No tienen para viajar a Acapulco donde firman por su libertad condicional, dicen

* Fueron sentenciados por sedición, motín y daños durante la toma del Palacio Municipal

Campesinos de diversas comunidades de San Marcos que enfrentan un juicio penal en el juzgado segundo por una protesta en el ayuntamiento en el 2002, piden que el gobernador los disculpe porque no cuentan con dinero para viajar a Acapulco donde acuden a firmar porque están en libertad condicional.

El profesor de secundaria Arturo Roque Franco acudió a la redacción de El Sur, con los indiciados del expediente penal 13-2/2002 por los presuntos delitos de sedición, motín y daños.

Los procesados son Carmelo Silva Cortés, Pedro Ortiz García, Gildardo Analco Leyva, Francisco Bital Domínguez, Vicente Maldonado Pineda y Leonel Mayo Pineda.

Explicaron que los cargos fueron presentados por el ex alcalde de San Marcos, Cantorbey Herrera Lozano, por la presunta toma del Palacio el 15 de enero del 2002.

Señalaron que otro detenido, Ramón Hernández Gallardo, se fue a Estados Unidos porque ya no pudo estar en San Marcos por la presión que hay contra ellos.

Denunciaron que el 31 de enero, el juez segundo penal, Luis Aguilar Delgado giró órdenes a la Policía Judicial del Estado (PJE) para que los detuvieran.

Describieron que fueron sacados a la media noche de sus domicilios por los agentes como si fueran delincuentes porque a uno de ellos le cubrieron la cara con una chamarra color negro que le impedía respirar. Asimismo, los policías sustrajeron pertenencias de sus domicilios.

Explicaron que cuando fueron al Palacio Municipal de San Marcos, fue porque son militantes del Partido Alianza Social (PAS), y el su presidente, José Luis González, los invitó a recibir maíz que entregaría el alcalde Herrera Lozano porque en esa época esa zona se vio afectada por la sequía.

Detallaron que no sabían de la protesta ni de las pancartas que les dieron para la presunta toma del ayuntamiento.

Cuestionaron por qué motivo nada más a ellos los detuvieron cuando había más de 600 personas que participaron en esa movilización.

También criticaron a su dirigente político, José Luis González, porque al inicio del juicio les envió a un abogado que después abandonó la defensa, mientras que a su dirigente ya no lo volvieron a ver.

También cuestionaron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), porque presentaron una queja de la que no saben cuál fue la resolución.

Recordaron que para salir bajo caución, tuvieron que pagar 5 mil pesos cada uno, pese a que no cuentan con dinero porque son campesinos que nunca se habían involucrado en problemas.

Agregaron que además el hecho de ir a firmar cada viernes al juzgado, les implica un gasto porque la sentencia del juez Aguilar Delgado fue de 3 años con 6 meses, tiempo del que señalaron tendrán que estar firmando cada viernes.

Pero los campesinos también se preguntaron por qué por demandar maíz a ellos se les juzgo, mientras que a Herrera Lozano nadie lo juzgó por quedarse con el maíz que tenía que entregar y dinero del ayuntamiento. (Jorge Nava)