Corren comuneros a marinos y soldados que pretendían patrullar pueblo de Cacahuatepec

*Los efectivos, junto con policías federales, llegaron a la comunidad de La Concepción cuando terminaba la asamblea de los opositores a La Parota, pero los asistentes, con machetes y palos, los expulsaron. Antes, en la reunión, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, informó que presentará una demanda de nulidad en el Tribunal Agrario contra la denuncia por despojo que puso el gravillero Humberto Marín contra el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido en Nayarit

Carlos Moreno A.

Militares, marinos y policías del estado intentaron “patrullar” en el poblado de La Concepción, luego de terminar la asamblea de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop), pero los opositores a la presa los corrieron.
En la asamblea, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se presentará una demanda de nulidad en el Tribunal Agrario contra la denuncia por despojo que interpuso el gravillero Humberto Marín contra el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Uno de los puntos de la asamblea fue el permiso a una empresa constructora para ingresar a los Bienes Comunales de Cacahuatepec y rehabilitar la carretera que va de La Parota a Pochotlaxco.
El pasado domingo, un ingeniero de la empresa Peña, de Hidalgo, acudió a la asamblea y les explicó a los comuneros los trabajos en dicho tramo carretero, que abarcarán 7 kilómetros, “porque está más accidentado” a causa de la tormenta Manuel, pero los comuneros preguntaron en ese momento el porqué hasta ahora se preocupaban por “arreglar la carretera” a 10 meses de la tormenta; ahí decidieron no permitir el ingreso de la maquinaria ni ningún trabajo hasta que se presentara un proyecto autorizado, firmado y sellado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ayer, de nuevo acudió el ingeniero Misael Trejo, representante de la empresa Peña, contratada por la dependencia, y presentó dos hojas con logotipos de la SCT pero no estaba sellado ni firmado.
El ingeniero les leyó el documento y les explicó los trabajos en la carretera, como los vados, el concreto hidráulico y la maquinaria que utilizaría.
Los comuneros manifestaron que “la gente tiene desconfianza, ya no podemos dejar que entren a trabajar”, y molestos le reprocharon a Misael Trejo que no trajera el proyecto como lo pidieron y autorizado por la dependencia federal, por lo que acordaron no permitir que entren hasta que cumpla el requisito.
El abogado Vidulfo Rosales le dijo a los comuneros que el documento no era “serio y si ellos van a traer un documento, y más si viene el nombre de la autoridad debe de venir firmado ¿quién nos garantiza que van a hacer lo que ellos dicen?”.
También un integrante del Cecop, quien se presentó como representante con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que fue nombrado por Marco Antonio Suástegui hace dos meses, informó que recibió la visita del superintendente de la Costa Chica, el ingeniero Solano, y que le explicó que “quieren entrar a rehabilitar las líneas de los pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que no se les vaya la luz, porque tienen el problema de que cada vez que llueve hay disparos de corriente, los transformadores explotan y que se gestiona la forma de condonar la deuda y tener una tarifa preferencial para los servicios domésticos”.
Pero en la asamblea, los opositores acordaron que no: “estamos bien, no queremos a los de la CFE”, manifestaron, y expresó un comunero que” ese dinero que la CFE gaste que se invierta en la libertad de Suástegui Muñoz “ y en coro gritaron: “Zapata vive, Marco vive, vive”.

No acude el gravillero Javier Cadena a la asamblea

Sobre que no acudió a la asamblea el gravillero Javier Cadena Almazán, un opositor indicó que hay “rumores” por parte de la empresa Agregados de la Costa Chica de “que ellos no tienen que pagar nada acá”.
Ahí, uno de los coordinadores, Maximino Solís Valeriano, que encabezan el Cecop mientras regresa Suástegui, y que fue detenido junto con otros dos comuneros el lunes pasado, señaló que les “pusieron el dedo”.
Contó que cuando acudió a la gravillera, junto con sus dos compañeros, “nos detuvieron los de la Ministerial en la gasolinera del Cerro de Piedra”, y que en el Ministerio Público de El Coloso el comandante de ese sector les dijo: “ya ven cabrones, no que andan pidiendo dinero”.
“Siempre, ellos (Cadena Almazán) han dicho que nosotros andamos de limosneros, no fuimos a pedir dinero, fuimos a otro mandado, fuimos a decirle al gravillero que no le soltara dinero a nadie”, indicó el Solís Valeriano y agregó que el mismo comandante les reveló que “nos puso el dedo el gravillero de Bella Vista, de los Cadena y ahí también Marín y Domingo Bailón”.
Pero intervino Rosales Sierra y les dijo que no tenía sentido pelearse con Cadena Almazán; “hay otros temas importantes, ya no le muevan al tema de la gravillera, si ellos no dan lo que estaban dando pues no lo necesitamos, eso nada más nos mete en problemas”.
“Ya no reciban dinero, ya no reciban nada, no lo vayan a ver, déjenlo ahí que siga, hay que planear lo que viene, libertad de Marco”, reiteró.
Rosales Sierra explicó que se presentará una demanda formal contra Humberto Marín Molina, dueño de la gravillera Kimbar, porque ocupa un terreno comunal que no es de él.
Una de las órdenes de aprehensión contra Suástegui Muñoz es por despojo, la que presentó Marín Molina en el Juzgado Quinto y se deriva de la averiguación TAB/SC/04/0063/2014 del 28 de enero, cuando el empresario, que extrae material pétreo en el río Papagayo, denunció ante el MP al vocero por el bloqueo que realizó un día antes en La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones.
“Vamos a poner una demanda formal de nulidad contra Humberto Marín, porque ahí sí tenemos problemas con él por ese terreno que ocupa ilegalmente; vamos a hacer en dos semanas una demanda ante el Tribunal Agrario contra esa ocupación y ahí sí podemos luchar contra las gravilleras”, expresó el abogado
“El (Marín) dice que es dueño y nos acusa de despojo a nosotros y a Marco, pero vamos a demostrar en el Tribunal que no es dueño, que él no tiene la propiedad legal de esas tierras”, reiteró.
Dijo que los documentos que Marín Molina presentó como dueño del terreno “son ilegales”, y dejó un documento donde se recabarán “mínimo unas 200 firmas de comuneros que están en el padrón” para presentar la demanda agraria.

