Sin embargo, los comisarios de Alteopa, Ayotoxtla, Escalerilla Laguna y Piedra Pinta, de filiación larsista, se negaron a asistir, ya que días antes, en la capital del estado, el director de Gobernación estatal había citado al presidente Mosso para que firmara en su oficina los nombramientos correspondientes.

A los comisarios de las comunidades citadas les fue tomada la protesta de ley el día anterior, por el director de Gobernación estatal y el ex secretario de Asuntos Indígenas y hoy candidato priísta a la diputación federal por el distrito 06, Marcelo Tecolapa, usurpando las funciones del alcalde Silvino Mosso.

Otro hecho que antecedió a los crímenes del 11 de mayo en Escalerilla Laguna fue el pasado 19 de marzo, cuando el presidente Mosso fue detenido junto con el síndico Jesús Vázquez, cuando regresaba de una gira de trabajo, por el comisario de Escalerilla, Cándido Aguilar, miembro de la LARSEZ, y otras 80 personas de este grupo para exigirle que se desistiera de seis órdenes de aprehensión, a lo cual el presidente panista contestó que no era asunto de su competencia; no obstante estuvo privado de su libertad por más de 11 horas y liberado después de comprometerse a construir cuatro comisarías de dos plantas, además de otorgarles otros apoyos económicos.

El resto de este drama es bastante conocido por la amplia información que han proporcionado los medios locales como El Sur, solamente bastaría añadir que el 11 de mayo cuando el alcalde Mosso acudió al poblado de Escalerilla Laguna, fue acompañado por el comandante de la policía del estado Francisco Tovar Lara, y ocho elementos bajo su mando.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que no el delegado estatal de este partido, quien parece por su actitud estar apoyando al gobernador del estado, ha dado su respaldo al presidente Silvino Mosso, quien ha responsabilizado al gobierno estatal de estos hechos por no actuar a tiempo, en apego a la legalidad y en apoyo a la autoridad municipal legalmente constituida.

La sociedad guerrerense espera el resultado de una investigación seria, responsable y sustentada en la ley, así como el castigo a quienes resulten responsables por esta matanza.

El poder Legislativo, por su parte, tiene el compromiso de atender cabalmente su responsabilidad de representar al pueblo, coadyuvando al esclarecimiento de estos hechos y a la aplicación de las sanciones legales correspondientes a sus autores.