Por errores del anterior gobierno, auditan al ayuntamiento de Azueta

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) realizó a la administración perredista de Zihuatanejo una auditoría debido a que la administración anterior, del priísta Jorge Allec Galeana, enfrentaba un proceso desde el 2000 por un mal cálculo en el impuesto sobre el trabajo que no se corrigió y que derivó en el requerimiento de pago de la diferencia que asciende aproximadamente a un millón de pesos.

Aunado a este conflicto, ayer se dio a conocer de manera oficial que el ex alcalde priísta de Zihuatanejo, Eric Fernández Gómez, ha intentado cobrar al actual gobierno alrededor de 600 mil pesos con contrarecibos de la administración que encabezó por concepto de rentas diversas de aparatos sonido y que tampoco fueron cubiertas por la anterior administración priísta que encabezó Jorge Allec Galeana.

El alcalde azuetense, Amador Campos Aburto, reveló que Fernández Gómez le planteó que tenía contra recibos de alrededor de los 600 mil pesos por cobrar de cuentas públicas de octubre, noviembre y diciembre de 1999 por rentas de sonido de parte de Julio César Villa Franco, que no había podido cobrar por lo que se remitió el caso a la sindicatura municipal.

La tesorera municipal, Gilda Soberanis Gamiño abundó que esta deuda no fue notificada durante el proceso de entrega recepción por parte de la anterior administración, y de la cual dio a conocer que ya se pagaron más de 900 mil pesos de un crédito a Banobras, al hospital general, la CFE, una gasolinera local e impuestos sobre el producto del trabajo y sobre los ingresos.

Dijo que no se cuenta con partidas para cubrir una deuda que institucionalmente no existe y que presuntamente data de 1999 cuando era presidente el propio Eric Fernández y que carecen de las firmas de los tesoreros según los expedientes dejados por el ex alcalde.

Tras conocer el caso, personal de tesorería encontró unas cajas de archivo –que tampoco le fueron entregadas de manera oficial– en donde encontraron copias de contrarecibos y de otras deudas de 1999 que ascenderían a 11 millones de pesos de la cuales ya se han presentado a cobrar diversos conceptos y cantidades, entre ellas 3 millones de pesos que se exigen mediante una demanda interpuesta por el arquitecto Miguel Angel Radilla García así como 40 mil pesos por hospedaje del hotel Zihua-Inn. Gamiño enfatizó que estas deudas no se reconocen porque no le fueron entregadas de forma institucional y que en el caso de las deudas de la administración de Allec Galeana no se habrán de cubrir las que se han presentado a reclamar sin contrarecibos de parte de algunos proveedores puesto que además no ha recibido el estado financiero de la tesorería anterior.

Aunado al problema, en las últimas dos semanas se han realizado por lo menos tres auditorías a la tesorería de Zihuatanejo dos de las cuales fueron del estado y de las que salió “bien librado”. La otra la realizó SCHP con base en un requerimiento que se hizo al gobierno de Allec y del cual no se notificó a la actual administración de extracción perredista.

Ediles de Azueta solicitan dinero para obras

El alcalde Amador Campos Aburto informó también que algunos regidores han requerido la asignación de recursos para hacer obras, y como contrapropuesta ha sugerido que sea Obras Públicas quien ejecute las acciones para evitar designar partidas de dinero a los ediles.

Campos Aburto aprovechó para referirse al programa Pensión Guerrero porque aunque el secretario de Desarrollo Social del estado, Heriberto Huicochea, aseguró que no sería electorero, “lo que vemos es que lo sacan en estos días de elecciones”.

Desatención del anterior gobierno

afecta al ayuntamiento de Iguala

Eduardo Albarrán Orozco, Iguala n El problema de los diez trabajadores despedidos del Lienzo Charro, por cuya causa el ayuntamiento de Iguala sufrió un descuento de 2 millones de pesos en su presupuesto para indemnizarlos, pudo haberse solucionado con tan sólo 100 mil pesos, si la pasada administración municipal hubiera hecho caso a la propuesta del abogado defensor de los empleados, Heriberto Salgado Balderrama.

Según un documento que fue encontrado en el archivo del departamento jurídico el 30 de marzo del 2001, el apoderado legal de los trabajadores despedidos le pidió al entonces presidente municipal Juan Muñoz Caballero que interviniera en la solución de este caso que se presentó desde el año 2000, cuando los trabajadores fueron despedidos.

En el documento, Salgado Balderrama especifica que buscaban el acercamiento con el entonces alcalde, con base en el conocimiento que tenían sobre su “alto espíritu de servicio en bien de la clase trabajadora a la cual siempre ha apoyado en las causas justas, además de conocer su trayectoria y política, al ostentar diversos cargos de la función pública”.

Por ello el objetivo era buscar alternativas de solución a la demanda promovida en contra del ayuntamiento de Iguala y del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) municipal, por haber despedido de su empleo a los diez trabajadores que laboraban en el lienzo charro Rubén Figueroa Figueroa, la cual fue radicada en la segunda secretaría del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en la ciudad de Chilpancingo.

En el mismo documento se le aclaraba a la primera autoridad que dentro del término legal concedido al ayuntamiento este órgano de gobierno no contestó la demanda correspondiente y el DIF lo hizo pero en forma extemporánea, pero además negó la relación laboral, entre el organismo y los diez trabajadores despedidos.

Aún más se le informaba que pudiera dictarse “laudo condenatorio” en contra del ayuntamiento luego de que se hicieron efectivas las notificaciones y “apercibimientos de tener por contestada la demanda afirmativamente y perdido su derecho para ofrecer pruebas”.

Sin embargo todavía los afectados ofrecían mayores facilidades porque no querían “juzgar o prejuzgar la situación jurídica” y buscaban alternativas prácticas de solución, para evitar el desgaste principalmente económico y proponían que a cada trabajador se le otorgara la cantidad de 10 mil pesos, que daría como total cien mil pesos.

Sin embargo, el ayuntamiento anterior nunca hizo caso de este asunto y el resultado fue que la actual administración recibió por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado un descuento de 2 millones de pesos de su presupuesto para indemnizar a los diez trabajadores.