Escuchan diputados federales quejas de El Podrido y Plan de los Amates

 * En el primero de ellos no se oponen al desarrollo, sino al despojo, dice el asesor Humberto Sevilla * Los ponen al tanto del intento de desalojo en el segundo * Se preparan reformas a la Ley Agraria, informa Félix Castellanos

 Diputados federales de la Comisión de la Reforma Agraria visitaron el sábado los ejidos El Podrido y Plan de los Amates, para enterarse de los conflictos que aquejan a los ejidatarios, particularmente con la empresa Tres Vidas.

En Plan de los Amates –primer ejido visitado–, la diputada priísta por Sinaloa Martha Ofelia Meza Escalante; los legisladores del PAN Mario Reyes Oviedo y Eduardo Alvarado García –secretario de la Comisión–; el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Félix Castellanos, y el secretario técnico de la misma escucharon la queja de los ejidatarios, quienes los pusieron al tanto del intento de desalojo del que fueron objeto hace unas semanas.

Posteriormente, los diputados llegaron al ejido El Podrido, donde el asesor jurídico Humberto Sevilla les explicó que allí los campesinos no se oponen al desarrollo del puerto, sino al despojo. Dijo que se tiene que dar un desarrollo integral, que implica respetar los derechos de los campesinos.

Luego, ante los diputados manifestó que éstos no se van a doblegar ante la amenaza de las que han sido objeto, incluso  el encarcelamiento.

Un campesino señaló que los ejidatarios tienen la esperanza e ilusión de que los diputados con su visita los ayuden a lograr una resolución definitiva a su problema agrario. Dijo que ya quieren tranquilidad porque no son delincuentes; sólo luchan por la tierra que les pertenece.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, Félix Castellanos Hernández, dijo a los diputados que le acompañaban que como están las cosas en esos ejidos lo sucedido en San Salvador Atenco sólo será “una caricatura”, y que eso no es una amenaza. Agregó que los problemas se van a desbordar si no se les pone atención, esto porque hay complicidad de los tribunales agrarios con los empresarios.

Luego dijo que la 13 de Diciembre es la primera colonia popular con playa, y que cada terreno de ahí fue entregado a personas de bajos recursos. Opinó que es bueno que los ejidatarios prefirieran entregar sus tierras a los necesitados.

Por su parte, la diputada priísta Martha Ofelia Meza Escalante dijo que los legisladores van a presionar para que se respeten los derechos de los campesinos porque tienen la razón. Adelantó que buscarán lo más pronto posible una plática con el nuevo secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, a quien le expondrán esas inquietudes.

El diputado del PAN por el Distrito Federal Mario Reyes Oviedo manifestó que lo escuchado le da a entender que hay un acaparamiento de tierras de la empresa Tres Vidas, y dio la razón a los campesinos en su lucha. Adelantó que buscarán que se dé una solución favorable a los campesinos.

Después de la conversación, el diputado petista Félix Castellanos dio una entrevista en la que manifestó que hay 25 ejidos considerados como focos rojos, a los que el ahora secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, debe poner atención.

Dijo que se ha comprobado que hay complicidad entre los tribunales agrarios y los empresarios, pero confió en que las autoridades correspondientes hagan una investigación sobre el actuar de los magistrados.

El diputado también manifestó que en uno o dos meses habrá una nueva Ley Agraria, ya que mañana se hará una primera revisión de las iniciativas de reforma a los artículos del 70 al 75, y de aprobarse se enviará al pleno de la Cámara y posteriormente al Senado.

Dijo que se pretende modificar el punto de las expropiaciones, luego de descubrirse que en Atenco no había claridad en definir las causas de utilidad pública. También se reformará lo que se refiere a la reversión del decreto expropiatorio, para que pueda darse en dos años, no en cinco, como lo prevé la ley.

Se propone, asimismo, que en las expropiaciones se notifique personalmente a cada uno de los afectados y se dé un término de 30 días para que puedan inconformarse ante los tribunales. (Karina Contreras).