Proponen reformas contra la tortura y para mejorar la investigación penal

Nelly Bello * De aprobar la Cámara de Diputados federal la adición del artículo 128 bis y la reforma al artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, los agentes del Ministerio Público (MP) deberán solicitar la presencia de un representante de derechos humanos y videograbará la actuación de los agentes de la Policía Judicial en las detenciones para presentación de sospechosos.

Asimismo el juez que investigue algún delito deberá tomar en cuenta los avances tecnológicos como pruebas de ADN, etcétera.

Ayer el diputado federal perredista David Augusto Sotelo Rosas presentó dicha iniciativa de adición y modificación al Código ante el pleno de la Cámara y lo turnaron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis.

El legislador perredista estimó que este martes podría quedar aprobado en la comisión y dos días después, el jueves ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En entrevista vía telefónica, Sotelo Rosas explicó que la iniciativa de adición del artículo 128 bis surge de los reclamos de ciudadanos por la violación de garantías y derechos humanos de la Policía Judicial en las etapas del proceso penal. “Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos versan sobre tortura y violencia física o moral y de lesiones a los indiciados o inculpados”.

En el caso del artículo 206 es porque en la valoración de pruebas no incluye las que provienen de los nuevos avances y descubrimientos de la ciencia y la tecnología. “En el mejor de los casos, deja a la interpretación y criterio del juez o del tribunal, lo que da como resultado un juicio injusto, inequitativo y deficiente en perjuicio del ciudadano indiciado o inculpado, así como de la sociedad en general; pues lo que ella exige es el esclarecimiento pleno de los hechos que la agravian con la comisión de los delitos”.

Indicó que la intención además es que el gobierno federal capacite a los agentes policíacos tanto en materia de garantías y derechos humanos, como en técnicas y procedimientos de investigación para frenar conductas que violan y transgreden el orden jurídico, por lo que “no podrá haber culpable sin las pruebas correspondientes, se cambiaría la práctica de detener para investigar, como actualmente se hace”.