Héctor Manuel Popoca Boone

Errónea querella municipal

 Hará poco mas de un mes tuvimos una reunión de trabajo y coordinación con el ayuntamiento de Acapulco, los tres órdenes de gobierno, para sumar esfuerzos y recursos económicos para la terminación del rastro que se construye en la localidad de El Salto.

Al término de la misma, le hice el comentario a dos de las principales colaboradoras del presidente municipal, Alberto López Rosas, que estaría en ellas y en mi cuidar que nuestros respectivos jefes no se agarraran del chongo, para que no se enrareciera el ambiente de trabajo conjunto que estábamos reemprendiendo con la nueva administración municipal.

Sorpresa grande me provocó el saber que el ayuntamiento de Acapulco interpuso querella en los órganos jurisdiccionales superiores de la federación en contra del gobierno de René Juárez Cisneros. Todo porque el gobierno estatal le ganó la partida de implementar, en los hechos, un programa benefactor para los adultos mayores en Acapulco, al igual que lo está haciendo en otras ciudades principales de Guerrero.

Si no hubo mezquindad en la acción, al menos quedó en evidencia la rabieta municipal. Es ejemplo típico de lo que no debe de hacerse: el anteponer los intereses particulares, orgullo, respeto o dignidad mal entendida y pero canalizada, que afecta los intereses superiores de la población acapulqueña. Quiérase o no reconocerlo, buscar la invalidez del acto de gobierno estatal, que en este caso es el programa Pensión Guerrero, equivale a promover su suspensión en los hechos, aunque sea temporal.

Tiene parte de razón el ayuntamiento cuando pide toma de conocimiento y coordinación en los programas federales y estatales que se llevan a cabo en su territorio municipal. No le asiste la razón cuando enarbola obligatoriedad en ello. El territorio y la población de un municipio no pueden ser concebidos como propiedad particular de un gobernante municipal. El gobierno federal y los gobiernos estatales no están obligados a contar con el visto bueno de los ayuntamientos para operar los programas y  recursos públicos que son de su asignación y competencia. El ámbito de acción del gobierno estatal es todo el territorio del estado de Guerrero, como lo es el país para el gobierno federal.

Por ejemplo, el gobierno federal, de varios años a la fecha, ejecuta en forma directa, con los recursos públicos autorizados a su instancia, en todos los estados de la República y con un padrón de beneficiarios que el mismo levantó, el programa Procampo y el Programa Progresa, hoy rebautizado con el nombre de Oportunidades. Ambos suman para el estado de Guerrero una derrama económica de más de 600 millones de pesos que benefician a cientos de miles de guerrerenses. Hasta ahora, que yo sepa, ningún gobierno estatal ha levantado querella contra la federación porque no se le toma en cuenta, no lo ejecuta u opera, ni porque no se le pone el logotipo oficial estatal correspondiente al programa y a los cheques que se emiten. Los gobernadores de todas las ideologías entienden bien las bondades del programa para sus poblaciones y es bienvenido, independientemente de quien sea el que lo ejecute.

Como jurídicamente no va a prosperar la querella, porque el programa Pensión Guerrero, está siendo ejecutado por el gobierno estatal en el pleno uso legítimo de sus facultades y atribuciones, así como de sus propios recursos públicos autorizados por el Congreso local para beneficio del propio pueblo de Acapulco, es recomendable que la comuna retire la demanda de controversia constitucional para no rarificar y entorpecer las sanas relaciones que deben tener el gobierno estatal y el municipal. En el entendido que ninguno de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el federal, por sí solos, pueden afrontar la problemática de ese municipio. El que alguien lo considere así, no dejará de tener una posición arrogante y fuera de la realidad.

Todo gobierno o gobernante trata de capitalizar políticamente los efectos y rendimientos de los programas que ejecuta; eso es obvio y válido. Lo burdo e incorrecto es que los ponga a disposición exclusiva del partido político que lo llevó al poder y de sus militantes, porque el gobernar es para todos sin filtros o condiciones partidarias. Esto me recuerda la práctica de algunos presidentes municipales perredistas que distribuyen fertilizante fuera de su territorio municipal porque buscan posicionar sus futuras candidaturas a una diputación local o federal. ¡Uf!.

Total, que cuando se politiza un programa gubernamental se hecha a perder. Cuando se confrontan dos o más órdenes de gobiernos se paraliza la cooperación y coordinación requerida y el gran perdedor es el pueblo. En este caso el ayuntamiento de Acapulco prefirió la confrontación a la concertación. La divergencia a la convergencia. Buscar lo contencioso administrativo en lugar de la suma de buenas voluntades y de buena fe. Mientras exista la demanda por controversia constitucional veo muy difícil que nos podamos coordinar en otros programas. No hay concordia, hay discordia. Lástima.

PD1.–Ahora resulta que decir verdades es expresar barbaridades; según reconvención hecha por el diputado local Heriberto Noriega Cantú en mi comparecencia. A diferencia de su tutor político, el mío me enseñó que la verdad, pese a quien pese, siempre será revolucionaria. PD2.–El año pasado, la mayoría de los militantes priístas de Guerrero aspiraron a tener un Madrazo. Se les concedió.