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Capacitación oficial para el nuevo sistema penal acusatorio, demandan abogados

 

Karina Contreras

Integrantes de diversos colegios de abogados pidieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero que se les dé capacitación por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en Guerrero, pues necesitan tener 450 horas de capacitación para lograr la certificación, y aunque ellos han estado haciéndolas por su propia cuenta les han comentado que no van a contar de manera oficial.
Advirtieron que ahora es en el área penal, pero va para todas las áreas del derecho, y si las autoridades quieren que se atiendan las reglas del juego que ellos han impuesto con las reformas, también deben capacitar como lo establece el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional federal del 16 de junio del 2008, que dice que “el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal”.
En una conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero AC, Ventura Castro Arévalo, dijo que solicitan una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para ver el tema, porque en el estado se debe contar con una oficina que pueda llevar el registro y control de todos aquellos abogados que han “tenido la oportunidad de una capacitación”.
Indicó que los abogados están solicitando al gobierno del estado la preparación para el nuevo sistema penal acusatorio y que es obligatorio, de acuerdo al octavo transitorio de la reforma constitucional del 2008.
“Nosotros hemos estado gestionando otros cursos de capacitación en este nuevo sistema y lo hemos obtenido del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero ha sido insuficiente, de acuerdo a la normatividad que implementa el nuevo sistema penal acusatorio”, explicó.
Indicó Castro Arévalo que piden audiencia con el gobernador para “proponer incluso de qué manera se puede llevar a cabo esta capacitación, porque las materias que nos han implementado hasta el día de hoy no son relacionadas con el nuevo sistema penal acusatorio, lo cual obviamente viene siendo paja para la preparación que nosotros queremos tener”.
Agregó que ellos han enviado un oficio a la coordinadora para la implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, sobre la situación, pues es de donde depende la certificación, y explicó que para poder llegar a ese punto tienen que tener 450 horas de capacitación y “en este momento no alcanzamos esas horas”.
“Por eso creemos que valdría la pena que el gobierno del estado nos implementara esos cursos que nos están pidiendo”, señaló.
Precisó que en Acapulco son cerca de 500 abogados y piden la capacitación no de gratis, porque “podemos participar en la medida de la capacidad de los abogados”.
Dijo también que se deben considerar todas las horas que se han acreditado, porque tienen las constancias que lo avalan “porque las materias que hemos estado cursando son acorde al nuevo sistema penal”.
Dijo que han ido a los cursos que les ha dado el TSJ, pero no obtendrán la certificación.
Mientras que el abogado también del Colegio Mariano Otero, Jesús Antonio Lemus Beltrán, dijo que la reforma establece como requisito para ser operador jurídico 450 horas efectivas que hayan sido impartidos por capacitadores certificados por la propia Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, “porque de lo contrario no tiene validez, sólo es la capacitación que ellos van a dar”.
Lemus Beltrán dijo que integrantes del colegio tienen 160 horas de capacitación y “todavía nos falta, y la problemática es que no hay una dependencia gubernamental que se encargue para certificar; desde el año 2008 que comenzó la reforma empezamos a tomar cursos, pero todas esas capacitaciones no tienen validez oficial, nos hemos gastado dinero de en balde”.
Estuvieron en la conferencia el presidente del Colegio del Estado de Guerrero Ignacio Manuel Al-tamirano, Alberto Aparicio Na-varro; el presidente del Colegio de Abogados Eduardo López Betan-court, Plácido Cruz Teodoro, y del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, entre otros.

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