No procede la acción penal contra tres magistrados, resuelve la PGJE

 * Edilberto Calderón, José Luis Bello y Rufino Miranda actuaron conforme a derecho al liberar a presuntos secuestradores, dice * La justicia se vende, lamenta abogado de los denunciantes

 De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría de Justicia del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal para tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia que fueron acusados del delito contra la administración  de justicia por dejar libres a varios presuntos secuestradores.

Se trata de los magistrados Edilberto Calderón Brito, José Luis  Bello Muñoz y Rufino Miranda Añorve quienes fueron denunciados de haber dictado una resolución para dejar libres a los presuntos secuestradores Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez Mendoza, Francisco Herrera Morales, Diógenes Justo Herrera y Germán Luna Flores.

En la resolución se señala que los magistrados actuaron conforme a derecho al dictar una resolución que exoneró a los inculpados por el delito de secuestro, aunque todavía se encuentren en la cárcel de Acapulco acusados por el delito de delincuencia organizada y cuyo proceso lo sigue la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

En la denuncia que se interpuso contra los funcionarios del Poder Judicial del Estado, se señala que uno de los tres magistrados, Rufino Miranda Añorve, influyó para que la resolución fuera a favor de los acusados.

Sin embargo, dice el dictamen, Miranda Añorve se excusó de conocer el caso porque le unen lazos familiares con uno de los indiciados.

En su denuncia, Ernesto Armijo Pastrana y Sulpicio Armijo López señalan que los tres magistrados incurrieron en diversas  irregularidades al dejar en libertad a los secuestradores de un ciudadano del municipio de Ometepec por el que en 1999, luego de haberlo secuestrado en Acapulco le pidieron más de un millón de pesos de rescate.

José Ramírez Millán, uno de los abogados de uno de uno de los secuestrados, señaló que una vez más se comprueba que en Guerrero existe la protección de las autoridades estatales para dejar libres a los que “incurren en delitos graves”.

Dijo que de ese modo se deja en “estado de indefensión” a sus clientes porque la justicia en Guerrero “se vende el mejor postor y este es el caso de los magistrados del Poder Judicial que están en una posición de recibir dinero y corromperse”, externó.