Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Petróleo: Cárdenas y el nacionalismo apestan

Con la promulgación hoy de la reforma energética, el nacionalismo mexicano como ha sido concebido y practicado en los últimos setenta años se verá cercenado por un acto de gobierno cuya consecuencia principal es que restituye el esquema de concesiones petroleras que prevalecía en México en los tiempos de Porfirio Díaz, el cual consistía y ahora consistirá nuevamente en la entrega del petróleo a las empresas extranjeras.
Por maniquea y reduccionista que parezca esta presentación de los hechos, no lo es. Detrás del laberinto jurídico y técnico diseñado por el PRI y el PAN en el Congreso -o diseñado en la Presidencia de la República y allí solamente aprobado- lo que se encuentra es un modelo de cesión de la riqueza petrolera que arrincona la soberanía y el interés nacional con la falsa promesa de la abundancia económica en un futuro incierto.
Por ejemplo, las transnacionales que inviertan en el petróleo de México pagarán en concepto de regalías 14 por ciento de sus ganancias, y no tendrán ninguna restricción para disponer y comercializar el petróleo que extraigan. Ese porcentaje es notoriamente inferior a cualquier otro establecido en cualquier parte del mundo. En Nigeria las empresas pagan 20 por ciento, y en Canadá 50 por ciento. Además de otras prerrogativas y exenciones. (La Jornada, 10 de agosto de 2014).
Con una normatividad que privilegia de esa manera el interés de las empresas, no se ve cómo se podrá dar el “salto cualitativo en el desarrollo de México” y los millones de empleos que ofrece la propaganda que empezó a desplegar el PRI para justificar la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados.
Esparcidas las promesas durante el tiempo que duró el proceso legislativo de las reformas, precisar los cómos y los plazos de cumplimiento de tales promesas no es algo que preocupe ni al gobierno ni a los legisladores del PRI. Después de que el gobierno prometiera que las tarifas de la luz se reducirían con los cambios en lo que atañe a la energía eléctrica, la publicidad oficial fue modificada para introducir matices que ahora hacen depender esa reducción de condicionantes relacionados con la evolución de la industria: no habrá reducción, pues.
Sin embargo, es de preverse que a partir de hoy la propaganda gubernamental eche la casa por la ventana para hacer creer que la reforma energética es el gran salto modernizador que el país requería. Volverá el rosario de promesas de crecimiento económico, creación de empleos y reducción de los precios del gas y la luz, elementos que constituyen el núcleo de la estrategia oficial.
Ayer mismo, para animar el acto que el presidente Enrique Peña Nieto encabezará hoy en el Palacio Nacional, el diputado priista Manlio Fabio Beltrones dijo que “hemos cumplido con el marco jurídico para transformar al país al tomar decisiones que nos harán avanzar en la construcción del México moderno con el mayor consenso posible”. Para el coordinador de los diputados del PRI, la promulgación de la reforma energética “marcará un hito en la transformación y construcción del México moderno”.
El “mayor consenso posible” al que Beltrones atribuye la reforma energética no existe en la realidad. A menos que se traslade mecánicamente a toda la población el hecho de que los jefes de dos o tres partidos se pongan de acuerdo para impulsar una agenda legislativa, es totalmente falsa la pretensión de un consenso nacional en torno a la reforma energética y la reprivatización del petróleo. La ausencia de un consenso social es precisamente la gran carencia de la reforma energética.
Ya en diciembre pasado, en su discurso para celebrar las modificaciones a la Constitución, Peña Nieto dijo que “los mexicanos hemos decidido superar mitos y tabúes para dar un gran paso hacia el futuro”, y que “a través de sus instituciones democráticas, México se ha pronunciado en favor del cambio y la transformación”. En esas líneas se sintetizaba el carácter elitista, excluyente y autoritario de la reforma energética y de la estrategia desplegada para imponerla mediante el uso abusivo de la mayoría política del PRI y sus aliados panistas en el Congreso.
Peña Nieto, el PRI y el PAN emplearon el poder para imponer la reforma en contra de la manifiesta opinión contraria de la población, y también para imponer una visión que destruye el referente histórico de la expropiación petrolera, acontecimiento que en la visión presidencial queda reducido a un simple “mito” y “tabú”.
Con seguridad Peña Nieto dirá nuevamente esta mañana que el país ha optado por el cambio y la transformación, cuando lo que su reforma representa es una regresión histórica. La formulación más espontánea y entusiasta de esa regresión es el artículo que publicó el panista Germán Martínez Cázares el lunes pasado en el diario Reforma, en el cual sin recato alguno escribió que “divinizar a Cárdenas le costó mucho al país” y que hay “difuntos que apestan”. El nacionalismo y Cárdenas apestan, así piensan los autores de este “salto cualitativo”.

Lo que sigue: la consulta

Hace ocho meses, una vez aprobados los cambios constitucionales previos a la reforma de las leyes secundarias que la semana pasada consumaron la reforma energética, el gobierno federal puso en marcha una profusa y estridente campaña publicitaria para sembrar la idea de que la reforma es irrevocable mediante una consulta popular. En aquellas fechas, en numerosos medios impresos y electrónicos, y a través de voceros afines al oficialismo, se machacó la presunción de que era inútil la estrategia impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador para someter la reforma energética a una consulta popular de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución. Como se advirtió entonces, eso es falso. De ocurrir ahora lo mismo, y seguramente sucederá, el gobierno buscará crear un ambiente propicio para justificar un eventual fallo negativo de la Suprema Corte de Justicia a la solicitud que el PRD y Morena presentarán -con millones de firmas de ciudadanos- para la realización de la consulta popular. En rigor y de acuerdo con el precepto constitucional, la Corte no tendría argumentos para negar la consulta. Aun así, la Corte podría ser presionada, alegar cualquier formalismo y echar por tierra la única oportunidad institucional para revertir la reforma energética.

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