Tlachinollan

Los nómadas invisibles de la Montaña

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

El pasado 3 de julio alrededor de las 17:30 horas se accidentó una camioneta que trasladaba a 39 jornaleros agrícolas (13 adultos y 26 menores de edad), de los municipios de Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca. Las familias indígenas del pueblo na savi habían concluido la extenuante tarea  de recolectar chiles serranos en el campo conocido como El Ebanito, en el municipio de Matehuala, municipio de San Luis Potosí, propiedad del empresario Jesús Zárate Vázquez. En ese campo, como en muchos más, no hay espacios para que las familias jornaleras  puedan tener un lugar digno para descansar. Su extrema vulnerabilidad las obliga a soportar estas precariedades y a buscar lugares cercanos donde puedan contar con un techo para guarecerse y pasar las noches. Esto implica realizar gastos extras con el mísero salario que reciben semanalmente. Tienen que cooperar con el pago de la gasolina para la  camioneta de algún compañero del grupo quien se encarga de trasladarlos por la madrugada al campo agrícola. Entre una o dos familias pagan 500 pesos por la renta de casas semiderruidas que se encuentran en Norias del Refugio, municipio de Guadalcázar, más 100 pesos de luz y otros 100 por la pipa de agua.
En este accidente fallecieron los niños Juan Perfecto Sánchez y Jorge Chávez González, originarios de Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca. Los dos niños tenían ocho años y recolectaban en cubetas de plástico el chile serrano con la ilusión de obtener algún ingreso y así ayudar a sus papás. El 7 de junio murió el señor Galindo Mateo Chávez de 40 años de edad, originario de Ocotepec, municipio de Cochoapa el Grande, quien iba acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, que quedaron heridos al igual que 14 personas más. El chofer Jesús García Alejo también quedó lesionado y su estado de salud era grave.
Por su parte el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Edgar Durón Puente, asumió su rol de vocero del empresario al informar a los medios que “los 30 trabajadores del Rancho El Ébano, recibieron de manos de su propietario Jesús Zárate Vázquez, apoyo para cubrir en su totalidad los gastos médicos generados por su hospitalización y atención médica, así como una cantidad extra para cubrir las erogaciones que por concepto de medicamentos y materiales de curación, se continúen generando hasta en tanto puedan volver a reintegrarse a su actividad laboral”.
En esta lucha por la sobrevivencia, las familias indígenas pertenecientes a los municipios más pobres del país, fueron a trabajar con sus hijos en condiciones infrahumanas, sólo para encontrar la muerte fuera de su estado. Queda claro que esta tragedia no afectó en nada a los empresarios ni a las autoridades, porque la pérdida de tres indígenas pobres no tiene un impacto negativo en sus bolsillos ni afecta la imagen de los políticos: dos niños y un padre de familia, no eran más que seres prescindibles e invisibles para el poder. Pierde relevancia para los que nos gobiernan decirles que fueron siete familias jornaleras las que se accidentaron: dos originarias de la comunidad na savi de Santa Cruz Yucucani, Tlacoachistlahuaca; cuatro de la comunidad na savi de Ocotepec y una de Yozondacua el Nuevo, municipio de Cochoapa el Grande y que todas ellas no sólo lloran por sus seres queridos, sino que cargan con el dolor y el sufrimiento de los lesionados, y por la imposibilidad de resarcir los daños que marcaron para siempre sus vidas, soportando el cruel tormento de la exclusión social y la discriminación étnica.
Las y los jornaleros agrícolas llevan décadas padeciendo las inclemencias del olvido y abandono por parte de las autoridades federales y estatales. Estas realidades nos proyectan las condiciones de explotación, subordinación en el trabajo agrícola actual y que ha estado presente por más de un siglo en nuestro país, y que se reproduce dada la subsistencia de dos extremos sociales que se alimentan mutuamente. Por un lado, un sector muy amplio de población, proveniente sobre todo de las zonas rurales e indígenas, que ha padecido históricamente una pobreza lacerante y que conserva el saber tradicional agrícola; por el otro, una economía rural dominada por empresas, que ofrecen trabajos indignos, salarios miserables y condiciones de trabajo denigrantes. Miles de mujeres y hombres del medio rural han transitado generación tras generación por las rutas que enlazan la pobreza en que viven con la explotación laboral que padecen con tal de sobrevivir.
En los últimos años se ha identificado que de los 19 municipios que conforman la región de la Montaña, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatláhuac, Alcozauca y Atlamajalcingo del Monte son los ocho municipios con mayor índice de expulsión de jornaleras y jornaleros agrícolas al interior de nuestro país. Durante la última temporada de migración, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, Tlachinollan conjuntamente con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM), del total de personas que registraron, el 93 por ciento son originarias de algún pueblo indígena. Solo el 7 por ciento son mestizos.
De esta manera, entre 2006 y 2014, Tlachinollan y el CJAM han documentado la migración de más de 60 mil jornaleras y jornaleros agrícolas, provenientes de 362 comunidades indígenas de la región, y han establecido sus rutas migratorias a 17 entidades federativas del país: Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Estado de México. Además hemos documentado un flujo intraestatal hacia Ciudad Altamirano, región Tierra Caliente, en los límites de Guerrero y Michoacán.
