Instalan mesa de quejas sobre uso de recursos públicos con fines electorales

* El coordinador de Transparencia de esa Secretaría federal, Rafael Domínguez Morfín, dijo que los recursos se van a reprogramar para que no se entreguen el día de la elección

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Coordinación de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) “va con todo y contra todos” los servidores públicos que hagan uso de los recursos de programas federales con fines electorales en este proceso para el 6 de julio.

Para ello personal del área realizó ayer las jornadas para la transparencia y la legalidad. Asimismo, instaló la mesa para la recepción de quejas sobre el particular e instaló el Comité Jurídico con abogados de la misma dependencia federal.

Las tres acciones fueron puestas en marcha por el coordinador de Transparencia de la Sedesol, Rafael Domínguez Morfín, acompañado por el director general de Control de Procesos y Amparos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el delegado estatal de la Sedesol, José Ignacio Ortiz Ureña.

Las jornadas para la transparencia y la legalidad estuvieron dirigidas a autoridades del gobierno federal, estatal y municipal y a organizaciones de la sociedad civil que se encuentran involucradas en el uso de recursos públicos, quienes recibieron información sobre delitos electorales y las sanciones contra quien maneja indebidamente los programas sociales.

En las pláticas de orientación, que se realizaron en el auditorio de la Unidad Deportiva de Chilpancingo, participó también personal de la Secretaría de la Función Pública.

Los mismos funcionarios instalaron ayer la mesa permanente por la transparencia y la legalidad, que estará ubicada en la oficina del delegado de la Sedesol, Ignacio Ortiz Ureña, y que será presidida por él y la conformarán los representantes de entidades sectorizadas de esa dependencia federal como Diconsa, Liconsa Corett, INI y representantes de programas como Oportunidades, Empleo Temporal y Jornaleros Agrícolas. También formará parte de la mesa un representante de la Contraloría interna y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que conforman la contraloría social.

Otra de las acciones para impedir el uso de recursos públicos con fines electorales es la instalación del Comité Jurídico integrado por un grupo de abogados que trabajan para Sedesol y para sus entidades, quienes se reunirán de manera coordinada una vez a la semana para revisar las denuncias y quejas y el trámite jurídico que le darán.

“Se trata de fomentar la cultura por la ley, la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos. Asimismo enviar con ello una advertencia de que se aplicará la ley contra todo aquél que haga mal uso de los recursos públicos federales”, dijo en entrevista Domínguez Morfín.

Sin embargo aseguró que los recursos de los programas no se van a suspender, pero dijo que sí se van a reprogramar y esto implica que los recursos serán entregados a los beneficiarios días antes de la elección “para que la gente no reciba los recursos de estos programas el día de la elección”, explicó el funcionario federal quien informó que incluso los vehículos de la dependencia se guardan días antes de la elección, con el objeto de que no se mal interprete su uso.

“Queremos dejar el mensaje primero preventivo en el sentido de que no deben de entregarse los programas de tipo social con fines partidistas, que éstos son recursos de todos los mexicanos y que ningún candidato de ningún partido puede usarlos en beneficio de su campaña”, dijo Domínguez Morfín.

Pero también dijo que la advertencia es que “vamos a aplicar la ley; quien se atreva a tratar de utilizar estos programas con fines partidistas o proselitistas aplicaremos todo el peso de la ley y lo haremos del conocimiento de las autoridades respectivas como la PGR y la Secretaría de la Función Pública a efecto de que apliquemos todo el peso de la ley a quien pretenda utilizar los programas de una manera indebida”.

Recordó que según la ley, para quien incurra en mal uso de los recursos públicos se establecen sanciones administrativas como amonestación privada o pública, suspensión o separación temporal de su cargo, la destitución y en algunos casos, la inhabilitación. Mientras que por la parte penal la ley establece hasta mil días de prisión a quien haga uso indebido de esos programas.

Por ello dijo que en las jornadas de ayer la orientación fue con respecto a qué es el delito, cómo se configura, qué elementos hay que reunir para poderlo acreditar, “de tal manera que la sociedad civil se convierta en una parte muy importante en la vigilancia del uso de los recursos y no se haga mal uso de estos programas, que no se condicione un beneficio de un programa a una simpatía particular, quien lo quiera hacer diferente tendrá que pagar las consecuencias, que la gente sepa que no vamos a permitir nada”.

Y para ello advirtió que la ley no distingue de puestos o nombramientos; “es única y pareja para todos los mexicanos, todos tenemos la obligación de respetarla, todos estamos a bajo de la ley”, dijo cuando se le preguntó si la advertencia incluye al gobernador René Juárez.

Informó que en 30 días habrá un corte y que el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, informará cuántas quejas se han recibido y ante quiénes han sido canalizadas. La mesa de transparencia y legalidad podrá canalizarlas a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR.