El de Digna Ochoa fue un crimen de Estado planeado, afirma el EPR

* “Debe ser aclarado ya”, dice en un comunicado

El prolongado proceso de investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos,  Digna Ochoa y Plácido y la insistencia de las autoridades de plantear la hipótesis del “suicidio”, comprueban que fue un crimen de estado planeado desde las altas esferas del poder y debe ser aclarado ya, exigió en su último comunicado la Comandancia general del EPR.

Asimismo, señalan que los presos de conciencia  los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado, defendidos de Ochoa y Plácido, ante las aberraciones jurídicas en su juicio deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.

Recuerdan que en mayo, el EPR conmemora dos fechas importantes: el 1 y 18 de mayo.

El 1, se cumplen 7 años de la creación del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y el 18, 8 años de la oficialización del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

Señala que “en un pasado reciente hubo el intento de socavar una realidad histórica, por pseudos revolucionarios, quienes fueron expulsados de nuestras filas y hoy con sus actitudes sirven al enemigo con la delación velada, la calumnia, poniendo en peligro la vida de nuestros militantes”.

Sin embargo, agrega, “los grupos y subgrupos en descomposición al verse derrotados, por su posición pequeñoburguesa y oportunista, insisten  en la intentona de destruir a nuestro partido y Ejército haciendo eco de la contrainsurgencia”.

De nuestra parte nos encontramos en el esfuerzo por arribar a la consolidación de las diferentes instancias del partido y ejército, a la vez que se da una resistencia tenaz a la actual política neoliberal  

Agrega que el gobierno prooligárquico de Fox y líderes venales agrícolas, recientemente firmaron El Acuerdo Nacional para el Campo, no pensando en resolver la añeja problemática que padece, sino pensando cada uno en su partido y en el proceso electoral de julio próximo. Acuerdo que tienen como objetivo el desarrollo agroempresarial y desaparecer la economía campesina, beneficiando así a los que se cobijan del gobierno y del estado, como es el caso de Javier Usabiaga, la familia Fox y Diego Fernández de Cevallos, por mencionar algunos. Otros de los objetivos de este acuerdo es pretender mediatizar y contener el descontento en el campo mexicano, advertido por Fox, Creel y Usabiaga con sus declaraciones de no permitir más acciones de protestas campesinas, como se está dando en los Loxicha, Oaxaca y Guerrero.

También menciona que el prolongado proceso de investigación del asesinato de Digna Ochoa y Plácido y la insistencia de las autoridades de plantear la hipótesis del “suicidio”, comprueba que fue un crimen de estado planeado desde las altas esferas del poder y debe ser aclarado ya, así como el caso de sus defendidos, los presos de conciencia  hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado, que ante las aberraciones jurídicas en su juicio deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.

Los constantes patrullajes militares, intimidatorios en la biosfera de Montes Azules, en Chiapas, así como la militarización en Oaxaca, Guerrero  y otro estados del país, son una prueba de la política fascista de Fox.      

El gobierno foxista en su constante burla hacia el pueblo, da a conocer el programa  paquete alcance, pretendiendo ser un paliativo que no resolverá la miseria y la hambruna que existe en nuestro país, enmarcándose dentro de la campaña mediática electoral del PAN-gobierno.