Tlachinollan

Los pueblos indígenas en su día: contra la pobreza secular y el atraco gubernamental

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fue sumamente insultante para los pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento pleno a sus derechos colectivos y por el respeto a sus territorios ancestrales, ver ataviados con el traje tradicional de las autoridades indígenas Chamulas, al presidente de la república Enrique Peña Nieto y al gobernador de Chiapas Manuel Velasco, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas. Lo que más agravió a los pueblos que enfrentan las amenazas del gobierno confabulado con las empresas trasnacionales, es que haya utilizado a un sector cautivo de la población indígena para lucirse ante los medios y defender las reformas estructurales contrarias a la protección de sus derechos. Este acto folclórico le sirvió al presidente para elogiar a los senadores y diputados federales que aprobaron las leyes secundarias sobre la reforma energética, que legaliza el despojo y pone en grave riesgo la integridad de sus territorios. Ninguna reivindicación de los pueblos indígenas hizo eco en el discurso presidencial, mucho menos la reforma constitucional sobre el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos, que las cúpulas partidistas la dejaron trunca.
En Guerrero la pobreza extrema está enraizada en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Cochoapa el Grande y Metlatónoc cuentan con el mayor porcentaje de población indígena a nivel nacional, con el 82.6% y 77% respectivamente. En cuanto al derecho a la alimentación, la mayoría de las familias indígenas no tienen garantizado este derecho, más bien su lucha cotidiana es contra el hambre, peleando por la obtención o producción de granos básicos. El programa nacional de la cruzada contra el hambre sigue sin responder adecuadamente a las necesidades alimentarias de los pueblos y no se interesa en reforzar las prácticas productivas para la obtención de sus alimentos, sino más bien su diseño es para promover su dependencia alimentaria del gobierno, que por la vía de los hechos consiste en ampliar las clientelas políticas para los procesos electorales.
En cuanto a los problemas de salud la población indígena de Guerrero padece una elevada mortalidad infantil y cuenta con patrones de enfermedad y muerte donde predominan la desnutrición y las enfermedades infecciosas y parasitarias. La probabilidad de morir durante los primeros cinco años de vida sigue siendo alta en la montaña por el rezago en los servicios de salud y la pésima calidad de los servicios. La encuesta nacional de salud y nutrición del año 2012 dejó en claro que la diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte entre la población indígena y nuestro estado presenta un mayor número de decesos en niños menores de un año.
Sobre el rezago educativo, desde hace décadas por no decir centurias, la población indígena de Guerrero es de las más olvidadas y donde se registran los más bajos niveles de logro escolar, altos niveles de deserción escolar y bajo rendimiento académico, además de la falta de infraestructura escolar y un inapropiado modelo de educación bilingüe que desetniza a la niñez indígena y estigmatiza su cultura y su lengua.
La situación de las viviendas en las comunidades indígenas es sumamente grave porque la gran mayoría de sus casas son precarias y muy vulnerables, al grado que no soportan las embestidas de la naturaleza. Su misma ubicación en zonas de alto riesgo, en las laderas de la Montaña o sobre los márgenes de los ríos y barrancas los coloca el borde del abismo, como sucedió con las tormentas de septiembre del año pasado, y que hasta la fecha las autoridades no han atendido a todas las familias que perdieron sus casas. Este alto grado de marginación se traduce en una falta de acceso a los servicios básicos como agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, lo que agrava la precariedad de las viviendas de las familias indígenas.
A este drama secular se suma la postura inflexible del estado que se ha empecinado en criminalizar a la población indígena y campesina que reivindica sus derechos como pueblos y que han optado por regirse con sus sistemas normativos ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad y hacer efectivo el derecho que tiene la población indígena que es víctima de delitos a que se le haga justicia. Esta actitud persecutora ha quedado  evidenciada con las más de cuatro decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero que enfrentan actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les reconoce como parte de un sistema de justicia indígena vigente. Es igualmente preocupante la presencia de las fuerzas armadas en comunidades indígenas que alteran la paz y la tranquilidad de las comunidades.
