Apela la PGJE la liberación del ex secretario de Seguridad Pública municipal

*El argumento del juez es contradictorio, ya que el Ministerio Público acreditó el delito, indica la dependencia en un comunicado

Redacción

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que apeló la resolución del juez que liberó al ex secretario de Seguridad Pública municipal, Alfredo Álvarez Valenzuela, porque “se estima contradictorio” su argumento ya que el Ministerio Público acreditó el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad, y el policía turístico José Arturo Quezada Ramírez está preso por la misma orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de persona y abuso de autoridad contra un indigente.
“El argumento utilizado por el órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre la probable responsabilidad de Alfredo Álvarez Valenzuela se estima contradictorio, ya que al entrar al estudio del cuerpo del delito lo estima como acreditado derivado de la declaración de los coinculpados, mismos a los que les resta eficacia probatoria al momento de resolver sobre la probable responsabilidad”, reclamó.
Ayer se informó que el juez Décimo Penal lo dejó en libertad “por falta de elementos para procesar”, y que su abogado defensor, José Luis Gallegos Peralta, consideró una “tremenda negligencia y una ineptitud por parte de las personas que representan a la Procuraduría al integrar la averiguación previa pues consignaron sólo porque era una papa caliente y se la aventaron al juez”, por lo que el miércoles a las 4 de la tarde salió de la cárcel de Chilapa, escoltado por marinos rumbo a la ciudad de México
Sin embargo, en un boletín de prensa, la dependencia insistió en que el Ministerio Público sí acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ex secretario y tres elementos de la Policía Turística municipal, y que continuará con las acciones para que se revoque su libertad y cumplir con la detención de los otros policías inculpados, Fernando Vázquez Suástegui y Jessica Brenda Hernández Jiménez.
En el texto, la PGJE expuso que en marzo de 2014 apareció en la red social YouTube el video en el que se aprecia a tres policías turísticos golpeando con toletes a un hombre vendado de los ojos en un cuarto, lo que inició una investigación.
Agregó que en las diligencias el ex funcionario exhibió documentación relacionada con los policías, pero en un “informe” éstos dieron los pormenores de los hechos, y bajo los efectos del amparo y protección de la justicia federal en su declaración ministerial señalaron directamente que el entonces secretario de Seguridad Pública fue quien les dio las instrucciones “para que golpearan al indigente, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero” a pesar de la búsqueda de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que cuando el Ministerio Público “acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad” de los cuatro se procedió a ejercer acción penal ante un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, que “estimó suficientes los medios probatorios recabados” y el 10 de junio libró la orden de aprehensión en contra de los cuatro imputados por estos delitos.
En consecuencia, resaltó que el 13 de junio la Policía Investigadora Ministerial capturó a Quezada Ramírez en la colonia Progreso, lo internó en el penal de Las Cruces a disposición del juez que tres días después le decretó formal prisión.
Agregó que el jueves de la semana pasada se detuvo en la ciudad de México al ex secretario, quien fue trasladado a Acapulco e internado en el Cereso de Chilapa a disposición del juez, quien le dictó auto de libertad “por falta de elementos para procesar, al considerar que los testimonios de los otros tres coacusados no se encuentran acreditados con otro medio de prueba que haga verosímil su dicho”.
Ante esto, la PGJE consideró que el argumento es contradictorio y que el juez restó eficacia probatoria a las declaraciones de los tres policías que participaron, por lo que afirmó que apeló a la determinación del juez y hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada para revocar la libertad del ex secretario.

No nos pueden sancionar porque no hay paro total en la SSP, responden policías a Aguirre

