Aprueba el Congreso las reformas para empezar los juicios orales en dos meses

*También avaló el cambio de nombre de la Procuraduría a “Fiscalía General del Estado”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La madrugada de ayer el Congreso local modificó diversas leyes que completan lo necesario para iniciar en Guerrero el sistema penal acusatorio y para que en 60 días empiecen en Iguala los juicios orales que de manera gradual se realizarán en todo el estado.
Desde 2008, tras una reforma federal, un mandato constitucional obligó a los estados a adecuar sus leyes para iniciar el nuevo sistema penal acusatorio, que tiene como principal acción la realización de juicios orales.
Los diputados locales aprobaron la ley que crea la Fiscalía General del Estado (FGE) y el nuevo Código Penal en el que se amplían los delitos y se dedica un artículo a los feminicidios, las agresiones por cuestión de género, a la discriminación, violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento, turismo sexual y pornografía infantil.
Entre las leyes que completan el sistema penal acusatorio están la ley de atención a víctimas y ofendidos, la de sujetos protegidos, la de justicia alternativa, la de justicia para adolecentes, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial.
También desaparecieron una sala civil y crearon una penal, debido a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado argumentó las cargas de trabajo que tiene y que representarán más espacios en el sistema penal acusatorio.
Ayer por la madrugada se dio lectura a las leyes reformadas, lectura que duró aproximadamente seis horas y que fueron aprobadas hasta las cuatro de la mañana.
A las 2 de la mañana se tuvo que pasar lista nuevamente al pleno porque no había quórum y la mayor parte del tiempo había en el salón 14, 15 o 16 diputados.
Pero cuando se iba a pasar lista fueron llamados los diputados que estaban en sus oficinas durmiendo o cenando tacos al pastor que pidieron, y entraron para decir “presente” y nuevamente se retiraron.
Pero para el momento de la votación de las reformas se presentaron al menos 32 diputados.
El presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, informó que a partir de la aprobación de todas las reformas hay un plazo de 60 días para que se empiecen a implementar los juicios orales y el nuevo sistema penal acusatorio en el estado.
Comenzarán en Iguala porque sólo ahí hay infraestructura para ello.
Afirmó que con el sistema penal acusatorio se pretende reducir el número de procesos que llegan a resolución ante los jueces, porque una de las ventajas es que los problemas entre particulares pueden solucionarse con la mediación de una persona, como un ministerio público, además de que nadie podrá entrar a la cárcel a cumplir una sentencia si no tiene un juicio completado.
También se aprobó la reforma a la ley?de justicia para adolecentes.
De acuerdo con las reformas realizadas a la Constitución en abril pasado, se cambió el nombre a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por “Fiscalía General del Estado (FGE)”, como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, que contará con tres fiscalías.
Las cuales son Fiscalía de delitos electorales, Fiscalía de combate a la corrupción y Fiscalías especiales y regionales, además de las agencias del Ministerio Público, la Policía Investigadora del delito, un órgano de servicios periciales y un Consejo de la Fiscalía General.
Y según lo aprobado la madrugada de ayer, la Fiscalía General contará con la Vicefiscalía de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, la Vicefiscalía de Prevención y Seguimiento y la Vicefiscalía de Investigación.
Y se contempla la implementación del Servicio Civil de Carrera, la cual no existía y garantizará las funciones de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
Al Código Penal se incorporaron nuevos tipos penales como el acoso sexual, la violencia de género, daño en propiedad ajena por grafiti ilegal, desempeño irregular de la función pública, de autorizaciones irregulares sobre uso y cambio de suelo y robo famélico.
En este último, el robo por hambre no es penado a menos que haya reincidencia.
Finalmente, en la última sesión del Congreso se eligió y tomó protesta a los integrantes de la Mesa Directiva para el tercer año legislativo, lo que generó conflictos y casi golpes en el Congreso y quedó de la siguiente manera: en la presidencia la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Arizmendi; la primera vicepresidencia para la priista Julieta Fernández, la segunda vicepresidencia para el perredista Eli Camacho Goicoechea; la primera secretaría para el perredista Roger Arellano Sotelo y la segunda secretaría para el diputado Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, mientras que en la suplencia están Amador Campos y Bernardo Ortega.