René Juárez miente, y quiere engañar a los adultos mayores: López Rosas

 * Critican que a la demanda de controversia constitucional sobre el manejo del programa Pensión Guerrero, el gobierno del estado haya respondido en los medios con ofensas, calumnias e improperios * La demanda ante la Suprema Corte reivindica la dignidad del municipio, el legítimo interés de los adultos mayores y el ejercicio de un derecho, plantean * El ayuntamiento seguirá exigiendo mecanismos de colaboración y coordinación, anuncia

 Ossiel Pacheco El presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, dijo que el juicio de controversia constitucional interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el ayuntamiento en contra del gobierno del estado para que se establezca un mecanismo de coordinación para la entrega del Programa Pensión Guerrero “es una decisión reflexiva, que reivindica la dignidad del municipio, el legítimo interés de los adultos mayores y el ejercicio de un derecho”.

Lo anterior en una carta abierta que firman el alcalde y los síndicos Marcial Rodríguez Saldaña y Fernando Donoso Pérez y la secretaria general María de la Luz Nuñez Ramos, que dirigen en primer término al gobernador René Juárez Cisneros, a los diputados federales de la 57 legislatura de la Cámara de Diputados, a los adultos mayores y a la opinión pública.

Argumentan en la misma carta que procuran evitar la experiencia observada en Iguala, donde la relación integrada por el DIF municipal no apareció en la lista de beneficiarios y critican que el Ejecutivo del estado reaccionara a través de un desplegado, “con ofensas, calumnias e improperios”.

En la carta que hoy publica el gobierno municipal en los diferentes diarios locales, reiteran que el gobierno de René Juárez Cisneros “miente” y pretende engañar a los adultos mayores al afirmar que la controversia constitucional promovida ante la SCJN “suspenderá o cancelará” el programa de Pensión Guerrero.

Afirman que al acudir a la Corte, el municipio está solicitando la invalidez de actos unilaterales del gobierno del estado, “que ha ignorado a la institución municipal” y al promover este recurso asumen la defensa de los principios del federalismo democrático que debe prevalecer en las relaciones estado–municipio”.

“Es la defensa del municipio frente a un Ejecutivo (estatal) que desdeña la cultura de la legalidad, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 115 constitucional, y 67 fracción 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y el artículo quinto del Decreto de Egresos para el 2003; preceptos que obligan al estado a establecer mecanismos de colaboración con el municipio”, sustentan.

El gobierno municipal ratificó su respeto al Ejecutivo del estado; sin embargo, asentó que “estará atento a la controversia constitucional y seguirá exigiéndole el cumplimiento de la ley, para que se establezcan mecanismos de colaboración y coordinación”.

Establecen que el programa de Pensión Guerrero debe continuar su entrega a los adultos mayores, pues la SCJN no ha decretado su suspensión, pero, “de manera transparente y coordinada con nuestro municipio, para evitar la duplicidad y el uso clientelar o partidista”.

Cuestionan “la  virulencia” con la que el gobierno estatal respondió al juicio de controversia que interpuso el ayuntamiento al publicar desplegados en diarios locales el viernes pasado, cuyo contenido es “irrespetuoso, con exabruptos y calumnias”.

Preguntan: “¿Cómo hacer entender al gobierno del estado que debe respetar a los municipios, si cuando los alcaldes perredistas organizan manifestaciones por no ser atendidas sus demandas, el Ejecutivo del estado los recrimina, diciéndoles que ese no es el camino, y cuando se acude, como en nuestro caso, a órganos jurisdiccionales legalmente establecidos, responde irrespetuosamente con exabruptos y calumnias?”.

Y recriminan la actitud de Juárez Cisneros, quien –afirman– a pesar de que “recibe un trato respetuoso del Ejecutivo federal, pero actúa de manera diferente con los gobiernos municipales perredistas”.

Sobre el contenido de la carta pública, la Dirección de Comunicación Social envió un boletín a las redacciones de los medios.