Raúl Calvo: las sanciones a magistrados inhiben la corrupción en el Poder Judicial

 * Precisa que no es definitivo que sea correcta la sanción impuesta por el Poder Legislativo

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez, reconoció que sanciones como las aplicadas a los dos magistrados y a una juez, que presuntamente dejaron en libertad a un secuestrador, inhiben la comisión de actos de corrupción por parte de funcionarios del poder judicial.

Los magistrados sancionados son Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique así como la juez María del Pilar León Flores, quienes habrían dejado en libertad a Carlos Alberto García alias El Calilla.

El magistrado presidente Calvo Sánchez dijo que, en efecto, la inhabilitación de los dos magistrados y la juez por parte del Congreso local “han influido para que disminuyan los actos de corrupción en el poder judicial”.

Ahora los servidores públicos del Poder Judicial “actúan con mayor sigilo para evitar incurrir en corruptelas”, aceptó Calvo Sánchez.

Sin embargo dijo que la última palabra aún no está dicha en cuanto a que si es correcta la sanción impuesta por el poder legislativo, toda vez que existe un juicio de controversia constitucional, puesto que no es cierto que estas ya hayan sido resueltas.

“Como conocedores del derecho sabemos que lo que hizo la corte es correcto al haber sobreseído una de las dos controversias presentadas por el TSJ en contra de la determinación de la 57 legislatura”.

Explicó que la controversia que resolvió la Suprema Corte fue únicamente el que se refiere al dictamen de valoración previo para la instauración del juicio político.

Sin embargo explicó que queda pendiente “el fondo del asunto” y que por ello el caso aún está abierto porque falta la segunda resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro orden el presidente del TSJ indicó que el Tribunal tiene un déficit de cuando menos cinco edificios para albergar a juzgados sobre todo del área penal en el estado, sin embargo señaló que por la falta de recursos en este año no se programó la construcción de inmuebles como se venía haciendo año con año, “el presupuesto no nos alcanza y a pesar de que necesitamos de cuando menos cinco juzgados sobre todo del área penal no vamos a poder solventar esa necesidad”.

En ese sentido señaló que es necesaria una “concientización” tanto del poder legislativo como del ejecutivo para que para el próximo año destinen mayores recursos para el poder judicial y se termine con el déficit de inmuebles. Este año al TSJ le asignaron un presupuesto de 133 millones de pesos que significa un 20 por ciento más con respecto al ejercido en el 2002.

Sin embargo el funcionario judicial señaló que este “no es suficiente para todos los programas y proyectos que tiene el poder judicial y tenemos que administrarlo eficiente y prudentemente para los aspectos más importantes de la vida institucional del poder judicial”.