Eduardo Pérez Haro

En el campo se nubla el horizonte

Para Carlos Ricardo Menéndez

El 23 de julio pasado, las organizaciones campesinas se movilizaron para apoyar su entrada a la mesa de negociaciones de la reforma para el campo, y tras salir de este encuentro con la representación de varias dependencias del Poder Ejecutivo encabezadas por el secretario de Gobernación, varios miles de las filas de estas organizaciones se dirigieron al zócalo.
Ya estando en la principal plaza pública del país, se dio lectura al documento de 12 puntos titulado El campo es de todos. Movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación en el que se colocó la Ruta de diálogo. Hacia un acuerdo nacional por un nuevo modelo de desarrollo para el campo mexicano entre las organizaciones campesinas e indígenas y el gobierno de la República expresados en la reorientación de políticas públicas, programas, presupuestos, decretos presidenciales y legislación.
Dicho documento concluyó en su numeral 12, Firma del Decreto para constituir el “Sistema de la Reforma para el Campo y la Nueva Política Agroalimentaria y Nutricional” con el Lic. Enrique Peña Nieto y las organizaciones campesinas e indígenas, el 8 de agosto. Todo nos hacía suponer que la reforma para el campo había sido relegada a la condición de un Decreto del Ejecutivo para introducir cambios en la política pública hacia el sector con adecuaciones presupuestales previsibles que en su momento habrían de llevarse al Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 dejando al legislativo algunas adecuaciones reglamentarias de su competencia, con lo cual se superaba el riesgo de modificar en grado alguno el artículo 27 de la Constitución y por ello que se había dejado atrás el apelativo de reforma estructural.
Siendo ya 12 de agosto no hay tal firma, no hay tal Decreto. Empero, se habla de la reforma del campo en el seno del Congreso y así se entiende en pasillos y notas periodísticas que el tema se desprende del “acuerdo” alcanzado en Gobernación para regresar a la idea original de una reforma legislativa y no perderlo dentro del caudal de las reformas que al decir del presidente nacional del PRI Cesar Camacho serán estandarte para asistir con clara ventaja a la contienda electoral del 2015.
Surge la pregunta de si verdaderamente se reencauzará bajo la modalidad preponderante de una reforma legislativa con pretensiones de mover el artículo 27 constitucional a efecto de depurar aspectos que persisten en la capacidad de las asambleas del ejido y la comunidad en el otorgamiento de pleno dominio, para la enajenación-venta de las tierras o que sin tales alcances se precisa de modificaciones a las leyes reglamentarias de la cuestión agraria motivadas por la polémica “ocupación temporal” de tierras aprobada en la Ley de Hidrocarburos que pertenece al cuerpo de las leyes secundarias de la reforma energética.
Cualquiera que sea la modalidad por la que se conduzcan, lo que interesa al gobierno con relación al campo es allanar los procedimientos que permitan el arribo de la inversión de los grandes capitales en los diversos negocios vinculados a la propiedad del suelo empezando por los de los hidrocarburos y detrás de éstos los de la minería y las inmobiliarias sin desdeñar lo que hay para la materia alimentaria y lo que hubiera para el turismo y los servicios ambientales, que ya prefiguran un mercado de nuevos commodities en el comercio y la financiarización de los nuevos agronegocios.
El gobierno y los grandes capitales saben perfectamente lo que quieren y lo que se requiere, que son ni más ni menos que los grandes negocios de la époc@ y para ello áreas determinadas de los territorios. Negocios con los cuales se generan las grandes ganancias de los ya de por sí poderosos particulares, la reproducción de sus capitales, la centralización en manos del sector financiero y el incremento en los agregados macroeconómicos con los que finalmente se justifican los hombres del gobierno y por lo cual recibirán premios y reconocimientos, amén de las libertades para asegurarse en los comicios venideros.
