Desaira Gobernación reunión con madres de desaparecidos durante guerra al narco

Gloria Leticia Díaz  / Agencia Proceso

Ciudad de México

Familiares de desaparecidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico emplazaron al gobierno de Felipe Calderón a dar respuesta efectiva a sus demandas para localizar y/o esclarecer cientos de casos de víctimas.
Al concluir la movilización  proveniente de por lo menos 12 estados, así como de países centroamericanos con el mismo problema, representantes de madres que participaron en la Marcha de la Dignidad  Madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando justicia, hicieron un balance de su paso por la ciudad de México, así como de las reuniones sostenidas con la procuradora general de la República, Marisela Morales;  el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; el encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como con el cuerpo diplomático establecido en la capital.
Las madres no fueron recibidas por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, con quien habían programado una entrevista desde semanas previas. Sin embargo, a las 20:30 horas del jueves 10 recibieron la noticia de que el titular de la Segob no las atendería, que en su lugar las recibiría un subsecretario. La propuesta fue rechazada.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, las madres de desaparecidos  colocaron más de un centenar de fotos de sus seres queridos, y destacaron su disposición a continuar exigiendo que se localice a sus familiares. Asimismo, denunciaron la incapacidad e indiferencia de la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima) para atender su problemática.
Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), señaló que, a pesar de que desde hace dos años 40 familiares de víctimas de Coahuila se movilizaron para exigir respuesta de las autoridades, “hasta ahora la gran pregunta que sigue en el aire, es cuántos desaparecidos hay, parece que como parte de la estrategia de invisibilizar el problema es no tener un registro puntual de las desapariciones”.
Martínez recordó que en noviembre de 2011 un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicaba en 18 mil el número de desaparecidos en México durante el gobierno de Felipe Calderón.
Por parte de Fundem, añadió, el registro es de entre 500 y 550 desparecidos, casos que fueron documentados por la PGR  y por las procuradurías estatales, “pero hasta ahora menos del 10 por ciento tienen algún tipo de avance en las investigaciones”.
Ana Lorena Delgadillo, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, recordó que entre las exigencias presentadas a las autoridades, resalta la localización de migrantes centroamericanos que desaparecieron en su pasó por México.
“Conservadoramente los datos que tenemos es que de Honduras hay 500 familias que buscan a sus desaparecidos; en El Salvador son 250; y de Guatemala, 150. Son datos que, estamos ciertos, no son reales, pero que corresponden a familias que han superado el miedo y han denunciado las ausencias”, agregó la defensora.
Además de llevar propuestas concretas a las autoridades para establecer protocolos de búsqueda de personas e identificación de restos, así como mecanismos para acatar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU  y crear bases de datos, las madres de los desaparecidos denunciaron ante la procuradora Marisela Morales la inoperancia de Províctima.
Diana Iris García y Julia Ramírez, madres de desaparecidos en Coahuila y Tamaulipas,  respectivamente, consideraron que Províctima fue constituida “al vapor” por el gobierno de Calderón para “desarticular a las organizaciones de familiares y para desvincularlos de la organizaciones no gubernamentales que los apoyan”.
Ambas denunciaron que pese a que Províctima fue creada para atender los problemas psicológicos y dar salida a los problemas económicos de los familiares de víctimas, sólo es un aparato burocrático que se ha convertido en “una burla para los familiares”.
Ana Lorena Delgadillo informó que Marisela Morales nombró al subprocurador de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros como enlace para recibir las quejas de desapariciones integradas por la PGR, así como para revisar las documentadas por las procuradurías estatales.
El mismo funcionario, agregó supervisaría la creación de una mesa de trabajo para establecer protocolos de mecanismos de búsqueda de personas e identificación de restos; para analizar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y la homologación de bases de datos.