Durante la última temporada del ciclo migratorio 2013-2014, con motivo de las tormentas, Tlachinollan registró la salida de más de 9 mil 300 personas de la región Montaña. Siendo noviembre el mes con el más elevado flujo migratorio, 51 por ciento de la población migrante salió de la entidad durante ese mes; mientras que diciembre, mes en que los habitantes de las comunidades me’phaa migran para trabajar en el inicio del ciclo invierno-primavera conjuntamente con migrantes procedentes de otras comunidades indígenas, concentró el 30 por ciento.
Durante el ciclo agrícola 2013-2014, Sinaloa concentró el 73 por ciento de la población jornalera proveniente de la región Montaña y Costa de Guerrero. Esta entidad ha sido por tradición la de mayor recepción de población jornalera, como se ha constatado con la información del CJAM, desde el 2007, Sinaloa es un estado eminentemente receptor de mano de obra jornalera de la Montaña. Por otro lado, de acuerdo con estos datos se ha visto una evolución en la conformación de nuevas rutas migratorias a partir de 2011, que incluyen los estados de Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco, intensificando aún más los flujos migratorios de la ruta del Pacífico y Centro.
La migración interna desde la Montaña era, en un inicio, fundamentalmente masculina. Hoy en día, la oferta laboral en las zonas agrícolas permite que la migración sea familiar, ya que se emplean prácticamente a todos los integrantes de los grupos domésticos. De los datos obtenidos por el CJAM en el ciclo migratorio 2013-2014, el 54 por ciento eran hombres y 46 por ciento mujeres, lo que refleja que los hombres migran más que las mujeres. Sin embargo, estas cifras muestran la alta movilidad de las mujeres, sea que vayan con sus esposos, o por sí mismas en compañía de sus hijas e hijos. Es común que viajen mujeres jóvenes con sus hermanos menores, o en compañía de algún familiar como sus abuelos, tíos, padrinos o vecinos.
Según estos mismos datos, el rango de edad más representado entre la población jornalera indígena migrante se encuentra entre los 16 y los 30 años, lo que representa el 37 por ciento del total registrado. Asimismo, el 37 por ciento de las y los migrantes tiene menos de 15 años. Y del total de la población jornalera que registró su salida, el 6 por ciento eran niños y niñas menores de un año. Estas cifras muestran la amplitud del fenómeno de la migración interna en las y los jóvenes; asimismo evidencia que prevalece la migración de niños y niñas, quienes siguen siendo parte del trabajo infantil en las zonas agrícolas de nuestro país.
La migración interna que se registra en nuestro país se ha ido feminizando, lo que tiene un efecto trascendental tanto en sus lugares de origen, como en los estados receptores, así como al interior de sus familias. Sin duda, las mujeres al igual que las niñas y niños, han cobrado importancia en los procesos migratorios, asumiendo un papel más protagónico. Pese a ello, las mujeres indígenas jornaleras de la Montaña enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos. Las mujeres indígenas jornaleras no sólo comparten con los varones la desigualdad étnica y de clase, también sufren mecanismos de exclusión que operan particularmente contra ellas, por ser mujeres. Tanto en el ámbito privado del hogar y la vida familiar, como en el público, donde la comunidad debate y decide los asuntos de interés común, es posible constatar la inequidad, la discriminación, la subordinación o la violencia contra las mujeres.
La mujer indígena jornalera es monolingüe, con altos índices de analfabetismo, altos niveles de desnutrición. Viven en comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano y son sujetas a distintas formas de explotación y discriminación dada su condición de género.
Las mujeres indígenas difícilmente son contratadas en las empacadoras, donde la jornada de trabajo es mejor remunerada. Este tipo de actividades se destinan a las mujeres jornaleras locales o de procedencia no indígena, debido a que pueden maniobrar con agilidad la selección y empaque del producto, así como el uso del equipo tecnificado para la limpieza de las hortalizas y no tienen dificultad con el idioma. Estas contrataciones de mano de obra femenina responden a esquemas basados en la discriminación y estigmatización de las mujeres jornaleras indígenas. Por lo general, a ellas se les dan las actividades más laboriosas, extenuantes y están relacionadas con el mantenimiento en los surcos: deshierbar, acomodar los hilos para las guías de las matas, los amarres, el corte, etcétera. Difícilmente ocupan puestos de mando y organización como supervisoras o mayordomas, ya que estos puestos son ocupados por personas no indígenas o por jornaleros locales u oriundos de la misma comunidad o de otros estados expulsores.
Los hombres y mujeres nómadas de la Montaña, son los pilares que sostienen la economía familiar, los que hacen posible que la vida en el campo se mantenga arraigada a sus raíces y enfrentando los embates de las elites políticas que buscan a toda costa, expropiar sus tierras y colonizar sus territorios. A pesar de que el gobierno no los ve, no los escucha, ni los toma en cuenta, la población jornalera sí tiene ojos para mirar el futuro de sus hijos, tiene brazos para trabajar y luchar por la justicia y tiene la suficiente fuerza para resistir y defender la riqueza de la Montaña.