Las organizaciones campesinas, multiplicadas y fragmentadas, hacen loables esfuerzos por depurar sus agendas, por entender la parte legal y la economía de sus posibilidades políticas en las que avanzan con las limitaciones reconocibles del caso. Ahí está el esfuerzo del encuentro de Morelos o los actos en las fechas y lugares emblemáticos de Emiliano Zapata o la toma de oficinas de las dependencias públicas, colocando sus conceptos acumulados por años y sus reivindicaciones de distinto orden, incluso en un alarde de involucramientos y acumulación de razones y fuerzas políticas se ligan a otras exigencias como la reversión de la reforma energética y sus leyes secundarias, pero no rebasan los límites del peticionismo que al final de cuentas, es atendible con alguna economía y barajeo de nombres y personajes del gobierno.
Nada de los movimientos y reivindicaciones localizadas que se han venido presentando durante las últimas dos décadas resulta intrascendente, todas responden críticamente a las insuficiencias del sector y sus padeceres entre la población, todas son importantes pero están colocadas como exigencia de un modelo de justicia que pide que las cosas sean como deben de ser de acuerdo con ese paradigma que se prefigura (prioritario, soberano, sustentable, equitativo, sano, limpio, orgánico, nutricional, seguro, autosuficiente, nacional, dinámico, justo, sin discriminación, protegido, antitrasnacional, antitransgénico, sin corrupción, transparente, con acento frente a la pobreza, con respeto al mundo indígena, etc., etc.).
Empero encuentra algunas limitantes entre las que puede observarse la ausencia de orden de prioridades definida por una estrategia en la que se reconozcan los plazos para evitar el caos propio de precepto empírico según el cual “todo es importante”, porque en esa lógica sucumben la articulación de procesos y se pierde la oportunidad de la política que es la de ligar avances de corto plazo con dirección de objetivos y medidas ulteriores de los mediano y largo plazos, y en ese sentido se crea una visión que se atropella y en la que se pierde de vista la naturaleza de las contradicciones en las que habrá de procesarse, en su caso, dicha estrategia.
La transformación del sector rural que presupone la larga lista de reivindicaciones acumuladas no pasa por transformar la naturaleza mercantil del sistema en el que se inscribe, ni la lógica de la ganancia contra los que batalla todo el arsenal de reclamaciones, derechos y pretensiones…, luego entonces, es preciso debatir en ese marco definido por el mercado capitalista. ¿O acaso alguien piensa que se puede ser omiso con estas leyes de la organización social tan determinantes como la misma ley de la gravedad, y así, sin más, hacer avanzar la agenda social? Sinceramente esta circunstancia ha provocado levantar demandas en una partida que se alarga sin poder “jaquear al rey”.
No puede olvidarse que su contradicción principal está en el poder del otro y el choque de intereses que el otro opone y por tanto es menester hablar de los negocios como área de intervención de los campesinos al ser dueños del medio fundamental de producción de éstos, es decir la tierra, y desde ahí iniciar un movimiento y discutir una modalidad alterna pero viable del desarrollo.
Enfoque y método que tampoco le gustaría escuchar al gran capital porque las más de las veces ha conseguido imponer su modalidad y sus negocios sin la participación de los pequeños productores, los campesinos o los pobres por más que hay ejemplos que dan luces y prefiguran formas dables no para resarcir la miseria y la pobreza sino como opción del desarrollo amplio y abarcante en los planos nacional e internacional.
Al movimiento campesino se le ve como paladín de una defensa, pero no como caballero sostenedor de una propuesta estratégica para la transformación del campo y su reinserción agroindustial y de servicios en la economía nacional.
El Presidente y sus consejeros preparan la asimilación de la filosofía de un desarrollo sustentable y equitativo con un arreglo económico que será colocado al margen de los grandes agronegocios que ni siquiera son parte de ordenada estrategia de gobierno sino simple olfato y visión de los hombres de negocios que han terminado por suplir y entrometerse ante la falta de una visión del Estado mexicano para los desarrollos sectorial y nacional.
El régimen se expone a que se caliente el terreno y más temprano que tarde emerja un movimiento en defensa de la tierra que hoy no se advierte bajo el supuesto de que siempre puede ser agobiado con algunas dádivas o golpes de mano dura, pero la historia no siempre se cumple en el supuesto.

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