Humberto Musacchio

Rogelio Guerra y la indefensión legal

El escandaloso caso de Rogelio Guerra ilustra aterradoramente el retroceso del Estado, la manipulación que se hace de la ley para favorecer a quien tiene dinero y la indefensión en que se encuentran los ciudadanos, aún los que gozan de fama, frente a la arbitrariedad y los desatinos del Poder Judicial.
En apretada síntesis el asunto es el siguiente: el actor firmó en 1997 un contrato con una filial de TV Azteca para intervenir en tres telenovelas. En 2000 se grabó la primera (Golpe bajo) y la realización de las otras dos fue pospuesta unilateralmente por la empresa. Como el aplazamiento se prolongara en perjuicio de Guerra, éste demandó en 2002 a la televisora por incumplimiento de contrato.
Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal falló contra TV Azteca, que quedó obligada a producir las dos telenovelas pendientes, las que por supuesto no se concretaron. Más adelante se presentó al actor la oportunidad de optar por un pago de daños equivalente a 7.3 millones de pesos, cantidad que hubiera percibido de realizarse los teledramas.
Hasta ahí parecía que el Poder Judicial funcionaba correctamente a favor de un ciudadano agraviado, pero las cosas dieron un sospechoso vuelco en 2008, cuando el consorcio del Ajusco demandó a Guerra, al que acusó de incumplimiento de contrato. La base de la absurda demanda era un citatorio presuntamente enviado el año anterior al histrión para que se presentara en las oficinas de la empresa, citatorio que no se ha probado que recibiera.
El caso era tan endeble que un juez falló a favor de Guerra. Sin embargo, en 2010 la sexta sala civil del TSJDF revocó la sentencia arguyendo que, pese a no haberse formalizado el contrato específico para actuar en una segunda telenovela, Guerra debía estar a disposición de la empresa y a responder a sus citatorios.
El TSJDF turnó el caso al juzgado 48, quien condenó al actor a pagar 22.2 millones de pesos ¡por daños y perjuicios causados a la televisora! La aberrante sentencia obtuvo la ratificación de la magistrada Delia Rosey y, como consecuencia, Rogelio Guerra pierde la casa donde vive, lo depositado en sus cuentas bancarias y hasta las regalías derivadas del uso de su nombre artístico. En suma, la totalidad de sus bienes actuales y futuros.
El fallo de la sala sexta de lo civil del TSJDF supone que quien firma un contrato con una empresa debe estar a sus órdenes indefinidamente y presentarse ante sus representantes cada vez que estos lo soliciten y aunque la otra parte no reciba citatorio alguno. Supone igualmente que la empresa no está obligada a cumplir en tiempo y forma sus compromisos y, para colmo, como el mencionado contrato implica exclusividad, el actor estaba impedido de ganarse la vida, lo que conforma un cuadro que nada tiene qué ver con la justicia ni con la ley.
Para los ciudadanos de a pie, resulta muy extraño que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal desahogue un juicio a favor de una de las partes, en este caso de Rogelio Guerra, y luego dé curso a otro proceso sobre el mismo asunto, que ya era cosa juzgada, y resuelva lo contrario.
Hasta ahora ningún ministro de la Suprema Corte se ha interesado por el asunto ni ha pedido el expediente. El Consejo de la Judicatura, que debiera evitar estos atentados contra la justicia, sencillamente se ha hecho el muerto y el mensaje que envía el Poder Judicial es que todos los ciudadanos, si nos enfrentamos a quienes tienen dinero, podemos ser triturados por jueces de actuación dudosa. ¿Y el Estado de derecho? Bien, gracias.a