Reclaman 2.5 millones a la comuna de Azueta un ex funcionario y el aeropuerto

 * Adeudos de otras administraciones

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Un ex funcionario priísta y el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo reclaman el pago de casi 2 millones y medio de pesos al gobierno de extracción perredista de José Azueta por presuntos adeudos de otras administraciones según las demandas que han promovido en contra del ayuntamiento porteño.

Por un lado, el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo reclama la devoluación de casi 185 mil pesos por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mientras que Ignacio Lacunza Magaña exige que le paguen más de 2 millones de pesos por unos avaluós que hizo en 1998.

El Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo demandó por la vía civil al ayuntamiento para reclamar la devolución de 184 mil 980 pesos, presuntamente recaudados por el impuesto del DAP de diciembre del 2000 a enero del 2002.

La demanda contra el municipio fue comenzada el 6 de mayo del 2002 y está registrada bajo el expediente 110/2002-II. Según esto, la terminal aérea reclama la entrega de 184 mil 980 pesos más intereses por supuestos cobros del DAP que hizo durante 13 meses el ayuntamiento a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que, presuntamente, la misma comisión entregó a la administración municipal en turno durante el lapso reclamado que entonces era la de Jorge Allec Galeana.

Por otra parte, Ignacio Lacunza Magaña también pretende hacer un cobro de 2 millones 194 mil 527 pesos más intereses por presuntos peritajes fiscales que hizo en 1998 a petición de la administración del priísta Eric Fernández Gómez.

Reclama el pago mediante un juicio ordinario civil asentado en el expediente 208/2002-I, en el cual dice haber hecho avalúos comerciales de bienes inmuebles por un reajuste a las tarifas del predial.

Lacunza Magaña sustenta su dicho en un contrato de prestación de servicios firmado por el entonces alcalde del puerto, pero este contrato fue firmado en lugar por Miguel Angel Radilla Berdeja, quien no tenía entonces personalidad jurídica pues le fue otorgada hasta el 28 de noviembre del 2000 cuando dio comienzo a la demanda contra el ayuntamiento.