Tendrá que pagar el gobierno estatal 33 millones a propietarios de la ex hacienda El Coloso, dice representante

*Teresa Vega López, informó que ya fueron afectados 11 mil metros cuadrados de terrenos donde pasará la vía que comunicará la carretera de cuota Metlapil con el Macrotúnel

Karla Galarce Sosa

La representante legal de los copropietarios de la ex hacienda El Coloso, Teresa Vega López, informó que ya fueron afectados 11 mil metros cuadrados de terrenos que el gobierno estatal no ha pagado. Agregó que un valuador estimó en 3 mil pesos el costo por metro cuadrado, por lo que serían 33 millones de pesos los que el gobierno estatal tendría que pagar y que éstos a su vez tendrán que ser divididos entre los 206 copropietarios, por lo que correspondería un monto aproximado de 160 mil 194 pesos a cada uno.
Dijo que cada día que pasa, cientos de toneladas de tierra son vertidas en el terreno que ocupan sus representados, área por donde pasará la vía que comunicará de la carretera de cuota Metlapil con el Macrotúnel, cuyo avance es evidente pues ya fueron construidas las bases donde se edificarán los pilares que cargarán la vía.
En un recorrido por la zona se observó que miles de toneladas de tierra y rocas ya fueron vertidos muy cerca del canal meándrico que alimenta a la laguna negra de Puerto Marqués, por donde pasará la carretera de cuatro carriles que desembocará en La Base Naval.
En el tramo ubicado en la parte posterior de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, en el punto conocido como La Marquesita, fueron colocados dos letreros en los que especifican los datos de registro y aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), así como la autorización para el cambio de uso de suelo que antes era forestal, según se indica en el letrero cuyas medidas son de unos 2 metros por 2.
Los datos allí vertidos son, para el MIA DFG-UGA-DIRA-547-2012, del 7 de mayo de 2012 y 000917 como número de referencia; para la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales se indica que se trató del oficio número DFG-UARRN/269/20 2, folio 8212/DS-0048/02/2912 del 25 de octubre.
Se observó un relleno en ambos lados del terreno en un volumen mayor a casas de dos pisos, cuyos materiales eran removidos por dos palas mecánicas.
En la calle que atraviesa el terreno, no sólo hay materiales extraído del cerro del fraccionamiento Joyas de Brisamar, sino que también hay materiales de escombro, basura y restos de muebles caseros y de oficina.
En declaraciones a este medio, la representante legal de los copropietarios recordó que el 17 de enero entregaron un oficio al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, en el que informaban que la obra afectaba sus terrenos, sin embargo no recibieron ninguna respuesta e hicieron un bloqueo en la carretera Cayaco-Puerto Marqués un mes después.
Después de la manifestación, Rossana Mora Patiño, quien trabajaba en el área de Asuntos Políticos del gobierno estatal, bajo las órdenes de Humberto Salgado Gómez, atendió de manera inicial la queja de los afectados. Posteriormente acudieron al complejo Mundo Imperial, donde el gobernador los recibió, aunque tampoco tuvieron una respuesta.
“Lo que ellos trataban de hacer era confundirnos y fue que tomamos posesión en esta parte del terreno”, dijo señalando el tramo que queda en medio de la obra.
“Tenemos bardas, construcciones de material, árboles frutales e hicimos esta cabañita con el único fin de que no avanzara la obra”, dijo Vega López e hizo referencia a que interpusieron un amparo para la suspensión del avance del Macrotúnel, beneficio que les fue concedido por el juez cuarto de distrito, pese a ello las obras continúan violando dicho amparo.
Teresa Vega mencionó de la denuncia que hizo el gobierno estatal contra los copropietarios y contra ella como representante legal sin fundamentarla.
“Lo que queremos es que se haga un recorrido, que las personas vengan, que los funcionarios del gobierno del estado constaten, porque de no ser así nosotros vamos a insistir y a seguir aquí hasta que nos den una solución porque la CICAEG (Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero), dio a cada uno de mis representados copias de los planos para pagarles y no les ha pagado, es una prueba de que han tenido posesión de los terrenos desde antes de que llegaran con la obra”, declaró.
Mencionó que los copropietarios son dueños desde 1959 de un predio que no ha sido vendido porque carece de gravámenes, cuyo certificado fue presentado ante el gobierno estatal.
“Una cosa es que ellos de manera obscura no quieran reconocer, y están haciendo infinidad de cosas para no pagarnos, a que ellos digan que no somos dueños. Somos dueños de estos terrenos”, expuso.
Explicó que los certificados de libertad de gravamen son expedidos para comprobar que las propiedades no han sido vendidas.
“Nosotros no tenemos gravamen más que de 120 hectáreas que se vendieron en Alta Loma, uno de los cinco predios que son Alta Loma, Vista Hermosa, El Rincón, La Punta y sus sobrantes y los únicos gravámenes que tenemos son los de Alta Loma, en el resto de los terrenos no hay juicios de nada”, declaró.
Reiteró que el gobierno estatal, después de haber comprado a un hombre que vendió 143 metros y que dijo ser el posesionario y no dueño del terreno, está incurriendo en una irregularidad porque no se adquieren las tierras a los verdaderos dueños de los predios. El ejido no tiene nada que ver con nosotros que somos pequeña propiedad porque esta persona no es ejidatario y no es parte de los copropietarios, nosotros estamos siendo amedrentados, amenazados para que desalojemos y vamos a insistir porque vamos a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que intervenga, porque están amenazando a gente mayor de 60, 70 y hasta con 90 años de edad”, dijo y advirtió que “no vamos a salirnos de aquí, a menos que nos paguen”.