Carlos García Jiménez

Seguridad, paz y desarrollo sustentable

El movimiento social y ciudadano que, con las demandas de la frase que encabeza este texto, se inició el pasado 3 de agosto con la marcha-caravana Chilpancingo-México, y continuó con la toma de oficinas gubernamentales y la carretera federal y Autopista del Sol, se reanudará en esta semana que comienza si es que el miércoles 13 de agosto no se concreta la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación del gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong. En estos días se estableció una tregua social tras el compromiso del gobierno del estado de interceder y sumarse al diálogo con el gobierno federal.
Que se inicie el diálogo con el responsable de la política interna de nuestro país, es la demanda fundamental de esta nueva oleada de lucha de los guerrerenses.
Las organizaciones que forman parte de este nuevo movimiento social y ciudadano, son la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); el Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero (FP); el Congreso Agrario Permanente (CAP); la Fundación Progreso; una coordinación de empresarios de Chilpancingo y Acapulco, y una amplia gama de organizaciones sociales inconformes con la manera de cómo se aplica la política y los recursos públicos en Guerrero. En suma, en este movimiento se agrupan organizaciones sociales de las ocho regiones de la entidad, de los distintos ámbitos productivos, y de las distintas filiaciones político-partidistas. La causa común: lograr la seguridad, la paz y el desarrollo sustentable de Guerrero.
Tras la cerrazón de la Segob
La protesta que a mediados de esta semana amenaza con generalizarse a todo el estado, devino de la actitud de oídos sordos, autoritarismo e impunidad en la atención a las demandas sociales y la aplicación de la justicia por parte de los gobiernos federal y estatal. Puertas cerradas, policías antimotines y una fortificada reja metálica fue lo que encontró la pacífica marcha-caravana de poco más de 2 mil ciudadanos y representantes de 70 organizaciones sociales al llegar a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la ciudad de México el pasado 4 de agosto.
Ante la ausencia del titular y de algún subsecretario, las organizaciones accedieron a iniciar el diálogo con un funcionario de tercer nivel, quien con la misma prepotencia de sus superiores proponía dialogar con solo 13 representantes sociales. Luego de casi una hora de “negociación” entre fortificada reja metálica finalmente accedió a recibir a 20 representantes de las organizaciones; el diálogo de casi tres horas fue infructuoso, pues el funcionario y sus subalternos no entendieron nada de lo que se le expuso ni de lo que se demandaba; para concretar la fecha de reunión con el secretario de Gobernación dichos funcionarios no lo pudieron localizar por teléfono, tampoco al responsable de su agenda, ni a ningún subsecretario. La Segob, la instancia más importante del país despues de la Presidencia de la República, parecía una oficina abandonada, sin pies ni cabeza.
Ante la insensibilidad y cerrazón gubernamental esa misma noche organizaciones de Costa Chica y Montaña iniciaron acciones de protesta en los principales tramos de las carreteras de esas regiones. Hacia mediados de la semana en la ciudad de Chilpancingo se tomaron de manera gradual las oficinas de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional de la Economía Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y a la medianoche del jueves se tomó la carretera federal y la Autopista del Sol que comunica al puerto de Acapulco con la ciudad de México.
Tras esta última acción finalmente reaccionó el gobierno del estado, primero con más de 600 policías antimotines que amenazaban con intervenir violentamente para desalojar a los más de mil ciudadanos que durante 10 horas paralizaron la autopista y la carretera federal, y luego con un enviado de Casa Guerrero que ofreció recibir a una comisión en audiencia con el gobernador (quien finalmente no estuvo). El ofrecimiento de los funcionarios gubernamentales fue que este miércoles 13 de agosto, por la tarde, comunicarán la fecha de audiencia con el secretario de Gobernación y que el gobernador del estado se sumará a la misma, y promoverá la participación de los titulares de las dependencia estatales en las siete mesas de trabajo temáticas que de dicha reunión se programen.
Lo que demanda el movimiento social y ciudadano
La marcha-caravana de la semana pasada solo buscaba dialogar con el secretario de Gobernación para definir un calendario para la instalación de siete mesas de trabajo temáticas en donde se busca canalizar la atención a las demandas sociales no resueltas, y proyectar la inversión pública que en 2015 puede permitir el verdadero combate del hambre y la pobreza en Guerrero.
Esta incipiente movilización social, orientada en esta etapa hacia el gobierno federal, surge por la falta de atención en el ámbito estatal a los problemas de inseguridad pública, pobreza, hambre y estragos de la naturaleza, acentuados en los últimos cuatro años. Las organizaciones participantes coincidieron en la necesidad de manifestarse de manera pacífica pero contundente ante la opinión pública nacional y ante los distintos poderes instituidos para velar por los derechos ciudadanos.
Las organizaciones sociales que hoy se están movilizando, plantean una diversidad de demandas no resueltas, y propuestas de inversiones para el próximo año agrupadas en los siguientes ejes temáticos:
Soberanía alimentaria y proyectos productivos estratégicos; agua y medio ambiente; financiamiento rural; capacitación y educación rural alternativa; caminos, transporte y energía eléctrica; desarrollo social; y gobernanza y democracia participativa.
A estas mesas se espera la participación organizada de las distintas organizaciones sociales, de las dependencias federales y estatales, y de los legisladores. Preparar el status de las demandas planteadas por las organizaciones, las vías de solución en el corto plazo, y la concertación de inversiones hacia el 2015, es el desafío en esta segunda etapa de movilización social.
La instalación, primero de la mesa de diálogo, y luego de las mesas de trabajo temáticas es la vía civilizada para que ciudadanos y gobierno sumen esfuerzos y recursos para rescatar al campo del rezago histórico, para vigorizar la participación social desde las comunidades y regiones, para ordenar y reorientar la operación de los programas públicos, para establecer un Plan Estatal de Desarrollo Integral y Sustentable, y para suscribir un pacto federal que instituya una nueva manera de gobernar. El resultado de este diálogo y trabajo mancomunado busca que efectivamente se mejore la calidad de vida, la seguridad y la paz de todos los guerrerenses.
Ojalá que en las altas esferas de los gobiernos federal y estatal, y en el Poder Legislativo, prevalezca el instinto de progreso humano y social, y atiendan sin rencor, prepotencia y autoritarismo este clamor social que de no tomarse en cuenta adecuadamente seguro que despertará al Guerrero bronco de otras épocas.