Es difícil distinguir la línea entre el gobierno y los criminales en Guerrero, dice Tlachinollan en EU

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan testificó el jueves, ante la Comisión de De-rechos Humanos Tom Lantos, en el Congreso de Estados Unidos, la situación actual de las violaciones a los derechos humanos en México, en el contexto de la guerra en contra de la delincuencia organizada.
El testimonio fue presentado en la audiencia denominada Los Derechos Humanos en México, el jueves 10 de mayo, por el abogado, Santiago Aguirre bajo cuatro ejes: El uso del Ejército co-mo centro de la política de seguridad, Rendición de cuentas en los casos de abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, El impacto de la Policía Ministerial Investigadora en la reforma de justicia y La protección a las víctimas, periodistas y a las y los defensores de derechos humanos.
Mediante un comunicado de prensa  la organización da a conocer que en el escrito destaca que esta guerra al crimen organizado, “ninguno de nosotros pudo imaginar el impacto que tendría en los derechos humanos”, puesto que más de 50 mil personas han muerto mientras que los cárteles de drogas no pierden su poder.
Agrega que en estas circunstancias, es claro que la política del presidente Felipe Calderón no es la solución a la crisis de violencia, “y, por el contrario, contribuye a su incremento”. En su testimonio Tla- chinollan agrega, que es falso que México enfrente una guerra entre el bien y el mal, toda vez que en estados como Guerrero, “la línea entre el gobierno y los criminales es en ocasiones difícil de distinguir”.
El organismo denunció ante Tom Lantos, que el uso del Ejército como pieza central de la política nacional de seguridad, ha incrementado “dramáticamente” los abusos de derechos humanos desde el 2006, como consecuencia directa de la guerra contra las drogas.
“Las quejas se han incrementado en más de 600 por ciento en comparación con la administración pasada”, expresa el testimonio de Tlachi-nollan. Además agrega que el despliegue militar nunca ha sido acompañado por la rendición de cuentas.
“Cuando los soldados son acusados de violaciones de derechos hu-manos, el Ejército mantiene los ca-sos bajo su jurisdicción, teniendo por resultado impunidad”, expuso el organismo. Añade que ha documentado casos de violación sexual y tortura por soldados y citó los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en los que, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a su favor, los soldados responsables todavía no han sido castigados.
También presentó el caso del indígena Bonfilio Rubio, ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército en el 2009, cuando soldados dispararon al autobús donde viajaba en un retén militar, cerca de Huamuxtitlán.
El informe agrega que aun cuando el presidente Calderón ordenó al Ejército remitir este tipo de casos a las autoridades civiles y después de que un Juez federal había determinado que su caso no podía mantenerse bajo el sistema de justicia militar, en enero de 2012, el Ejército apeló a dicha sentencia defendiendo su jurisdicción.
Y recuerda que actualmente el caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que puede convertirse en el primer fallo obligatorio en contra del uso del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de civiles.
Tlachinollan agregó que, además, el Ejército no es la única fuerza de seguridad que comete violaciones de derechos humanos en Mé-xico, pues expuso que elementos de la policía al nivel federal, estatal y municipal “están frecuentemente involucrados en abusos, mientras que los controles internos y externos no están adecuados para permitir una rendición de cuentas”.
Y como ejemplo expuso el desalojo violento que sufrieron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo; “elementos de la Policía Federal, junto a elementos de la policía estatal, abrieron fuego en contra de una protesta estudiantil causando una violenta revuelta que culminó con la terrible muerte de tres personas, dos de estas jóvenes estudiantes”.
El organismo señala en su documento que “lo que sucedió ahí revela la verdad sobre la Policía Federal, una fuerza supuestamente reconstituida que se ha visto ampliamente beneficiada por la asistencia de Estados Unidos, y frecuentemente presentada como el gran éxito de la administración de Calderón”.
Sin embargo, manifiesta que “al día de hoy, ningún elemento de la Policía Federal ha sido imputado como responsable”. Tlachinollan expresa su preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Ministerial, pues en su informe reveló que al monitorear las fuerzas policiales en la Montaña “hemos registrado casi 200 casos relacionados con abusos de la policía ministerial en los últimos cuatro  años”.
Y agrega que ello equivale a más del 40 por ciento de los casos que ha documentado. “Sin embargo, el día de hoy, la policía ministerial no es solamente responsable de violaciones de derechos humanos, sino que también está profundamente infiltrada por los carteles del crimen organizado”.
En su documento expresa que, incluso, después del violento ataque a los estudiantes, 24 personas fueron detenidas y que una de ellas, Gerardo Torres Pérez, de 20 años de edad “fue severamente torturado por elementos de la Policía Ministerial de Guerrero”.
Añade que el joven estudiante recuperó su libertad “pero nadie ha sido acusado por la tortura que sufrió hasta ahora, en parte porque es bien conocido en Guerrero que algunos de los elementos implicados tienen fuertes lazos con el crimen organizado”.
Denuncia, además que en Guerreo y en otros estados, las fallas, los abusos y la corrupción de la policía ministerial ponen en riesgo de socavar el éxito de la reforma al sistema de justicia penal en México, y Tlachinollan adelanta que, por ello, la reforma, “que como ustedes lo saben es fuertemente apoyada por la asistencia de Estados Unidos, fracasará si la policía ministerial no es depurada y reconstruida”.
A pesar de esta situación, Tlachinollan expuso que la sociedad civil es clave para superar la crisis de violencia en México, pero que su participación activa enfrenta graves amenazas. “Esto es aún más grave en estados como Guerrero. Por ejemplo, Valentina Rosendo Cantú, cuyo caso hemos mencionado previamente, ha debido mudarse de su residencia en diferentes ocasiones después de constantes amenazas en los últimos años. El día de hoy ella vive en un lugar confidencial”, dice el organismo.
También expuso que los defensores de derechos humanos, viven en un gran riesgo, pues 62 defensoras y defensores han sido atacados y cinco más han sido asesinados.
Por ello Tlachinollan sugirió en la presentación de su testimonio que es fundamental que Estados Unidos continúe reconociendo la relevancia del trabajo independiente de derechos humanos en México.
Asimismo, se deben tomar ac-ciones básicas desde aquel lado de la frontera como la reducción de la demanda de drogas ilícitas o medidas en contra del tráfico de armas de alto calibre hacia México.
También demandó presionar al gobierno de México para que haga acciones de largo plazo para reforzar instituciones civiles mexicanas y para la rendición de cuentas a todos los niveles.
“De lo contrario, la asistencia de Estados Unidos se irá directo a autoridades que sistemáticamente violan derechos humanos”, concluye.