Niega Ramírez Guerrero intimidación a reporteros para que revelen fuentes

 * En la sesión, protestan periodistas, la familia del abogado asesinado Norberto Flores Baños y joyeros de Acapulco

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Mantas y pancartas extendidas en las graderías por ciudadanos que denunciaron la inseguridad pública, la impunidad en que actúan las corporaciones policiacas y la protección que se les brinda a bandas que han cometido crímenes, fueron parte de las protestas durante la comparecencia ante el pleno del Congreso local del procurador general de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero.

En la sesión, reporteros de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) exigieron, así lo decían sus pancartas, que la Procuraduría de Justicia deje de citar a trabajadores de los medios de comunicación para que proporcionen los nombres de sus fuentes de información.

“Por favor, les ruego a los señores que no pueden realizar ninguna manifestación aquí en este recinto, les regamos que desalojen la sala”, dijo a los manifestantes el presidente de la mesa directiva del Congreso, Marco Antonio de la Mora, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los reporteros de la APEG estuvieron 10 minutos en el recinto –como lo acordaron en su asamblea de este lunes por la noche– y después se salieron en forma pacífica.

Pero arriba, en las graderías seguían las protestas, y Marco Antonio de la Mora declaró un receso de 10 minutos.

Pero los manifestantes siguieron en pie. Desde su curul, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios, le hizo una seña al diputado del PVEM dándole entender de que continuara la sesión.

Las protestas

Elizabeth Patrón Osorio y Rogelio Agustín Esteban, corresponsales de CNI Canal 40 y de El Sol de Acapulco, dijeron que recientemente la Procuraduría de Justicia citó al corresponsal de El Financiero, Alejandro Mendoza Pastrana, para informara el nombre de la fuente que le declaró sobre irregularidades financieras de la obra del encauzamiento del río Huacapa en donde presuntamente está involucrado el secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Juan Farill Herrera y el gobernador René Juárez Cisneros.

Los dirigentes de la APEG señalaron que el otro caso es el de la reportera de El Sur, Maribel Gutiérrez Moreno, quien también ha sido citada por la Procuraduría para que proporcione los nombres de sus fuentes sobre presuntos responsables del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa.

En las mismas graderías, se encontraban la esposa e hijos del académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Norberto Flores Baños, quienes exigían al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, el esclarecimiento de este crimen ocurrido hace ocho años en Chilpancingo perpetrado por agentes de la Policía Judicial del Estado, varios de ellos todavía prófugos de la justicia.

De igual manera, empresarios joyeros de la ciudad de Acapulco protestaron en las graderías para exigir que la Procuraduría de Justicia esclarezca el asalto que individuos armados perpetraron en sus negocios llevándose un botín de 25 millones de pesos en alhajas de oro.

En la sesión de preguntas, el procurador de Justicia contestó, primero sobre el caso del periodista Alejandro Mendoza, y aceptó que el agente del Ministerio Público lo citó para que comparezca a fin de que proporcione algunos nombres de una información que publicó y que se relaciona con una averiguación previa que se inició.

“Nosotros no estamos intimidando a ninguno de los trabajadores de los medios de comunicación, estamos pidiendo que colaboren pero si no quieren comparecer para que aporten datos, ni modo”, le contestó el procurador al diputado perredista, René Lobato Ramírez.

En relación a los casos de los comandantes de la Policía Judicial del Estado asesinados, Walfred Adame Baylón –asesinado hace tres años– y el de Reynaldo Lozano Cruz, ultimado a balazos hace dos semanas en Acapulco, el procurador aseguró que en nada se relacionan.

Del caso de Walfred Adame dijo que ya hay sentenciados por el juez de la causa por su responsabilidad en este crimen. De Reynaldo Lozano Cruz, “estamos perfeccionando la averiguación previa y pronto solicitaremos al juez que nos obsequie varias órdenes de aprehensión”, dijo.

En investigación, 311 funcionarios de la Procuraduría por recomendaciones de derechos humanos

Informó que durante más de un año que lleva al frente de la Procuraduría de Justicia ha recibido 33 recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y de la CNDH.

“Producto de esas recomendaciones hemos iniciado 287 procedimientos administrativos en contra de más de 311 funcionarios de la Procuraduría de Justicia que están sujetos a una investigación”, aseguró.

En el documento que leyó Jesús Ramírez Guerrero, reconoció los rezagos en materia de justicia en el estado y dijo que eso se debe a la falta de recursos públicos.

El el año que comprende este informe, dijo el procurador de Justicia, tres comandantes, siete jefes de grupo y 30 agentes de la PJE fueron cesados de sus funciones y sometidos a proceso.

Casi al final de la comparecencia, aparecieron ciudadanos en las graderías y extendieron una manta que decía: “El procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, sí imparte justicia”.