Llevan a la CIDH casos de persecución a líderes sociales en Guerrero

*Se criminaliza a la CRAC, el Cecop y la Normal de Ayotzinapa y se utiliza de manera desviada el sistema penal para socavar los procesos organizativos, afirma Tlachinollan ante el organismo interamericano que sesiona en la ciudad de México

*Acusa al gobierno estatal de incapacidad para resolver los problemas sociales y de uso excesivo de la fuerza

Denuncia Tlachinollan la criminalización de la CRAC, el Cecop y Ayotzinapa ante la CIDH

*Se utiliza de manera desviada el sistema penal para socavar los procesos organizativos, afirma el abogado Vidulfo Rosales. Una característica del gobierno de Guerrero es la falta de diálogo, la incapacidad para resolver los problemas sociales seguido del uso excesivo de la fuerza, denunció ante el organismo interamericano que sesiona en la ciudad de México

Mariana Labastida

La agresión a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los dirigentes encarcelados de la Coordinadora Regional de Autoriades Comunitarias (CRAC) y la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fueron expuestos ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la intención de exponer los casos es que la CIDH “tenga conocimiento de cómo ocurre la criminalización de los luchadores sociales en el estado de Guerrero y cómo se utiliza de manera desviada el sistema penal para socavar los procesos organizativos de las organizaciones y los penales para castigar defensores”.
Vía telefónica, Vidulfo Rosales recordó que la CIDH sesiona en la ciudad de México y como parte de las actividades del primer día recibieron en audiencia a diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Tlachinollan participó en dos temas: la libertad de expresión y el uso excesivo de la fuerza, y expusieron la agresión a los alumnos de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011 y en el tema de personas privadas de la libertad el encarcelamiento de los integrantes de la CRAC y Cecop, enmarcado en los traslados ilegales, con énfasis en el caso de Marco Antonio Suástegui.
Rosales Sierra dijo que el propósito de llevar ante la Comisión Interamericana los casos es para que tengan la información y “vean que en un Estado que se dice democrático están pasando estas circunstancias, que en un país que es paladín de los derechos humanos a nivel internacional ocurren estas cosas, no solamente en Estados como Venezuela, Cuba, como otros Estados que se estigmatizan”, y particularmente en Guerrero “marcado por la pobreza secular como ocurren las violaciones a los derechos humanos” .
El abogado indicó que en el caso de Ayotzinapa decidieron exponerlo porque se valora presentarlo en la Comisión y cuando “llegue allá los comisionados ya estén enterados”.
Dijo que expusieron que una característica del gobierno de Guerrero es la falta de diálogo, la incapacidad para resolver los problemas sociales seguido del uso excesivo de la fuerza, “lo cual se tradujo específicamente en la matanza de dos estudiantes de Ayotzinapa, nueve torturados y tres heridos, caracterizado de una total impunidad y exoneración de los responsables”.
De los integrantes de la CRAC,  Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y seis más presos en Acapulco, Vidulfo Rosales enfatizó la falta de diálogo, el nulo respeto a la Ley 701, al marco jurídico internacional del convenio 169, y a la Constitución, así como un uso “desproporcionado de las instituciones penales” y desviado de los sistemas penitenciarios.
“Concretamente de los penales de máxima y mediana seguridad que están especialmente construidos para personas de alta peligrosidad y no es posible que a estos centros penitenciarios estén llevando a defensores de los derechos humanos, con poca justificación legal del por qué se están dando estos traslados en suma, que son del todo ilegales, arbitrarios” agregó Rosales Sierra.
El abogado de Tlachinollan dijo que se ejemplificó con la detención del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, cómo en Guerrero se cierran los canales de diálogo para después desplegar acciones penales contra los defensores.
“Cómo en menos de 15 días se fabricaron seis acciones penales y cómo en menos de una semana se libraron órdenes de aprehensión, se detuvo a Marco Antonio, se le mandó a un penal federal, no hay justificación legal alguna, no está justificado ese traslado, el no respeto a la suspensión de traslado, a un amparo otorgado por un juez federal, pisoteo total de las leyes y las instituciones”.