Marcial Rodríguez Saldaña

 La controversia

 Virulenta, desmedida, desproporcionada, impulsiva y con mentiras oficiales, fue la respuesta del gobierno del estado de Guerrero, publicada a plana entera en diarios locales ante la controversia constitucional que interpuso el Ayuntamiento de Acapulco, en contra de la decisión del gobernador René Juárez de marginar al gobierno municipal de participar en forma coordinada con el gobierno estatal en el programa de adultos mayores.

El tema tiene mucha tela de donde cortar; el proyecto de apoyo para los adultos mayores no se le había ocurrido al gobernador en los años anteriores, no se había preocupado por ellos, hasta que el licenciado Alberto López Rosas retomando un programa impulsado por Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno del Distrito Federal, propuso en su campaña para presidente municipal un programa específico para las personas de la tercera edad, bajo el razonamiento de que ellos han hecho de distintas maneras una contribución al desarrollo social y el Estado está obligado moral y ahora legalmente con ellos para que con los impuestos de todos, otorgarles algún apoyo que alivie las penurias en esa etapa de su vida.

El tema lo debatimos en los medios de Acapulco, en la campaña –ahí están las grabaciones– algunos se oponían a la propuesta, sin embargo, siempre sostuvimos que como gobierno, no podíamos abandonar a su suerte a un sector desprotegido socialmente.

El desplegado de marras, publicado con el logotipo oficial del gobierno del estado, miente en la esencia de su contenido, al decir que el gobierno municipal de Acapulco se opone a dicho programa, lo cual es totalmente falso; lo único que busca es participar coordinadamente en un programa que se aplica dentro del municipio, con lo cual el gobernador desde un principio estuvo de acuerdo, pues instruyó a su secretario de Desarrollo Social, con quien tuvimos reuniones de trabajo para lograr esa coordinación y se propuso un convenio, el cual presentamos al gobierno estatal, que no ha sido devuelto para proceder a su firma.

Ante la actitud indolente del gobierno estatal de pretender marginar al municipio de Acapulco de participar en dicho programa, y ante el vencimiento de los términos legales, no hubo otra salida que acudir a una instancia legal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer una controversia constitucional, no para suspender ni mucho menos oponerse al programa, sino para hacer valer el artículo 115 de la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y el propio decreto de aprobación del programa, los cuales obligan al gobierno del estado a coordinarse con los municipios en la aplicación del programa.

Tal parece que se sigue pensando como antes, en donde los gobernadores eran amos y señores en los municipios y avasallaban a los gobiernos municipales, pues como ellos con el dedazo designaban a los presidentes municipales los tenían como sus empleados, ahora que el pueblo elige a sus presidente eso se acabó, pues la propia Constitución Federal para proteger a los municipios estableció un mecanismo de defensa legal que es la controversia constitucional y los reconoció como parte de la estructura de gobierno federal, como entes de gobierno, no sólo de administración.

El gobierno del estado de Guerrero se ofende de que el gobierno de Acapulco acuda a los instrumentos de la ley para defender su derecho a participar coordinadamente en este programa; la cultura democrática debe llevarnos a todos a someternos a la ley, y ante la falta de sensibilidad para resolver un asunto muy sencillo, como la coordinación, tenemos que acostumbrarnos a que la única forma de dirimir las diferencias es con diálogo y disposición y cuando esto no ocurre buscar los mecanismos que estipulan las leyes.

En el campo de la legalidad democrática, la controversia constitucional está más que fundada, y en el terreno de la política electoral también; se le mostraron al secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado fotografías en donde en oficinas filiales del PRI se reclutaba a los aspirantes a este programa y los formatos de solicitud llevaban enmedio un formato con las siglas del PRI, por ello queremos impedir que el gobernador y el PRI utilicen este programa con fines electoreros; afortunadamente a los adultos mayores nadie los hace tontos, ellos saben quién propuso el programa y que su conciencia y libertad política nadie las compra.