Bruno Plácido no está en el estado y dice que no participó en el bloqueo

El dirigente de la UPOEG dijo esperar que la aceptación del diálogo no sea una táctica de desgaste. Rechaza confirmar el retiro de los escoltas oficiales que lo acompañaban y la existencia de una orden de aprehensión en su contra

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se rehusó a hablar de las versiones que surgieron en el bloqueo a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol la noche del jueves y madrugada del viernes, sobre una orden de aprehensión que se giró en su contra y la decisión del gobierno estatal de retirarle los policías estatales que lo resguardaban como medidas cautelares de seguridad.
En consulta telefónica, reconoció que va a revisar las estrategias del movimiento que encabeza, fuera de la entidad, para replantear posibles acciones.
El dirigente indígena ya no regresó a Guerrero tras la caravana de organizaciones que el lunes pasado viajó a la ciudad de México desde Chilpancingo para exigir la instalación de mesas de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Cuando los contingentes regresaron a la entidad, varios dirigentes denunciaron la falta de atención del gobierno federal porque ni siquiera les dieron una fecha tentativa para un encuentro, y esa misma noche bloquearon en protesta  la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y la que conduce a Ayutla.
El martes, con Plácido Valerio ausente, los representantes de distintas organizaciones anunciaron que podrían “paralizar el estado” con tomas de oficinas y de carreteras si se mantienen cerradas las puertas en la federación.
Bruno Plácido tampoco estuvo en la reunión del jueves con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, con una comisión de representantes, donde solicitaron una entrevista con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Ayer, tras el bloqueo en la Autopista del Sol, el gobernador declaró en Acapulco que ya había establecido contacto con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, sobre la demanda de las organizaciones, y su asesor, Ernesto Aguirre Gutiérrez, informó que la reunión que solicitaron con el Ejecutivo será el próximo miércoles.
Al respecto, el dirigente de la UPOEG dijo que espera que no se trate de una política de desgaste, porque a la fecha no han mostrado voluntad más que en el discurso.
Confirmó que se encuentra fuera del estado para hacer una evaluación y replantear la estrategia, y el miércoles podrán determinar si el diálogo que ofrece el gobierno estatal es en serio, o es el mismo del gobierno federal, “sin respuestas”.
Por otro lado, opinó sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, y dijo que las autoridades estatales y federales aprovechan para tomarse la foto con representantes de pueblos originarios, para destacar la ropa y sus costumbres.
Sin embargo, denunció que reciben un trato de “arbolitos de navidad, a los que les ponen lucecitas de colores en diciembre y después del 6 de enero los guardan y se olvidan de ellos”.
Demandó a los órdenes de gobierno que escuchen a los pueblos y los tomen en cuenta en la toma de decisiones públicas.
Insistió en que terminen con esa política de discriminación, porque en Guerrero no los tomaron en cuenta para el nombramiento del delegado de la Comisión de Asuntos Indígenas (Cdi), y a pesar de que en la entidad hay una Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena, la 701, los obligaron a exigir mediante tribunales elecciones municipales por usos y costumbres.
En este tema, recriminó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado esté solicitando 3 millones de pesos para la aplicación de la consulta a los pueblos, que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que las comunidades indígenas de San Luis Acatlán decidan si quieren elecciones por usos y costumbres o se quedan con el sistema de partidos políticos.
Consideró que una consulta tiene que ser la forma más económica y democrática para recoger la opinión de los pueblos originarios.