Demandan a los ocho diputados federales que abogan por la liberación de presos políticos

*Los acusan ante la PGR de “tráfico de influencia y coalición de servidores públicos”. Defensor de tres detenidos por la Policía Comunitaria reacciona luego de las críticas a la actuación del procurador del estado en el caso de Nestora Salgado

Los diputados federales del PRD que promueven la liberación de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García; de Tixtla, Gonzalo Molina; de Ayutla, Arturo Campos Herrera, y del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de “tráfico de influencia y coalición de servidores públicos”.
Los demandados son los diputados federales Roberto López Suárez, Teresa de Jesús Mojica Morga, Margarita Elena Tapia Fonllem, Carlos de Jesús Alejandro, Vicario Portillo Martínez, José Luis Muñoz Soria, María de Lourdes Amaya Reyes y María del Rosario Merlín García.
Los diputados fueron demandados por Eugenio Sánchez González, Dulce Rubí Burgos Pérez y Yesenia Castillo Meza, informó el asesor jurídico de éstos, Fausto Ramírez Arroyo, en una carta enviada a la Redacción de El Sur, que da a conocer el hecho luego de declaraciones del diputado López Suárez en las que critica la actuación en el caso del procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera.
En la carta, el asesor jurídico de quienes se llaman “víctimas de Nestora Salgado” explicó que la denuncia contra los ocho diputados federales del PRD es “por estar realizando y gestionando reuniones para tomar medidas que a todas luces son contrarias a la ley o gestionar una resolución ilícita en negocio público ajeno a las responsabilidades inherentes a sus cargos, como diputados (hacer leyes)”.
La carta enviada a El Sur es en respuesta a las declaraciones emitidas por el diputado federal Roberto López Suárez en las notas periodísticas publicadas en este diario el 29 de julio, titulada “Iñaky actuó con dolo para encarcelar a los líderes de la CRAC y el Cecop, acusa un diputado federal”, y 1 de agosto, “El procurador comete abuso de autoridad en el caso de Nestora, sostiene diputado federal”.
En la carta, Ramírez Arroyo respondió que el diputado López Suárez “está siendo investigado por la PGR por los delitos de tráfico de influencia y coalición de servidores públicos”.
En el documento, el abogado señaló que con sus declaraciones López Suárez “sigue haciendo tráfico de influencia y coalición de servidores públicos con la finalidad de liberar a personas que son delincuentes, con lo anterior se está obstaculizando la administración de justicia, así como la división de poderes”.
El asesor jurídico explicó en su carta que la acusación contra Nestora Salgado y otros integrantes de la CRAC por el delito de secuestro “está debidamente fundada, con pruebas que hasta esta fecha soportan la formal prisión”.
Ramírez Arroyo informó que también solicitó por escrito a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada federal priista Miriam Cárdenas Cantú, que se les otorguen medidas cautelares a sus defendidos porque corren riesgo latente por parte de algunos miembros de la Policía Comunitaria de Olinalá.
En el mismo documento, informó que agregó pronunciamientos de organismos de derechos humanos nacionales y estatales, así como de autoridad jurisdiccional federal, que han determinado que la CRAC y la Policía Comunitaria no son consideradas autoridades estatales y municipales. (Redacción).