Ya hay amparos en el caso de Suástegui

Rosales Sierra informó a los integrantes del Cecop sobre el proceso legal de Suástegui Muñoz, que ya se interpusieron los amparos penales radicados en los juzgados de distrito en materia penal en Tepic, Nayarit, “pero todavía no tenemos la fecha”, aunque se prevé que les informarán en esta semana.
Explicó que tienen otros dos meses más, que los jueces de Tepic, Nayarit, resolverán si el auto de formal prisión que se le dictó a Suástegui Muñoz es legal o ilegal.
Ejemplificó con la acusación de robo calificado puesta por Humberto Marín, y consignada en el Juzgado Décimo Penal en Acapulco; “en el caso de robo calificado, el señor hace una enumeración de 32 cosas que supuestamente le robaron, pero no exhibe ninguna nota ni comprobante de que efectivamente tenía esas cosas y sólo tienen la declaración de los trabajadores de la gravillera, pero él tiene que probar que esas cosas las tenía”.

El abogado indicó que comenzará el proceso de instrucción de Suástegui Muñoz y los expedientes regresarán a Acapulco en esta semana y “vamos a promover una serie de pruebas que se está juntando”.
Indicó que la audiencia programada para el 17 de julio, donde se decidiría el amparo contra el traslado de Suástegui Muñoz, no se llevó a cabo y fue cambiada al 13 de agosto en el Juzgado Tercero de Distrito y confió que “si ganamos ese amparo las autoridades lo tienen que trasladar a un penal de Guerrero”.
“No podemos ahorita ofrecer cosas buenas, pero podemos decir que se está trabajando jurídicamente, es un trabajo difícil porque toda la fuerza del estado está contra nosotros, tenemos que remar contra la corriente pero ahí vamos”, recalcó Rosales Sierra.
Sobre las órdenes de aprehensión contra otros opositores, Rosales Sierra explicó que “existe la posibilidad de que el amparo favorezca a algunos compañeros, y vamos a hacer cinco amparos” que serán puestos hoy o mañana.
Al término de la asamblea y cuando los comuneros se retiraban a sus poblados, dos patrullas de militares, resguardadas por una de la Fuerza Estatal y otra más de la Marina, intentaron patrullar allí pero los opositores los corrieron e indicaron que “es una forma del gobierno de provocarnos”.
Ahí los comuneros agarraron sus machetes y otro más palos y piedras y gritaron a los soldados y policías del estado “fuera, aquí no los queremos, no tienen porque estar patrullando aquí”.
Los soldados dieron la vuelta y regresaron por el camino que conduce al poblado de Agua Caliente, pero una de las dos patrullas de militares se paró a unos 30 metros de donde está el retén a La Concepción y los efectivos comenzaron a tomar fotografías y videos con sus teléfonos celulares, por ello los comuneros les gritaron que se fueran de los Bienes Comunales  y “que se vayan a cuidar la planta Papagayo, allá están, allá quédense”.
Algunos pobladores, enojados, pidieron que cese el hostigamiento de las autoridades contra ellos y el Cecop: “nos mandan personas también a provocarnos, no va a pasar nadie”.
“Nosotros los campesinos no le hacemos nada a ellos, ellos vienen aquí, vienen a provocarnos”, y responsabilizaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al gobierno federal de lo que les pase.
“El gobierno fabrica delitos, que ellos respeten, que no pasen para acá, nosotros hemos respetado de no ir”, en referencia a las plantas Papagayo I y II.