*Niegan los inconformes que haya líderes que politicen el movimiento

Argenis Salmerón

Los policías que mantienen su plantón afuera de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron que no hay líderes que politicen el movimiento ni tampoco puede haber sanciones porque, argumentaron, no hay un paro total en la corporación, tras la advertencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Los policías coincidieron en que las autoridades pretenden amedrentar a los agentes que piden su liquidación conforme a derecho, y reprocharon que las autoridades causaron el plantón por despedir de manera “arbitraria” a 12 efectivos.
El miércoles, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, después de entregar recursos para proyectos productivos, indicó que serán sancionados los policías si siguen en el paro, y advirtió que “no vamos a permitir que se politice y no vamos a permitir que ahí se quieran erigir como líderes de la policía”.
Mientras que el abogado Jesús Lemus Beltrán dijo que ayer empezó la recolección de firmas de los agentes para interponer una demanda penal ante el Ministerio Público por el delito de peculado contra el Ayuntamiento, por los adeudos que hay con empresas financieras.
Consultado afuera de la secretaría, el comandante de la Policía Preventiva, Daniel Pérez Crisóforo, manifestó que detrás del plantón no hay líderes que politicen el movimiento, “nosotros estamos en nuestra fuente de trabajo, estamos inconformes porque no se cumplió el pliego petitorio pasado”.
Al preguntarle de lo dicho por el gobernador de que habrá sanciones si continúan en paro, el comandante respondió que Aguirre Rivero debe de mandar a un “emisor” para supervisar la presencia de los efectivos porque “nosotros no estamos obstruyendo ni bloqueando calles, sólo pedimos que nuestras peticiones sean favorables”.
Explicó que no hay un paro total en la corporación, y que los que están en paro son los trabajadores operativos, es decir los policías, mientras que los administrativos trabajan normalmente.
“Reclamamos que se cumpla el pliego petitorio pasado, porque no hay solución ni al aumento salarial del 4 por ciento, ni al seguro de vida ni tampoco a la liquidación al 100 por ciento de los efectivos de la tercera edad”, recalcó.
Pérez Crisóforo afirmó que las autoridades provocaron el plantón por despedir de manera “arbitraria” a 12 policías; “no hubo notificación y no los liquidaron conforme a derecho, evadieron todo tipo de acuerdos y derechos laborales”.
Sobre la respuesta que dio el alcalde Luis Walton durante la reunión del miércoles, el comandante respondió que fue una plática para presentar las inconformidades, que el alcalde mostró disposición para “destrabar” el problema, y adelantó que el próximo martes habrá otra mesa de trabajo.
Ayer se observó a los trabajadores operativos y administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública cobrando su quincena a pesar de cumplir su cuarto día de plantón.
El pasado 18 de abril, los policías tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública por 23 días para exigir mejores condiciones de trabajo y la destitución del entonces jefe policiaco Alfredo Álvarez Valenzuela.
Por su parte, Lemus Beltrán aseguró que no hay líderes detrás del movimiento, “yo pienso que hay desinformación del gobernador, no informan bien sus trabajadores que lo rodean, aquí sólo hay afectados que piden sus derechos conforme a la Ley”.
“No es la intención de formular un liderazgo aquí, el plantón surgió por la arbitrariedad de las autoridades por cómo empezaron los ceses, las bajas y remociones de los policías”, puntualizó.
El abogado explicó que las autoridades desacataron la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque no precisó el artículo, formulada en 2012, que dice que “es obligatorio para la autoridad administrativa la comunicación de un superior a un subalterno, la notificación en términos de ceses, bajas y remociones”, además de que debe de elaborarse un acta circunstanciada que indique el motivo.
Sobre la advertencia del gobernador de que habrá sanciones para policías en paro, el abogado respondió que están amparados por la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
De la reunión con el alcalde, Lemus Beltrán explicó que acordaron el aumento salarial del 4 por ciento, que será entregado por medio de un bono equivalente a tres meses y una quincena, pero no precisó cuándo.
Reiteró que otro compromiso del alcalde fue gestión ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública para que los efectivos que reprobaron el examen de control y confianza vuelvan a hacerlo y ratificar el resultado.
Abundó que los policías pidieron al alcalde la recontratación de los efectivos de la tercera edad, y “nos dijo que no podía ser posible por la saturación de los trabajadores, mejor acordamos que hubiera microcréditos para los compañeros”.

Ejecutan a dos jóvenes a balazos, a uno en Las Plazuelas y al otro en San Agustín  

Redacción

Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos y encontrados con huellas de tortura en distintos hechos de violencia ayer en el puerto.
El primer episodio ocurrió ayer a las 10 de la mañana, y tras una llamada anónima al 066 los policías encontraron a un joven ejecutado a balazos en una vereda de la colonia Mariano Molina, cerca del poblado Las Plazuelas.
De acuerdo con el reporte policiaco, al joven lo arrojaron los agresores en una vereda que conduce al poblado referido, en el punto conocido como “El Naranjal”, y la víctima presentó huellas de tortura y estaba atado con cinta de los pies.
Peritos en criminalística realizaron las diligencias y posteriormente informaron que el cuerpo recibió impactos de bala calibre 38 súper y 40 milímetros en la cabeza, tórax y abdomen.
En la escena del crimen se encontraron siete casquillos percutidos de las dos armas; la víctima estuvo boca arriba en una zona de terracería y sólo vestía un short azul.
El cuerpo quedó como desconocido y fue trasladado a las instalaciones de Semefo para hacer su necropsia de ley.
El segundo crimen fue en el poblado de San Agustín, cuando hombres armados ejecutaron a balazos a un joven.
De acuerdo con la información recabada, el crimen sucedió a la 5:30 de la tarde en la avenida El Pozo de Agua, en el poblado mencionado, cuando hombres armados a bordo de un auto dispararon contra un joven.
Policías fueron alertados mediante una llamada anónima 066 del asesinato de un joven de 18 años ejecutado a balazos.
El cuerpo recibió un balazo en el mentón y presentó huellas de tortura, y estaba amarrado de las manos con alambre recocido.
En la escena del crimen se encontraron cuatro casquillos percutidos de un arma calibre 45; la víctima vestía una bermuda azul a cuadros y una camiseta blanca.
La zona fue acordonada por efectivos de diversas corporaciones policiacas, mientras los peritos realizaron las diligencias correspondientes; posteriormente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Semefo para su necropsia de ley.