Moisés Alcaraz Jiménez

IFE, ¿excesos o limitantes?

 A raíz de que surgieron a la luz pública los sonados casos del Pemexgate y los Amigos de Fox, ejemplos inocultables del alto grado de corrupción al que han llegado algunos partidos, y después de las inconformidades generadas en diversas partes del país por procesos internos partidistas poco claros para la selección de candidatos a puestos de representación, además de excesos y arbitrariedades cometidas por algunas autoridades de los partidos que han lesionado los derechos de sus propios militantes, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han entrado a terrenos electorales inéditos, particularmente cuando ambos órganos han tenido que intervenir en asuntos que antes eran de competencia exclusiva de los partidos, por tratarse de aspectos de su vida interna, como el cumplimiento que deben observar siempre de sus estatutos, o asuntos como el presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Vicente Fox.

A pesar de ser temas donde estos órganos pueden intervenir, pues así lo prevé la actual legislación electoral, existen en este rubro, por un lado, grandes vacíos o insuficiencias jurídicas que han propiciado la impunidad en algunos casos, como el de los Amigos de Fox y, por el otro, se ha dado lo que muchos consideran excesos en las funciones del IFE, que han motivado reclamos e inconformidades de partidos que consideran demasiado injerencistas las atribuciones del órgano electoral en asuntos donde piensan que ese instituto no debería intervenir, como en lo referente a las divergencias que surgen entre militantes y autoridades de los partidos que llegan a incurrir en violaciones a sus propias normas.

Respecto al primer asunto, que tiene que ver con la rendición de cuentas que los partidos, como entidades de interés público, deben hacer con transparencia sobre la aplicación del dinero que el Estado les proporciona y sobre el origen del financiamiento privado que reciben, es indudable que las atribuciones de estos órganos electorales son sumamente limitadas y tanto el IFE como el TEPJF deben ser dotados de mayores facultades para poder revisar a fondo las cuentas de los partidos, evitar impunidades como las de Lino Korrodi y Carlota Robinson y poder llevar ante la justicia a quienes incurran en delito.

Los vacíos en la ley que en este aspecto existen, deben ser subsanados y sin ambigüedades que propicien la evasión de la justicia, se deben ampliar las facultades de los órganos electorales de tal modo que cumplan con mayor eficiencia sus funciones fiscalizadoras y se eviten actos de deshonestidad y corrupción en que han caído varios dirigentes de partidos, lo cual ha contribuido a deteriorar aún más su imagen y credibilidad, provoca un mayor desprestigio de la política y ocasiona que los electores se alejen de las urnas.

El otro aspecto debe ser motivo de un análisis muy detallado para lograr un justo medio que evite la injerencia innecesaria o excesiva del IFE en asuntos que se consideran internos de los partidos, pero que el eventual repliegue del instituto en esta materia, no deje en estado de indefensión a aquellos militantes que sufran atropellos y violación a sus derechos por parte de dirigencias autoritarias que muchas veces no respetan ni sus propios estatutos.

En esta parte, el motivo principal de las inconformidades surgidas en los últimos meses es  debido a los procesos internos que incluyen consultas a la ciudadanía o encuestas que algunos partidos han realizado para elegir a sus candidatos a puestos de representación, que no han tenido la limpieza necesaria y se han llevado a cabo bajo un cúmulo de irregularidades que han sido motivo de divisiones, confrontaciones, fracturas y pérdida de unidad, además de generar resultados que nadie acepta, salvo quienes resultan triunfadores, y producir candidatos carentes de legitimidad.

Cuando los partidos han efectuado comicios internos, los han realizado bajo condiciones de desorden, sin reglas claras que regulen estas contiendas y en un contexto de dudas y sospechas de fraude. Ha ello ha contribuido la falta de cultura cívica en los propios partidos y el escaso desarrollo político interno de los mismos, que en parte se refleja en la carencia de espacios y procedimientos verdaderamente democráticos para la toma de decisiones colectivas y el tratamiento de asuntos fundamentales que inciden en la estabilidad y la viabilidad de los partidos.

La legislación electoral federal requiere con urgencia modificaciones a fondo que fortalezcan a las instituciones garantes de la democracia y eviten que rezagos jurídicos socaven las estructuras y el funcionamiento de los órganos electorales o, lo que es peor, pongan en duda la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la certeza con la cual éstos han actuado y que les ha hecho merecedores de la credibilidad y confianza ciudadana que muy pocas instituciones del Estado tienen.