Declaran en el juzgado los tres mezcaleros de Zihuaquio detenidos por el Ejército
*Anuncia la defensa que pedirá a la Suprema Corte la investigación de los abusos que cometieron los militares, incluyendo la tortura psicológica y física a los campesinos arrestados en la sierra de Coyuca de Catalán
Jacob Morales Antonio
Chilpancingo
Los tres mezcaleros originarios de Zihuaquio, Coyuca de Catalán, rindieron su declaración preparatoria en el juzgado décimo de distrito en Chilpancingo, luego de ser detenidos, torturados y acusados por el Ejército el martes pasado, de formar parte de un grupo armado, portar armas y cartuchos exclusivos del Ejército.
En declaraciones, el abogado Roberto Salgado Santana informó que el juez otorgó la ampliación del plazo para presentar pruebas y testigos a favor de los detenidos, que pasó de 72 horas a 144 y hoy se presentarán a declarar testigos del hecho. Indicó que están buscando la manera de que se castiguen los abusos “ilegales” que militares están cometiendo en la sierra, los que persisten de acuerdo con el comisario Calef Campos Ramírez.
Alrededor de las 10 de la mañana, los inculpados fueron trasladados del reclusorio de Chilpancingo a las instalaciones del juzgado, en una patrulla de la policía estatal. El inmueble está ubicado en la colonia Huacapita, al norte de la ciudad, por las canchas de la colonia Galeana.
En la declaración ante el juez décimo no se permitió el acceso al comisario y familiares de los detenidos, sino sólo al abogado de los incriminados, quien en declaraciones informó que el motivo de la tardanza del tiempo de presentación ante el juez, por parte de los inculpados, fue su traslado a la cárcel de Chilpancingo y a trámites burocráticos. Afirmó que sí se están respetando los derechos de los detenidos.
Relató que el día 29 de julio, Franco Contreras Romero, Salvador Vejar Salamanca, Sergio Villanueva Ganoa, además del comisario Campos Ramírez, este último puesto en libertad por el Ejército tras identificarse, fueron detenidos a las afuera de la comunidad, por supuesta posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Pero según los testigos y los culpados, las armas fueron sustraídas de las casas de dos mujeres que hoy declararán ante el juez. Según el abogado, las mujeres guardaban las armas de sus esposos, ya fallecidos, y los efectivos entraron hasta sus casas, pero no dio mayores detalles.
Un día después, los tres pobladores fueron puesto a disposición en el Ministerio Público federal, con sede en ciudad Altamirano, y puestos a disposición al Juzgado Noveno de Iguala, pero fueron trasladados a la cárcel de Chilpancingo, razón que llevó al retraso de las declaraciones porque el juez noveno turnó el caso al décimo y fue hasta ayer que fueron presentados.
Salgado Santana dijo que están solicitando a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la investigación de los abusos de los militares y la tortura psicológica y física que utilizaron en contra de los tres mezcaleros.
Afirmó que los elementos castrenses no tiene competencia en la detención e irrupción en las casas, porque no hay una orden de un juez, “no tienen competencia, todos lo han estado haciendo de forma ilegal”.
El domingo, familiares de los detenidos y el comisario de la comunidad, que pertenece al Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), denunciaron que el Ejército torturó a los detenidos, los culpó de ser parte de grupos armados y portar armas de uso exclusivo.




