Cierran la UPOEG y organizaciones las oficinas del INES para exigir que se autoricen recursos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como integrantes del Consejo Agrario Permanente, cerraron las oficinas del Instituto Nacional de la Economía Social, para exigir que se asignen recursos para implementar proyectos productivos, por un monto al menos similar al del año pasado, que osciló entre los 30 y 40 millones de pesos, ya que para el presente ejercicio fiscal no se aprobó ni uno sólo de sus expedientes.
En la oficina a cargo de Raúl Salgado Leyva, se colocaron cartulinas en las que se leía: “Sin distinción partidista proyectos para todos. Equidad con justicia social. Solución a la demanda de proyectos productivos”, entre otras.
En el lugar, ex diputado local Bertín Cabañas, quien se presentó como miembro del Congreso Agrario Permanente, señaló que el año pasado se les aprobaron más de 100 proyectos y en este año no se les entregó nada.
Explicó que además de las asociaciones aglomeradas en el Congreso Agrario Permanente, en esta manifestación participaron miembros de la Asociación Productores AC, de la UPOEG y del frente de Organizaciones Populares, ya que todos tiene el mismo problema de que sus proyectos les fueron rechazados y hasta donde se ha conocido, sólo se aprueban los expedientes que llevaron asociaciones o personas ligadas a los grupos políticos afines a los intereses del titular Raúl Salgado Leyva.
“Protestamos por la forma inequitativa en que se está distribuyendo el recurso para el desarrollo económico del estado, somos organizaciones del Congreso Agrario Permanente y de nuestros proyectos no hay aprobación para ninguno”, enfatizó.
Destacó que el año pasado, por los más de cien proyectos que fueron aprobados, se asignaron entre 30 y 40 millones de pesos al desarrollo de Guerrero, y todos esos proyectos han sido verificados en su funcionamiento.
“Se ha presentado manipulación, porque el documento que se llenó al final de la hoja se dejó en blanco el espacio, que decía si estaba de acuerdo con la supervisión, y cuando el documento se entregó indicaba que no se aprobó la supervisión y llenaron el cuadro donde decía que están de acuerdo con ese resultado”, relató.
Pidieron a todos los trabajadores que se retiraran de las instalaciones, para cerrar el inmueble, sin embargo dijeron que valorarían el quedarse de forma permanente con la toma de las instalaciones o se retirarían a planear otras estrategias de lucha.
Señaló que en este momento no tendría pruebas para señalar que el recurso de los proyectos productivos se está canalizando con fines electorales, ante la cercanía del proceso electoral de 2015, pero es claro que no se autorizaron proyectos para ninguna organización que no sea afín de los intereses de la familia Leyva. (Anarsis Pacheco Pólito / Chil-pancingo).