Emigraron en cinco meses 9 mil 300 indígenas de 362 pueblos de La Montaña, dicen cifras oficiales

Emigraron 9 mil 300 indígenas de 362 comunidades de La Montaña entre septiembre de 2013 y enero de 2014

*La salida de trabajadores ha aumentado en las últimas décadas por a la falta de empleos, la baja productividad de sus tierras, el deterioro ecológico y el crecimiento de la población, indica Culturas Populares Guerrero. Permite la falta de políticas públicas la violación sistemática de los derechos de los jornaleros agrícolas, denuncia Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En medio de graves violaciones a sus derechos humanos, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, 9 mil 300 personas; 54 por ciento hombres y 46 por ciento mujeres, emigraron de 362 comunidades indígenas de La Montaña a 17 estados del país, así como a Estados Unidos, según documentaron el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolan, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña (CJAM) y la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO).
A su vez, en su informe con motivo de su XX aniversario, La Montaña de Guerrero: Destellos de justicia y esperanza, Tlachinollan documentó que durante los últimos 13 años han migrado de esa región cerca de 400 mil jornaleros y jornaleras agrícolas.
Y, en este sentido, la Dirección General de Culturas Populares Unidad Regional Guerrero, en su documento Las manifestaciones culturales vivas del ñuu savi (pueblo mixteco) en Guerrero, asentó que el fenómeno de la migración ha aumentado en las últimas décadas debido, principalmente, a la falta de empleos, la baja productividad de sus tierras, el deterioro ecológico y el crecimiento de su población.
La encargada del área de jornaleros agrícolas de Tlachinollan, Margarita Nemecio, dijo por su parte, en su intervención en el foro: Los Procesos Migratorios en Guerrero, el pasado 7 de agosto en el auditorio José Agustín Ramírez del Palacio de la Cultura, que entre 2006 y 2014, Tlachinollan y el CJAM han documentado la migración de más de 60 mil jornaleras y jornaleros agrícolas y que la región de La Montaña de Guerrero se caracteriza por expulsar mano de obra a 17 entidades federativas del país. También criticó que la violación de los derechos humanos de la población jornalera agrícola no forma parte de la agenda pública en México y que se ha limitado a un discurso de responsabilidad social empresarial, “lo que permite la reproducción de la sistemática violación de los derechos humanos de las miles de familias indígenas que año con año migran a los campos agrícolas de los estados del norte, noroeste, bajío, centro y sur de nuestro país.
Con respecto a las principales violaciones a los derechos humanos de las y los jornaleros agrícolas, Tlachinollan, CJAM y ENJO han documentado en sus investigaciones ausencia de contrato, nulo acceso a la seguridad social, condiciones de estancia indigna y trabajo infantil.
Los resultados del seguimiento que las tres agrupaciones han dado al problema revelan que en cuanto a la ausencia de contrato el 90 por ciento de los jornaleros y jornaleras agrícolas no cuentan con un contrato formal de trabajo.
“El proceso de enganchamiento de las y los jornaleros se lleva a cabo en su comunidad de origen a través de contratistas, a quienes las empresas agrícolas subcontratan para que se hagan responsables de contratar la mano de obra”, revela el informe.
Además, agrega que el enganche es un acuerdo laboral informal, que no representa ninguna garantía. “Todo lo relativo a las condiciones en que harán el viaje a los campos agrícolas, a los lugares en donde van a vivir, los servicios que les brindará la empresa. Así como el pago de sus salarios, tiempo extra, retiro, entre otros, se acuerda de manera verbal”.
Además, la población jornalera no accede a esquemas de seguridad social y se traduce en nula cobertura para los casos de accidentes y decesos por riesgos de trabajo.
“En algunos estados se han reportado decesos de jornaleros o jornaleras, incluso de niños y niñas, los cuales no son atendidos a cabalidad. En estos casos, con frecuencia los agricultores no asumen la responsabilidad de cubrir los gastos y las indemnizaciones respectivas. Por otro lado, en la gran mayoría de los casos que hemos documentado, la población jornalera tampoco recibe prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día, ni prima vacacional”.
De acuerdo con la ENJO, en el 2009, el 54.8 por ciento de las jornaleras se expone a agroquímicos y 45.9 por ciento dijo no haber recibido atención de un médico o enfermera.
También representa un problema las condiciones indignas en que viven los jornaleros durante su estancia en los campos agrícolas, y en la mayoría de los casos, las familias jornaleras pasan la temporada sin que haya una supervisión de las autoridades en este rubro.
En algunos campos agrícolas, las galeras donde viven no cuentan con instalaciones dignas ni con servicios básicos. En algunos estados las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas, donde llegan a vivir de 20 a 100 personas, revela el informe de ENJO y Tlachinollan.
En cuanto al trabajo infantil, descubrieron que prevalece la presencia de niñas y niños trabajadores en los campos agrícolas, ya que por lo general laboran en zonas donde no se hacen inspecciones.
En este sentido exponen que las políticas públicas impulsadas en este renglón “parecen concebir que el problema se resuelve prohibiendo el ingreso de los niños y las niñas a los campos, sin atender que en la medida en que el salario de los padres de esos menores siga sin ser remunerador y en la medida en que no se amplíe la red de estancias infantiles y escuelas, esta prohibición es insuficiente y sólo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad”.
Pero la población indígena del estado, prefiere esas condiciones de vida a la miseria que padecen en sus comunidades.
En el documento que elaboró Tlachinollan con motivo de su XX aniversario, denominado La Montaña de Guerrero: Destellos de justicia y esperanza, expuso que “en un contexto de marginación y pobreza, la migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros”, y que “el dilema es entre migrar o morir”.

