La reforma energética, vía para el despojo del campo, advierten organizaciones agrarias

En un pronunciamiento firmado por la asociación Altepetl Nahuas de La Montaña y el Consejo de Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio de Guerrero, tras el foro nacional Derecho agrario para la defensa de la tierra y el territorio, más de 20 organizaciones se pronunciaron en contra de la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión, “que abre la puerta para el despojo del campo y que pone en riesgo a los territorios indígenas”.
Exigieron que el presidente Enrique Peña Nieto “se abstenga” de publicar los ordenamientos que la componen y llamaron al Congreso a establecer mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas con base en los tratados internacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, plantearon que el Programa Nacional de Infraestructura es una “amenaza” porque el gobierno federal pretende usarlo para concretar proyectos como el de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
“Aunque hoy se cierne una amenaza sin precedentes sobre la propiedad social de la tierras, la tradición de resistencia de los pueblos; su vinculación con organizaciones civiles que les pueden allegar la información que los gobiernos ocultan; su arraigo a la tierra como madre dadora de vida; y, sobre todo, su tejido comunitario y su presencia territorial, representan algunos bastiones de defensa de la vida campesina que no cesarán de articularse para la defensa de la tierra”, sostuvieron.
El foro nacional fue realizado el jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de la ciudad de México, y contó con la participación del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En el pronunciamiento publicado en el portal de internet del Centro Prodh, señalaron que la reforma, las leyes secundarias que la acompañan y los proyectos que buscan complementarla ponen en riesgo la propiedad social de la tierra y son “una ofensiva sin precedentes” contra ejidos, comunidades y pueblos indígenas porque es una política integral para acabar con la propiedad social de la tierra.
Reivindicaron el artículo 27 constitucional “producto de cruentas luchas agrarias”, señalaron que es “imprescindible” unirse en defensa del territorio y acompañar su lucha ante “el desmantelamiento de los derechos sociales”, y llamaron a las comunidades, pueblos, núcleos agrarios, organizaciones, sindicatos, académicos, estudiantes, centros de derechos humanos y la comunidad internacional a impulsar acciones conjuntas.
“Las nuevas leyes se han aprobado con un Congreso (Cámara de Diputados y Senado de la República) que ha violentado sus propios órganos internos, lo cual provoca la pérdida de la legitimidad de la ciudadanía”, reprocharon.
Las organizaciones afirmaron que en el foro analizaron que la nueva Ley de Hidrocarburos es una “ofensiva contra el campo mexicano” que expone a los núcleos agrarios a que sus terrenos sean expropiados “bajo el disfraz de las ocupaciones temporales”, sin garantizar condiciones de equidad para los campesinos.
También examinaron “la amenaza” que representa la iniciativa de ley para impulsar el Programa Nacional de Infraestructura, y señalaron que pretende acotar el derecho de los núcleos agrarios a acudir al amparo al calificar como de utilidad pública los proyectos que aparezcan en el Presupuesto de Egresos de la federación, como La Parota, Paso de la Reyna y El Zapotillo, aunque sean “social y ambientalmente inviables”.
Advirtieron que la reforma energética podría agravarse con la Ley Agraria impulsada al final de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, de la que Peña Nieto no se ha deslindado y no ha dejado de aludir como una inminente reforma al campo.
“Coincidimos en que se vuelven fundamentales las asambleas, la participación de las ejidatarias y comuneras, así como la transmisión a las y los jóvenes de las experiencias de lucha agrarias que tienen las generaciones mayores. Por ello, los esfuerzos que hagamos deben estar en función de las luchas locales y regionales que encabezan los propios pueblos”, concluyeron. (Redacción / Acapulco)