Aún no cumple Fonatur los compromisos con el ejido Zihuatanejo a 41 años de la expropiación

*De acuerdo con el decreto de 1972, debe efectuarse la entrega de dos lotes tipo, urbanizados, a cada uno de los 105 ejidatarios, así como el 20 por ciento de las utilidades netas del fraccionamiento

El gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debe cumplirle al ejido Zihuatanejo lo indicado en el decreto expropiatorio de 480 hectáreas emitido el 29 de noviembre de 1972 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1973, de acuerdo con una tarjeta informativa firmada por el consejero jurídico del poder Ejecutivo del estado, Raymundo Melgarejo Vázquez; el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Martín Mora Aguirre; y el director de Asuntos Agrarios, Edgar Martín Parra y Bello.
Desde hace 41 años, los ejidatarios del núcleo agrario Zihuatanejo han esperado que el Fonatur les cumpla las prestaciones que otorga el decreto expropiatorio a favor, que son la entrega de dos lotes tipo, urbanizados, a cada uno de los 105 ejidatarios que conforman el núcleo agrario, así como el 20 por ciento de las utilidades netas del fraccionamiento.
Durante 14 años, los ejidatarios han mantenido un juicio agrario contra el Fonatur, pero no ha prosperado; en los últimos seis meses de éste año, a través del gobierno estatal, consiguieron varias reuniones con el director jurídico del Fonatur, Roberto López Vides, para buscar una solución favorable para ambas partes, pero el funcionario abandonó la mesa de negociación luego de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, le dio a conocer la tarjeta informativa que contiene una síntesis sobre la situación que guarda el conflicto y de la cual El Sur tiene una copia.
En ese documento, entre otras cosas, se expone el antecedente y la situación actual del juicio agrario 683/2000-41; actualmente es el 529/2011-52.
Los ejidatarios iniciaron ante el Tribunal Unitario Agrario 41 el juicio 683/2000-41 contra el Fonatur, Banobras, Fideicomiso Bahías de Zihuatanejo (Fibazi), Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), Nafinsa, gobierno del estado de Guerrero, Secretaría de la Reforma Agraria (actualmente la Sedatu) y la Secretaría de Turismo; y el TUA dictó sentencia en agravio de los ejidatarios.
Por ello, interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, que revocó esa sentencia y ordenó reponer el procedimiento para reestructurar las pruebas periciales en materia contable, de topografía y avalúo a fin de conocer si los demandados entregaron los dos lotes tipo y el 20 por ciento de las utilidades netas a los ejidatarios.
El Fonatur negó el pago de la indemnización bajo el argumento de que las 480 hectáreas le fueron entregadas por el Fibazi en pago de las obras de urbanización hechas en las tierras expropiadas; de acuerdo al documento que firman los funcionarios arriba citados, indica, “esta aseveración carece de sustento debido a que consta en el antecedente II de la escritura pública número cuatro, pasada ante la fe del notario público número 38 de México DF, Jesús Castro Figueroa y del Patrimonio Inmueble Federal, que Nacional Financiera SA, como fiduciaria del gobierno federal en el fideicomiso denominado Bahía de Zihuatanejo, transmitió a favor del Fonatur los terrenos expropiados para diversos fines entre los cuales se encuentra el de proceda a la urbanización, lotificación y fraccionamiento de los mismos”.
También para que “obtenga financiamientos destinados al incremento o mejoramiento de los terrenos, amortice créditos y, entre otras cosas, a entregar a cada uno de los ejidatarios afectados y que resulten con derecho a ello, como parte de su indemnización dos lotes tipo en la zona habitacional y que ponga a disposición del Fondo Nacional de Fomento Ejidal y de los ejidatarios afectados para que se aplique en términos de la ley el 20 por ciento de las utilidades netas que se obtengan en el fraccionamiento y urbanización de los terrenos para cumplir con los fines del decreto expropiatorio”.
Añade el documento que “actualmente las dos pruebas no se han desahogado porque Fonatur y codemandados se han negado a entregar la información de la superficie enajenada y el monto de las operaciones; el TUA número 52 ordenó que los peritos del ejido desahoguen las pruebas, y en el caso de los codemandados lo hagan con un perito común en cada rama (contable y topográfica)”
Enseguida, proponen la solución de los ejidatarios en dos etapas; en la primera, la entrega inmediata de los 210 lotes tipo de 600 metros cuadrados cada uno, urbanizados, que pueden ser las 15 hectáreas localizadas en el desarrollo conocido como Loma de las Garzas, ubicado entre la laguna del Negro y el bulevar a playa Linda; la propuesta de solución en su segunda etapa corresponde al 20 por ciento de las utilidades netas que puede ser pago en efectivo, pago en obra o una acción combinada de efectivo y obra.
El documento concluye que se le solicite al gobernador “que coadyuve en las negociaciones para la solución de este problema, escuchando el parecer de la propuesta de Fonatur y las peticiones que formulan los ejidatarios”.
Consultado sobre la información de este documento, el ex presidente del comisariado ejidal, Jorge Luis Reyes López, aseguró que “esa fue la información que provocó el malestar del director jurídico del Fonatur y rompió las negociaciones con el ejido; se suponía que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, debía de haberle entregado personalmente esa tarjeta informativa al gobernador del estado y no al director jurídico del Fonatur como lo hizo en la última reunión que tuvimos; ahora, desconocemos si Ángel Aguirre está enterado de esto o si está enterado, está desinteresado en resolver este conflicto”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).