Aguirre les falló a los indígenas, dice el dirigente de la UOCIP

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de su Dirección General de Culturas Populares, en un diagnóstico realizado sobre el problema de la migración, denominado: Las manifestaciones culturales vivas del ñuu savi (pueblo mixteco) en Guerrero, asienta: “muchos son los factores que impulsan la salida de los na savi hacia otros lugares y espacios desconocidos, pero que sobresale la falta de empleos en el lugar de su origen, “lo que demuestra el alto grado de marginación en que se encuentran”.
Agrega que este fenómeno ha aumentado en las últimas décadas debido principalmente a la baja productividad de sus tierras, el deterioro ecológico y el crecimiento de su población.
“Estas afectaciones en gran parte se deben al uso de paquetes tecnológicos, que en su momento llegaron como salvadores de pobreza productiva, al paso de los años resultó todo lo contrario, dejó a sus tierras de labor salinizadas, infértiles, matando a los microorganismos que ayudan a la fertilidad, así mismo, mató a muchas especies alimenticias que la población na savi tenía para alimentarse, tanto acuáticas como silvestres.
Dice que el problema de la migración, afecta su identidad como pueblo Ñuu Savi, “ellos mismos lo saben, pero no les queda otra alternativa que salir de su lugar de origen para conseguir trabajo en donde puedan ganar un poco de dinero para subsistir con sus familias”.
Respecto a la falta de oportunidades en las comunidades indígenas, para evitar la migración, el presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (UOCIP), Getulio Ramírez Chino, dijo que el gobernador Ángel Aguirre, le falló a los indígenas.
Recordó que cuando andaba en campaña, durante una concentración con el pueblo nahua de la zona Norte, en Atenango del Río, ofreció empleo a través de proyectos de producción para evitar la migración.
Añadió que Aguirre ofreció gobernar con el ideal cardenista para rescatar el campo a través de un proyecto integral, no sólo para repartir fertilizante que daña las tierras, sino del que hace producir bien la tierra, y además ofreció la entrega de créditos para la producción y la comercialización, como una estrategia para frenar la migración a otros estados del país, lo que no ha ocurrido y, por el contrario, se ha agravado el problema en los últimos años de su gobierno.
En su intervención en el foro Los Procesos Migratorios en Guerrero, Margarita Nemecio, dijo que el gobierno no sólo no atiende a los indígenas en sus comunidades para evitar que emigren, sino que ya cuando emigran se desentiende de ellos y no aplica políticas públicas que eviten la violación de sus derechos humanos.
“Los programas sociales diseñados para la atención de la población jornalera están hechos para reproducir el esquema de explotación laboral, por ello, recomendamos realizar un análisis de factibilidad para determinar los requerimientos y recursos necesarios para una evaluación de impacto de los programas sociales”.
“Al margen de lo anterior, la sabiduría ancestral de los pueblos de La Montaña y el aprendizaje respecto de la indiferencia gubernamental, obligan a las y los jornaleros a tomar en sus manos la defensa de sus derechos. Ahí están los esfuerzos que están impulsando las y los integrantes del Consejo de Jornaleros de La Montaña, que son una muestra contundente de que la toma de conciencia entre los y las jornaleras, es una realidad”, expresó la investigadora.