Solicita Amnistía Internacional a Argentina que investigue los crímenes del franquismo

DPA

Buenos Aires / Río Gallegos

Amnistía Internacional (AI) presentó ayer un informe a la Justicia argentina para solicitar que avance en sus investigaciones de los crímenes cometidos entre 1936 y 1977 durante la Guerra Civil y el franquismo en España.
El informe “Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España” fue recibido por el secretario de la jueza federal María Servini de Cubría, a cargo de la única causa abierta en el mundo que investiga estos casos.
El tribunal mostró disposición en continuar la investigación y se dejó abierta la posibilidad de que la magistrada viaje a España para buscar nuevos testimonios y pruebas, según indicaron fuentes de Amnistía. “Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia argentina poner a disposición recursos a ese fin”, señaló a la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.
El director de AI España, Esteban Beltrán, aseveró que el informe de su organización demuestra que “no se ha investigado en España”. “Hemos venido a indicar que tiene que seguir la investigación porque en España se cierran las puertas. Las víctimas se encuentran en situación de desamparo e indefención”, afirmó Beltrán durante la presentación del informe en Buenos Aires.
“Pedimos al gobierno, al Parlamento y a la Justicia de España que se ratifique la Convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra de las Naciones Unidas, que se remuevan los obstáculos y que se colabore con la Justicia argentina que ha enviado un exhorto” para recabar más datos sobre los delitos denunciados, añadió Beltrán.
“Las actuaciones de los tribunales españoles en el ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes cometidos en Argentina, Chile o Guatemala han otorgado un importante reconocimiento internacional a España. Es lamentable que España no sea capaz de llevar a cabo la misma investigación sobre los crímenes en su propio territorio. Ello da muestras de un evidente doble rasero”, denunció.
Según el dirigente de AI, al ahora ex juez Baltasar Garzón se le presentaron en 2006 más de 145 mil casos de desaparición forzada durante el franquismo. “El proceso a Garzón, aunque luego fue absuelto, ha cerrado las puertas a otros jueces que quisieran investigar”, lamentó.
“Hay parte de las autoridades españolas que quiere pasar la página de lo que pasó sin leer la página. Y las razones no me animaría a enumerarlas”, señaló Beltrán.
La jueza Servini de Cubría investiga las denuncias presentadas por tres ciudadanos argentinos por la desaparición o el asesinato de familiares durante el franquismo. A estas se sumaron en los últimos meses otras 44 denuncias de españoles que estuvieron encarcelados en las décadas del 60 y el 70, según precisó una de las denunciantes argentinas, Inés García Holgado.
Según Amnistía, “los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España”.
“A pesar de la reclamación que las víctimas y sus familiares han emprendido ante la justicia española desde hace años, la gran mayoría de los casos han sido archivados por los jueces sin ni siquiera llevar a cabo ningún tipo de investigación, por lo que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales”, sostiene el organismo.
“Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España. La jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y, por lo tanto, todos los Estados pueden llevar adelante causas, independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local”, remarcó Belski.
Huelga de trabajadores petroleros en el sur de Argentina

Trabajadores del sector petrolero de la austral provincia argentina de Santa Cruz iniciaron una huelga y acamparon en los accesos de yacimientos en Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco en reclamo de que se ponga fin a la intervención al Sindicato de Petroleros Privados.
La protesta comenzó en la noche del martes y no contó en su inicio con todo el apoyo esperado.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, advirtió que la huelga tiene “una intencionalidad política” y que no sólo perjudica a la provincia -en la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene su residencia particular- sino también al “proceso iniciado por el gobierno nacional con la renacionalización de YPF”.
El Congreso argentino aprobó la semana pasada la ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF que estaban en poder del grupo español Repsol.
Según informa la agencia noticiosa santacruceña OPI, los petroleros del sector privado de la provincia de Chubut analizan en tanto convocar a una huelga por la demora en el pago de los salarios.