Tenemos que enfatizar que el acceso a la justicia estatal, va mucho más allá de que haya  intérpretes en lenguas indígenas y que en el estado no los hay. La discriminación de los operadores del aparato de justicia; la escasa y deficiente oferta de defensores de oficio que conozcan el idioma y la cultura de las comunidades indígenas; las fianzas poco asequibles; la concentración de los servicios forenses en las capitales y su falta de independencia; y las largas distancias que se tienen que recorrer para presentar denuncias o acciones de amparo ante la Justicia Federal, son tan sólo algunos de los obstáculos principales para que los pueblos indígenas accedan a la justicia estatal.
Igualmente, no existen mecanismos de protección para los pueblos indígenas de los actores estatales y no estatales que buscan ocupar sus territorios, bajo falsos argumentos de promoción del desarrollo, debido a la desprotección legal, la falta de mecanismos de consulta para defender el derecho al territorio basado en la relación sagrada que guardan la tierra y sus recursos naturales con los pueblos originarios.
El aumento de concesiones mineras y la puesta en marcha de megaproyectos en el estado han agudizado las tensiones sociales y los costos ambientales generando y agravando conflictos agrarios existentes y reivindicaciones territoriales. Estos conflictos generalmente tienen como antecedente el engaño por parte de las instituciones gubernamentales, la ausencia de consulta y el despojo de recursos naturales.
De 2000-2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de dos millones 173 mil 141 hectáreas, principalmente para la minería metálica, de las 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir, en los cien años recientes los indígenas perdieron la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio tan sólo por concesiones mineras, frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado.
En ese contexto, el 15 de julio de 2013, la Comunidad San Miguel del Progreso-JúbaWajiín, interpuso una?demanda de amparo?en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio indígena,?contravino?la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.
La acción legal incorporó, por primera vez en años recientes,?la solicitud de que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles?con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organiza-ción Internacional del Trabajo (OIT).
Así, el 12 de febrero de 2014 fue notificada?una sentencia histórica: el Juez de Distrito?consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).
No obstante, el gobierno federal impugnó la decisión judicial. Así, el 13 de marzo de 2014 la Secretaría de Economía presentó un recurso de revisión donde entre otras cosas, el gobierno federal niega la existencia del derecho a la consulta previa tratándose de concesiones mineras. Siendo inminente la resolución de este importante caso, el pasado 25 de junio de 2014 las autoridades de San Miguel Del Progreso – JúbaWajiín dirigieron un escrito a la Primera Sala de la SCJN para que conozca el caso y se avoque en el mismo al análisis de la Ley Minera, por considerar que no hay precedentes legales en este tema que ha adquirido una notable importancia social dada la multiplicación de los conflictos sociales originados por el otorgamiento de concesiones mineras en territorios de pueblos y comunidades indígenas.
El gobierno del estado debe establecer un verdadero mecanismo de diálogo intercultural que posibilite a los pueblos indígenas tener una participación e incidencia real en los procesos de toma de decisiones y, por tanto, un mecanismo de ida y vuelta que permita a los pueblos y comunidades establecer sus condiciones e impregnar las decisiones con su propia visión, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derecho a la consulta y al consentimiento, previo, libre e informado.
Respecto del derecho colectivo de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar su territorio, es un imperativo generar mecanismos de protección para los pueblos indígenas frente a actores estatales y no estatales que buscan explotar recursos naturales.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-nas ha anunciado la aprobación de un protocolo para llevar a cabo consultas con los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, mientras que este protocolo no tiene jerarquía de norma legal, las leyes secundarias vigentes como la ley minera, violan día con día el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, al permitir que sus territorios sean concesionados a particulares sin consulta previa.
Hoy enfrentamos el mismo riesgo con las recientes reformas en materia energética que serán promulgadas por el presidente de la república este lunes 11 de agosto, contra la voluntad de amplios sectores de la población mexicana, que enfrenta la cerrazón, arrogancia y autoritarismo de una clase política que a pie juntillas busca congraciarse con el poder imperial de Estados Unidos.